El Parlamento de Uruguay aprobó la Ley de Urgente Consideración (LUC), un texto con 476 artículos considerado esencial por el presidente Luis Lacalle Pou. Luego de ser aprobado por Diputados el sábado pasado, la LUC volvió al Senado donde consiguió 18 votos sobre un total de 30. La medida contó con el apoyo de la alianza de derecha que llevó a Lacalle Pou a la presidencia. No respaldaron el texto los legisladores de la coalición de centro-izquierda Frente Amplio (FA). Sostienen que la ley es de corte punitivista y representa un retroceso en materia de derechos para los uruguayos.
Cuatro meses después de haber llegado a la presidencia Lacalle Pou ya cuenta con el mega paquete legal que impulsó durante su campaña electoral. El propio mandatario celebró la sanción de la ley en Twitter. "El Parlamento acaba de aprobar finalmente la LUC. El reconocimiento al trabajo de todos los legisladores que le pusieron esfuerzo, inteligencia y capacidad negociadora. Gran satisfacción de tener este instrumento necesario, justo y popular que hace muchos años comprometimos", escribió el mandatario.
Para la aprobación de ley la “coalición multicolor” aportó los votos de todos sus senadores. Integran la misma el Partido Nacional (PN), Partido Colorado y Cabildo Abierto (CA). Desde la extrema derecha uruguaya, el senador por CA Guido Manini Ríos resaltó el trabajo de los legisladores oficialistas. "Esta ley solo es una herramienta más para cumplir con nuestro programa de gobierno”, sostuvo el militar retirado.
La ley modifica decenas de otros cuerpos legales en temas tan amplios como educación, seguridad, medio ambiente, salud y derecho a huelga. El gobierno lo envío al Parlamento bajo el rótulo de "urgente consideración" por lo que el Poder Legislativo contaba sólo con 90 días para su aprobación. Sobre ese aspecto versó una de las críticas más fuertes que hizo el FA. "La aprobación de la LUC tiene consecuencias en la calidad democrática porque realmente en esta ley no se pudo dar un debate profundo como se merece", denunció el senador Charles Carrera.
El cuerpo legal también recibió duras críticas de los sindicatos ya que limita el derecho a huelga y prohíbe la ocupación de los espacios de trabajo. Para eso se ampara en el derecho de aquellos trabajadores que no quieran adherirse a las medidas de fuerza. Por otro lado flexibiliza la legítima defensa policial. En ese sentido Carrera criticó el capítulo penal del proyecto aprobado por el Senado. “Supone un uso irracional de la fuerza, apostando a crear normas jurídicas para solucionar el problema de la delincuencia”, sostuvo el senador del FA. A su vez desde los gremios de docentes sostuvieron que las modificaciones en materia educativa llevan a una privatización y mercantilización de la educación pública.
También, generaron fuertes discusiones los cambios en la denominada Ley de Inclusión financiera, sancionada durante el gobierno del FA. Las nuevas modificaciones vuelven más laxas las regulaciones y restricciones de pagos fuera del circuito financiero. Ello permitirá, por ejemplo, abonar en efectivo en transacciones de hasta 100.000 dólares. "Retrocedimos en derechos y libertades, legislando a favor de los más privilegiados", publicó el FA en su cuenta oficial de Twitter después de la votación. "¡La historia los juzgará!", sentenció la fuerza política.
