En un exhaustivo escrito, en el que detalla las maniobras que resultaron en "graves delitos" en perjuicio del Banco Nación por "créditos millonarios en dólares irregularmente otorgados a Vicentin SA", el fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó la inhibición general de bienes del ex presidente y el vice de la entidad, Javier González Fraga y Lucas Llach, y el resto del Directorio de la entidad en el año 2019, además de ocho funcionarios de nivel gerencial del mismo banco. Similar medida requirió para ocho directores de Vicentin, entre ellos sus actuales presidente y vice (Daniel Buyatti y Alberto Macua), y del CEO, Sergio Nardelli. El pedido de inhibición también alcanza al patrimonio de Vicentin SA y Algodonera Avellaneda SA, del mismo grupo empresario.

"Los elementos probatorios recabados hasta el momento permiten sostener que funcionarios del Banco Nación, algunas veces por acción y otras por omisión, incumplieron deliberadamente los deberes a su cargo y perjudicaron los intereses confiados para su administración", señala el escrito presentado por Gerardo Pollicita, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº 11, al juez Luis Ercolini. 

Los hechos que relata y detalla en una presentación de 79 carillas describe cómo, a lo largo del año 2019, las autoridades del Banco Nación permitieron el otorgamiento de créditos por hasta 300 millones de dólares a Vicentin SA, sabiendo que la empresa ya había empezado a incumplir con sus pagos a partir del mes de agosto, y pese a que el monto de la deuda excedía los máximos autorizados por el Banco Central para un solo cliente. 

Además, relata minuciosamente el modo en que Vicentin fue retirando los fondos que recaudaba por sus exportaciones entre agosto (cuando ya estaba en mora) y noviembre de 2019 en una cuenta que oficiaba de garantía de los créditos, sin que el Banco los ejecutara y con autorización de funcionarios de la propia entidad. Todas estas maniobras, señala Pollicita, estaban en conocimiento del directorio y del mismo presidente del Banco, González Fraga, que las permitió incluso pese a las advertencias en contrario del propio Banco Central.  

"Tanto el exceso de endeudamiento de la firma Vicentin como el aumento de la demanda impaga no solamente fue detectado y advertido por el Banco Central en el mes de septiembre de 2019, sino que también fue replicado durante los meses siguientes, sin que tal circunstancia impidiera que durante el mes de noviembre se volviera a financiar a la compañía, decisión que corrió bajo la órbita gerencial y directiva del banco", describe el fiscal.  

El relato de Pollicita compromete desde la Gerencia Zonal Reconquista, sucursal del Banco Nación donde estaba radicada la cuenta de Vicentin, hasta González Fraga, ya que desde agosto de 2019 comenzaron a verificarse las irregularidades en los créditos a Vicentin. El día 9, el Area de Riesgo Crediticio del banco había rechazado la propuesta de "recategorización" de la cerealera (para aumentar su cartera de crédito) "por encontrarse excedido en el límite del 15% (de los créditos totales del Banco) establecido en la normativa del Banco Central". 

Sin embargo, a la par que se advertía sobre el exceso de endeudamiento, "comenzaron a verificarse los primeros incumplimientos". Esa situación quedó reflejada en el informe del Auditor Externo del BNA al 30 de septiembre, cuando advierte que Vicentin registraba 18 operaciones vencidas y 53 días de atraso en el crédito impago más antiguo. El informe de un mes después, del 31 de octubre, revela que seguía recibiendo créditos pero sin haber efectuado ningún pago sobre los anteriores: a esa fecha acumulaba 27 operaciones vencidas (nueve más que un mes atrás) y la más antigua con 84 días de atraso. No obstante ello, el Banco mantenía a Vicentin en la categoría de "Situación de deudor Normal", lo que lo habilitaba a seguir recibiendo créditos. 

Por distintos informes que se presentaron al Directorio, según consta en actas de ese cuerpo de conducción citadas por Pollicita,n reuniones presididas por González Fraga, ya estaba en conocimiento de las autoridades del Banco la delicada situación financiera de Vicentin además del irregular estado de su cuenta en la entidad. Y sin embargo, noviembre fue el mes en el que se aceleraron los créditos a la cerealera.

Ante la reiteración de pedidos de Vicentin, tres funcionarios del BNA (de apellidos González, Ojeda y Fragati) "le informan el 4 de noviembre al presidente del Banco que la empresa se encontraba por fuera de toda normativa" para recibir nuevos créditos. Sin embargo, el día 8, bajo la premisa de "como caso de verdadera excepción", se le iotorga a Vicentin un nuevo crédito de refinanciación de exportaciones por 30,1 millones de dólares. Bajo la misma prevención, "como caso de verdaderfa excepción", la cerealera recibió, entre el 11 y el 26 de ese mes, más de veinte créditos que totalizaron 75,4 millones de dólares. 

Era el último mes de gestión de Javier González Fraga en el Banco Nación, ya definidas las elecciones en octubre. Otro dato relevante es que la cuenta en dólares de acreditación de exportaciones en el Banco Nación, número 42800473/90, que operaba como garantía de los créditos, recibió entre agosto y noviembre casi 800 millones de dólares. Las autoridades del Banco, en vez de ejecutar sobre la misma los créditos impagos, fue autorizando los pedidos de retiro de fondos de los directores de Vicentin. A la fecha del cambio de autoridades, 10 de diciembre, la empresa ya estaba en cesación de pagos y la cuenta, en cero.

Al solicitar la inhibición de bienes de los involucrados, el fiscal advierte que "en el caso que nos ocupa, se encuentra configurado el peligro en la demora, en la medida que hemos visto que los funcionarios involucrados cuentan con conocimientos técnicos que les permitirían desprenderse rápidamente de sus bienes", en relación a González Fraga, Llach y el resto de los directores apuntados. "Mientras que los empresarios poseen y forman parte de un conglomerado societario de numerosas empresas donde movilizar bienes o dinero, cuentan con una estructura de contadores, escribanos y abogados con capacidad para trasladar dinero, detentan medios económicos y financieros suficientes para costear maniobras que permitan esconder el patrimonio para evitar la acción de la justicia". Se refiere, claro, a los Vicentin, Nardelli, Colombo, Buyatti y Padoan, sobre los que se solicita también la inhibición de bienes.