"No es tiempo de pequeñas políticas. La situación social es crítica de verdad, y de acá se sale con cambios estructurales", afirmó el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, durante el diálogo abierto que organizó Página/12 junto a la Red Interuniversitaria de Posgrados en Política Social (RIPPSO). 

El debate sobre un ingreso ciudadano universal o renta básica, tal como se lo conoce en Europa, no es nuevo, comenzó en la década del '80 pero se mantuvo dentro de un pequeño sector, mayormente académico. Actualmente, por la crisis económica y social causada por la pandemia, la posibilidad de otorgar un ingreso universal recobró fuerza en todo el mundo. Y con la reapertura del debate, nacen las preguntas: ¿debería ser con o sin condicionamientos? ¿Permanente o para asistir a la emergencia? ¿Focalizada en un grupo de la población o universal? ¿Cómo se podría financiar? ¿Qué hace falta para llevarlo a la práctica en Argentina?

El ministro compartió el panel con Sonia Fleury, especialista en temas de política social en Brasil y Laura Garcés, trabajadora social y directora de la Maestría en Política Social de la UN San Juan. El evento fue coordinado por Alfredo Zaiat, editor de Economía de Página/12 y director del suplemento Cash y Javier Ozollo, director de la maestría en Política y Planificación Social de la Universidad Nacional de Cuyo.

Condicionamientos

"Yo vengo del marco teórico que concibe el ingreso universal sin contraprestación. Pero aprendí con el tiempo que las políticas sociales solo son efectivas si generan consenso general. Hoy, pensar un ingreso universal implica vincularlo con el trabajo. No en términos de condicionalidades como estaba pensado por ejemplo el Plan Jefes y Jefas de Hogar, pero sí de vinculación con el trabajo", aseguró el ministro de Desarrollo Social. "Durante el debate de la AUH, yo pensaba que tenía que ser un derecho sin condicionalidad, pero analizándolo hoy, la contraprestación que exige fue beneficiosa porque aumentó los niveles de escolaridad, entre otras", afirmó.

Argentina cuenta con un mecanismo de transferencia importante como base desde el cual reconvertir un ingreso ciudadano: hoy, el sector informal (es decir, excluyendo el ATP) recibe tres tipos de transferencias: el IFE que abarca a 9 millones de personas, los planes sociales que reciben 580 mil personas y los 4 millones de niños y niñas cuyos padres cobran la AUH. "Mantendría la AUH y repensaría el resto en términos de un esquema de ingreso base", apuntó Arroyo.

En términos generales, una de las mayores críticas que se le hacen al ingreso ciudadano universal y a las políticas de transferencia en general es que son un desincentivo al trabajo. Es por este motivo que el debate en torno a la condicionalidad es importante al pensarlo en Argentina. "La situación de pandemia habilita este tipo de debates porque mitiga el prejuicio que tiene la gente de que 'los pobres no quieren trabajar'. La pandemia deja a la vista que los pobres no trabajan porque no pueden, no porque no quieren", sentenció Fleury.

Garcés complementó este punto recuperando algunos estudios que se realizaron en Argentina sobre programas de transferencias, en los que no hay evidencia empírica de que generen desincentivos al trabajo: aseguran un piso de estabilidad a las personas que los reciben, que complementan con changas y otros trabajos informales. 

"Sobre la base de esos datos cobra más fuerza la incondicionalidad del ingreso universal, no solo porque es un derecho de ciudadanía, sino porque si condicionamos la recepción de un ingreso a la realización de un trabajo estamos reforzando desde el Estado esta idea instalada de que los que reciben planes no trabajan y abonando la división entre planeros y no planeros", opinó la directora de la Maestría en Política Social de la UN San Juan. 

Hoy la Argentina tiene la posibilidad de articular políticas de ingresos con trabajo y "articular no significa condicionar, ese es el punto central", señaló.

Financiamiento

El ministro Arroyo está convencido que antes de pensar en el tema fiscal, es importante que haya voluntad y decisión política de avanzar en estos temas. "Ya ejecuté el 120 por ciento del presupuesto anual del Ministerio en estos meses", informó. El Ministerio de Desarrollo Social destina casi 120.000 millones de pesos para mitigar las consecuencias de la crisis social. Prefirió no opinar sobre los efectos de la emisión, pero asegura que "hay un esquema impositivo regresivo de Argentina que requiere de transformaciones profundas".

Uno de los interrogantes en el encuentro fue si se ¿puede exigir a la política social esa redistribución de la riqueza? Laura Garcés opinó que pensar así es ingenuo, y que lo interesante de la propuesta de la renta básica es que es una política social que articula con la política económica a través de la política tributaria, gravando la riqueza.

Fleury destacó que así como la pandemia facilitó el avance del debate de transferencias de recursos a personas sin empleo, planteó un escenario más difícil para aplicar una reforma tributaria. La especialista consideró que el ingreso debería financiarse con emisión monetaria, que no necesariamente genera inflación de acuerdo a muchas teorías que deconstruyen la clásica teoría de la inflación monetaria.

Perspectivas

Arroyo enfatizó que el valor relevante tiene que ver con la construcción de un fuerte consenso y compromiso social, porque ninguna política social se sostiene sin consenso. "La única política social que se impulsó de abajo para arriba en Argentina fue la AUH, y se transformó en un elemento incuestionable y sostenido por ley", afirmó.

Por último, remarcó que si bien estos debates deben ser profundos, también deben ser acelerados, dada la urgencia del deterioro social. "Me voy con el compromiso de construir profundos debates pero cambios estructurales rápidos para reconstruir el deterioro social y conseguir la movilidad social ascendente que faltó en los últimos años", finalizó.