La Comisión de Legislación, del Trabajo y Régimen Previsional de la Cámara de Senadores, mantuvo una reunión con Eduardo Barrionuevo, presidente del Colegio de Magistrados y Rubén Arias, juez de la Sala III del Tribunal de Impugnación, para escuchar su punto de vista sobre el proyecto de ley que modifica algunos artículos del Código Procesal Penal para ampliar la participación de las víctimas en las causas penales.

El proyecto, que viene con media sanción de Diputados, tiene como objetivo principal reconocer los derechos de las víctimas desde el inicio del proceso penal, algo que hasta aquí no sucede y sólo el Estado, a través del Ministerio Público Fiscal, puede intervenir en el inicio del proceso. La ley también prevé que las asociaciones puedan constituirse como querellantes con el consentimiento de la víctima.

Tanto el juez Arias como Barrionuevo, que también es juez del Tribunal de Impugnación, plantearon posibles modificaciones “para que sea operativamente aplicable sin dejar temas a la interpretación”.

En diálogo con Salta/12, Barrionuevo consideró importante que se pueda escuchar la opinión de la víctima y subrayó que será un cambio muy importante porque “hace falta reafirmar los modos de participación en el proceso penal”.

Aclaró que con esta reforma la víctima podrá constituirse como querellante autónomo, no para suplir al fiscal, “que tiene su deber de investigar y perseguir la comisión de un delito”, sino para hacerlo en los casos en que el Ministerio Público considere que no hay indicios suficientes para acusar a una persona o por el principio de oportunidad.

Es por ello que el proyecto plantea la posibilidad de la conversión de la acción penal pública en privada. Estas situaciones se pueden dar, explicó el representante de los magistrados, cuando el Ministerio decida no avanzar con la investigación de un delito, “por el principio de oportunidad, que en general son delitos leves, con penas menores a cinco años y en donde quedan excluidos los de violencia familiar”.

Pero dijo que se advierten algunas cuestiones en la propuesta original que “sería conveniente modificar para evitar problemas de implementación”. Subrayó que ya en la reunión con los representantes de la Cámara Baja habían acercado su posición, sin embargo, “no fueron recogidos nuestros concejos, por eso los reiteramos con los senadores”.

Según Barrionuevo, el proyecto de Diputados no está regulando bien al prever “que la constitución de querellante se haga frente a la fiscalía”, ya que consideró que el sistema acusatorio establece tres claros roles, “el de investigar y acusar, bajo la potestad del Ministerio Público Fiscal o de la víctima; la de defender, que está a cargo del imputado y su defensa, y la de juzgar, a cargo del Poder Judicial”.

Para Barrionuevo, verificar que una persona está en condiciones de constituirse como querellante “es una decisión jurisdiccional (de la justicia) y no una tarea de investigación”, por lo que debería hacerlo el juez de Garantías y no la fiscalía.

Otro error en el proyecto, que marcaron desde el Colegio de Magistrados es que “confunde en algunos artículos, como el 108, la situación de poner en conocimiento el hecho delictivo a la autoridad con la de querellar, que son diferentes”.

Informó que una cosa es tener la intención de que el Estado investigue un delito, “pero además puedo sentirme damnificado directo de ese delito y querer formar parte de la acusación, y eso sería querellar”. Por lo que aclaró que “no todo el que denuncia quiere ser querellante, porque lleva tiempo, dinero y desgaste emocional”.

A su vez, señaló que el plazo que se le da al fiscal para considerar como “desistida la actividad del Ministerio Público” es muy corto. Se prevén 15 días para la averiguación preliminar y decidir si se imputa a una persona. Ese tiempo, “teniendo en cuenta que en una fiscalía común entran alrededor de 80 0 90 contravenciones y causas penales por día”, no alcanza para considerar que el Estado no tomará el caso.

Antes de concluir, volvió a subrayar que son detalles técnicos pero que hay que modificar, “el sentido de la norma está claro y lo celebramos”.