La estrategia de la gobernadora María Eugenia Vidal de premiar a los rompehuelgas y castigar a quienes reclaman salarios dignos sufrió un nuevo revés en un territorio –el judicial– por lo general amigable para las políticas de Cambiemos. La jueza platense María Ventura Martínez intimó a la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense a abstenerse de aplicar descuentos en los salarios de los docentes que se sumaron a los paros y también de abonar un premio económico a los maestros que concurrieron a las aulas mientras sus compañeros realizaban medidas de fuerza. En los próximos días, cuando deba liquidar los sueldos que debe pagar el quinto día hábil de abril, el gobierno de Vidal deberá decidir si cumple o no con la resolución judicial.
El 15 de marzo último, a medida que crecía el conflicto con los docentes, la gobernadora bonaerense anunció que le descontaría a cada maestro los días no trabajados por adherir a los paros resueltos por los gremios y que pagaría una suma extraordinaria de mil pesos a cada docente que hubiera concurrido a las aulas durante los paros.
Ante una presentación de los seis sindicatos que conforman el Frente de Unidad Docentes (Suteba, FEB, Amet, Sadop, Udocba y UDA), Ventura Martínez –jueza en lo contencioso administrativo 4 de La Plata– le dio la razón el jueves a los maestros, por entender que “las acciones de la administración aquí analizadas implican actos que alteran, restringen, limitan o afectan la libertad de los trabajadores y de sus entidades gremiales en las negociaciones colectivas; con lo cual deberán en adelante de abstenerse de realizarlas”. “Al operar sobre la voluntad del trabajador no solamente afectan su libertad sino, tangencialmente, (aquellas acciones de gobierno) resultan atentatorias del derecho a huelga”, consideró en su fallo. La magistrada destacó la importancia de que “la elección entre adherir o no a una huelga sea un dilema a resolver por cada individuo en su fuero interno de acuerdo a lo que le dicte su propia conciencia, sus principios y su escala de valores y no, contrariamente, se vea coaccionado por influencias, acciones y medidas externas y con efecto persuasivo sobre su autonomía espiritual”.
Ventura Martínez es la misma jueza que el 14 de marzo se pronunció contra la resolución del Ministerio de Trabajo bonaerense de dictar una “conciliación obligatoria” para frustrar las medidas de fuerza de los docentes. En el mismo sentido se posicionó su colega Luis Federico Arias, por considerar que el Ejecutivo no puede ser juez y parte en el conflicto con los trabajadores y recordar que la propia Constitución bonaerense estableció explícitamente que debe crearse un tribunal especial para mediar entre el gobierno y los trabajadores de la provincia.
El nuevo revés judicial para Vidal se produjo tras las masivas movilizaciones de docentes en La Plata y en Plaza de Mayo en el marco de la Marcha Federal Educativa, y al mismo tiempo que la mandataria provincial retomó su ofensiva al disponer que haya clases durante las vacaciones de invierno. La disposición que firmó el jueves el director general de Cultura y Educación, Alejandro Finocchiaro, estableció “la posibilidad de mantener encuentros presenciales con los alumnos durante el receso invernal” para “garantizar” los 180 días de clase en el año. El Suteba la consideró ilegal porque modifica el calendario escolar sin la consulta obligatoria al Consejo General de Educación.
El gobierno bonaerense convocó previamente a los gremios a una nueva reunión para el próximo martes, en la sede del Ministerio de Economía, en La Plata. Desde el Frente de Unidad reclaman un aumento del 35 por ciento para recuperar la pérdida de poder adquisitivo del año pasado, en tanto la gobernadora oferta apenas un 19 por ciento en dos cuotas.
