En tiempos de cuarentena nos hemos acostumbrado a leer (y a soportar) demasiados disparates en una extensa gama de opiniones que van desde la ignorancia al ridículo. Aun así, algunas se destacan aunque más no sea por su audacia.

En una entrevista radial, el ex gobernador y actual diputado nacional Alfredo Cornejo criticó al gobierno nacional por haber suspendido los trabajos del proyecto hidroeléctrico Portezuelo del Viento, una obra que el oficialismo provincial considera fundamental para la vida económica mendocina. 

Según Cornejo, su provincia es marginada de los beneficios de la obra pública nacional porque “hay mala fe con Mendoza y con todas las provincias productivas”. También aprovechó la ocasión para denunciar que Mendoza percibe menos recursos de la Coparticipación Federal de Impuestos (CFI) que los que en verdad le corresponderían. 

Hasta aquí, sus declaraciones se encuadraban dentro de lo que habitualmente se espera de un dirigente opositor. Pero, de pronto, se le ocurrió lanzar el disparate sobre una eventual independencia mendocina.

Cornejo afirmó que “Mendoza tiene todo para vivir como un país independiente, pero no lo tiene hoy. Hoy, la Argentina perjudica a Mendoza en la negociación de la deuda internacional, en la calificación de riesgo. Mendoza tenía una calificación de riesgo, junto a la CABA, superior a la del resto de las provincias. Sin embargo, se la perjudica para tomar deuda y traer inversiones.”

La realidad 

Según su argumentación, Mendoza es una provincia próspera y bien administrada que se vio perjudicada por un entorno fiscal adverso de la que gobierno nacional es el único responsable. Sin embargo, ante la mención de unos pocos “datos duros” el relato de Cornejo se desgaja.

Pocos días antes, el actual gobernador Rodolfo Suárez (sucesor de Cornejo) presentó un plan para reestructurar la mitad de la deuda pública provincial que, al 31 de marzo, sumaba 1192 millones de dólares. Suárez propuso reconvenir el vencimiento de capital e intereses de los dos principales bonos (PMJ21, emitido en pesos por el equivalente a  81millones de dólares, y PMY24, nominado en dólares por 500 millones) por uno nuevo  perfilado en 11 pagos semestrales, desde el 2024 al 2029.

La oferta fue rechazada por los tenedores de títulos no sólo por considerarla insuficiente sino por una falencia técnica importante: la provincia había omitido incluir el monto de los intereses del vencimiento de 21 millones impago desde mayo.

Del perfil de la deuda provincial actual surge un dato curioso: el 83 por ciento del stock de pasivos (990 millones de dólares) fueron contraídos durante la gestión de Cornejo, pequeño detalle que el exgobernador omite mencionar en sus declaraciones públicas.

Según el reciente estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Mendoza es actualmente la quinta provincia más endeudada del país, con un pasivo total que equivale al 94 por ciento del total de sus ingresos anuales. 

Estos datos muestran la fragilidad de las finanzas públicas mendocinas, aunque Cornejo sostenga lo contrario.

Calificación

La extensa experiencia internacional sobre colocación de deuda pública a nivel subnacional indica que son contados los casos en los que títulos de deuda emitida por los gobiernos provinciales logran ser más atractivos que los papeles colocados por los gobiernos nacionales. Esto es menos frecuente aun en un contexto como el actual, donde la tendencia inversora es privilegiar carteras con activos más seguros.

El problema debería pensarse al revés de lo que sugiere Cornejo: si su provincia, en cierta coyuntura, logró colocar deuda por 600 millones de dólares fue obra exclusiva de un contexto financiero inducido a favorecer a la Argentina (2016-2017) que ni por asomo se asemeja al actual y que difícilmente se replique sino en el largo plazo. Sostener que el riesgo crediticio de la deuda argentina perjudica a las posibilidades de Mendoza para colocar nueva deuda o atraer inversiones es ignorar cómo opera la lógica del mercado de deuda pública o cómo está hoy el mundo. O, en su defecto, significa mentir.

Coparticipación

Cornejo sostiene que el actual régimen de Coparticipación Federal de Impuestos (CFI) perjudica a su provincia, en la que entre 30 y 40 por ciento de sus recursos provienen de fuente federal.

La CFI se basa en dos criterios. El primero, de carácter devolutivo, tiene por objeto que una parte de la recaudación vuelva a la provincia donde se generó, y el segundo, de carácter distributivo, apunta a que las provincias de mayor desarrollo económico aporten, de manera solidaria, una mayor cantidad de recursos en favor de las provincias menos desarrolladas. Cornejo parece haber olvidado este criterio.

¿Cuánto hay de cierto en que el reparto federal perjudica a Mendoza? Dos simples datos pueden responder a esta pregunta. Según el Indec, la provincia aporta el 4,0 por ciento del PIB del país mientras que las exportaciones mendocinas suman apenas el 2,5 por ciento del valor total exportado. 

Mendoza percibe 4,33 por ciento de la porción de impuestos que les corresponde a todas las provincias. En contraposición, Buenos Aires -con una población nueve veces mayor que la de Mendoza- aporta el 35 por ciento del PIB y 34 por ciento del total de las exportaciones pero se lleva el 19,9 por ciento de la coparticipación.

Además durante la gestión Cornejo, la provincia asumió deudas con el Estado nacional por 207 millones de dólares, a los que se debe sumar otros 225 millones con el Banco Nación y la Anses. La garantía ofrecida Mendoza para todos estos créditos fue el monto de los recursos que percibe de la CFI, lo que significa haber conseguido que la Nación le girara pagos sobre futuros fondos coparticipables.

Historia repetida

Cada vez que una crisis severa acaece sobre la economía argentina, emergen algunas bravuconadas separatistas de ciertos dirigentes provinciales. Por cierto, no son novedosas sino que repiten, como un mantra, el derecho a gozar en exclusividad de los beneficios de la autonomía financiera.

Hace poco menos de 20 años, mientras el país transitaba la traumática salida de la convertibilidad, Adolfo Rodríguez Saá amenazaba con que San Luis iba a escindirse de la República Argentina. El argumento de entonces era similar al que hoy sostiene Cornejo: el de una provincia saneada y eficiente enfrentada a un gobierno federal ineficiente, quebrado en términos fiscales y moroso en remitir a la Tesorería provincial los fondos de la Coparticipación.

Ciertos hechos del pasado permiten que estas amenazas -como las de Cornejo o de Rodríguez Saá- suenen creíbles. La historia argentina muestra un solo caso exitoso en este sentido: en los inicios de la organización nacional, la provincia de Buenos Aires se separó de la Confederación Argentina y conformó un estado independiente durante una década. Eso fue posible por contar con una Aduana que permitió apalancar las finanzas del Estado secesionista y por una abultada emisión monetaria respaldada en las rentas aduaneras.

Precisamente, lo que advirtió el general Urquiza en vísperas de la batalla de Pavón (septiembre de 1861) fue que el Estado de Buenos Aires podía continuar indefinidamente la guerra mientras contara con esos dos grandes instrumentos financieros: la aduana, para cobrar aranceles en divisas fuertes, y la máquina de imprimir billetes. La historia que siguió a Pavón es bien conocida: Urquiza se retiró a Entre Ríos a gozar de su fortuna y el porteño Mitre se hizo cargo del gobierno nacional.

Esta no parece ser hoy la situación de Mendoza, como tampoco era la de San Luis del 2002. Los medios les dieron a las declaraciones de Cornejo una entidad desmesurada, abriendo incluso un tedioso debate sobre la factibilidad jurídica de la “independencia” mendocina.

Aunque tedioso, el aspecto normativo no es un tema menor. La historia ilustra, por ejemplo, que el inicio de la Guerra de Secesión estadounidense se debió, entre otras cosas, a una peculiar interpretación jurídica del pacto constituyente que dio origen a ese país. 

En la navidad de 1860, pocos meses antes de asumir Abraham Lincoln la presidencia, el Estado de Carolina del Sur resolvió separarse de la Unión denunciando que el gobierno federal incumplía sus deberes. Los convencionales que declararon la separación se amparaban en dos derechos: el de cualquier Estado de la Unión a autogobernarse y el de un pueblo a desconocer y caducar al gobierno federal cuando éste lesionara los fines para los cuales fue creado. 

Es obvio señalar que ninguno de estos dos supuestos legales -que, dicho sea de paso, llevaron a una larga y cruenta guerra que implicó la pérdida de más de medio millón de vidas- se ajusta al caso mendocino.

Lo que viene

Hoy, la economía se encuentra devastada y se sostiene por el esfuerzo del gobierno nacional. En este contexto, las declaraciones de Cornejo no suenan oportunas ni inteligentes: son solo fuegos de artificio para complacer a cierto público.

La pandemia nos acostumbró a escuchar, leer y soportar cualquier disparate. El de Cornejo es uno entre tantos. Tal vez, cuando se publiquen estas líneas ya nadie recuerde sus dichos pero lo que sí parece claro es que el federalismo de la pospandemia impondrá una agenda muy diferente a la actual, que poco y nada tendrá que ver con la que propone Cornejo.

Una agenda enfocada en proveer bienes públicos de calidad, adecuados y diversificados en función de las necesidades territoriales y al alcance de todos los ciudadanos, cualquiera sea su condición social o el terruño en el que les toque en suerte nacer. Frente a esta nueva agenda, argumentos como los de Cornejo aportan e importan muy poco.

* Politólogo (UBA). Director de la consultora Tramas & Tendencias. [email protected]