Una vez más, el recinto “Miguel Ragone” del Concejo Deliberante de la ciudad de Salta se convirtió en un campo de batalla. Durante la sesión del miércoles, ediles de distintas bancadas de la oposición dispararon contra el Ejecutivo municipal, al referirse a unos de los temas más importantes del año legislativo: el llamado a licitación para el servicio de higiene urbana.
En el segmento de manifestaciones, tramo inicial en el cual los concejales suelen hablar sobre algún tema de actualidad, hubo fuertes declaraciones en relación al giro que dio el gobierno de la ciudad en la discusión del proceso licitatorio.
En efecto, tras enviar el pliego al Concejo Deliberante, el martes por la tarde el Ejecutivo comunal invitó a los ediles a la reunión en la que se presentaría este documento.
Allí, el coordinador Jurídico y Legal de la Municipalidad, Daniel Nallar, les informó que el nuevo contrato de higiene urbana se celebraría bajo la figura de locación de servicios, lo que implica no tener que pasar por el Concejo Deliberante para ser aprobado (a diferencia del contrato de concesión, que sí se aprueba por ordenanza).
“Esto no corresponde según nuestra normativa vigente”, indicó Romina Arroyo, jefa del bloque Salta tiene Futuro, durante su alocución. Luego apuntó contra los funcionarios municipales, aludiendo especialmente a Nallar: “Se le pasó por alto considerar que la higiene urbana es un servicio público” y citando el artículo 102 de la Carta Orgánica, explicó: “Los servicios públicos municipales se deben prestar de forma directa, por medio de concesiones, o a través de órganos constituidos por la Municipalidad, con los agentes afectados a la prestación”.
Arroyo manifestó su preocupación ante esta situación pero también advirtió: “Si bien no nos mandan un proyecto de ordenanza para aprobar o desaprobar un pliego, sí tenemos mucha injerencia en ese pliego, no sólo en cuanto a las condiciones de contratación, sino también en solicitar que se dé cumplimiento a las normativas vigentes y a la calidad del servicio”.
Quien también se refirió a este tema fue Laura García. Visiblemente ofuscada, la concejala del Frente de Todos calificó al proceso de licitación que viene llevando adelante el municipio como “poco transparente”. Luego hizo alusión a la reunión con el Ejecutivo: “Daniel Nallar nos dijo que el Concejo Deliberante no tenía que intervenir en el pliego”, sostuvo, después agregó que el funcionario se excusó diciendo que “se le había pasado este detalle”. Entonces, continuó, "si al especialista en derecho administrativo del municipio se le pasó este detalle, no quiero ni imaginarme los detalles ambientales que se le habrán pasado”.
Tal como declaró en la sesión del 3 de junio, García dijo: “No voy a ser cómplice de esto. No voy a formar parte de este juego del Ejecutivo por protagonismo y competencia sin sentido”.
Inmediatamente, el edil oficialista Jorge Altamirano salió al cruce y manifestó “un total rechazo” a las expresiones de García y pidió que se refiriera a sus pares con más respeto. Sin embargo, la legisladora del Frente de Todos aclaró enseguida que su crítica iba dirigida a los funcionarios municipales y no a los ediles que forman parte de la mesa de trabajo del proceso licitatorio.
Marcando la cancha
En otro momento de la sesión, en el que los ediles solicitan la inclusión de nuevas iniciativas para su tratamiento en próximas sesiones, la concejala Frida Fonseca presentó el proyecto de ordenanza de llamado a licitación para la contratación del servicio de higiene urbana. De esta manera busca desactivar la figura de locación de servicios que pretende el municipio.
En su artículo 1°, el documento establece que “en un plazo de diez días corridos” desde la entrada en vigencia de la ordenanza, el Departamento Ejecutivo Municipal deberá “convocar a licitación nacional para la presentación de ofertas destinadas a la nueva contratación del servicio de Higiene Urbana de la ciudad de Salta”.
El proyecto aclara que la convocatoria deberá realizarse “en el marco de las opciones previstas por el artículo 102 de la Carta Orgánica Municipal”, que dispone que las formas de prestación de los servicios públicos “se realizarán en forma directa, por medio de concesiones o a través de Órganos constituidos por la Municipalidad, con los agentes afectados a la prestación y/o los usuarios” (destacado del original).
En definitiva, con esta ordenanza el cuerpo legislativo sienta posición frente al gobierno comunal. Si bien a causa del fin de semana largo, la iniciativa estaría comenzando su recorrido por las comisiones recién el próximo lunes, su análisis no llevará demasiado tiempo y por consiguiente, llegará al recinto en breve. Luego, su aprobación será sólo un trámite. Finalmente, el Concejo deberá esperar la promulgación de la intendenta Bettina Romero.
