En víspera del aniversario de la Declaración de Independiencia la Nación Diaguita denunció la liberación de los acusados por el crimen de la autoridad tradicional de la comunidad Los Chuschugasta, Javier Chocobar, en la provincia de Tucumán. Los condenados Darío Amín, Luis Humberto Gomez y Eduardo Valdivieso fueron liberados, a casi dos años de dictado el fallo, porque hasta el momento la Corte de Justicia tucumana no resolvió los recursos interpuestos y, por lo tanto, la sentencia no está firme.
La laureada cineasta Lucrecia Martel, que prepara un documental sobre el líder indígena Javier Chocobar, emitió ayer una carta crítica de la actuación de los poderes en relación a los pueblos originarios.
Tras destacar que el Código Penal prevé que la prisión preventiva no puede ser superior a dos años, "para garantizar que inocentes no permanezcan en prisión demasiado tiempo", Martel señaló que en este caso "estamos hablando de asesinos. En esos dos años la Justicia no pudo dejar firme la sentencia que condenó a los asesinos de Javier Chocobar. Por eso los asesinos de Javier Chocobar están libres".
"Un día este país se desayunará con la importancia histórica de este juicio que se demoró 9 años en hacer, donde fueron condenados y que por la ineficiencia vergonzosa de la Justicia liberan nuevamente", añadió.
Martel cuestionó la cultura occidental, de imposición sobre las otras culturas. Dijo que esta causa "nos permitiría reflexionar un poco sobre lo que es legítimo y lo que es legal, pero esta conversación incomoda al statu quo, que no es ni un partido ni un gobierno, es nuestra cultura blanca".
"La lentitud de la Justicia para confirmar la sentencia, no es inocente. Es el síntoma del decadente pensamiento con el que hemos construído la patria", señaló antes de contar que sigue este caso desde hace diez años y que "también" su "lentitud" la indigna. "Puedo justificarla con las dificultades de financiar la investigación, con las dificultades para acceder a los documentos que desde hace siglos intentan borrar la huella de esta gente". Y, sin embargo: "Nuestras razones son cada vez más débiles para postergar el mal que corroe desde lo más profundo nuestra cultura: el racismo, ese conjunto de ideas con las que inventamos la superioridad para abusar de otros. Para negarles hasta el agua. Viva la patria", cerró su carta.
La Comunidad indígena Los Chuschagasta, del Pueblo Nación Diaguita, ubicada en el Valle de Choromoro, del departamento tucumano Trancas, emitió el 8 de julio un documento de repudio a la liberación de Amín, Gómez y Valdivieso, y en el que recordó que tuvieron que esperar 9 años "para que el Poder Judicial, blanco, occidental y fascista, deje de hacer oídos sordos y escuche nuestro grito de justicia por el asesinato de nuestra autoridad, comunero, padre, tío, hermano, hijo".
Chocobar fue asesinado el 12 de octubre de 2009 mientras defendía pacíficamente el territorio de su comunidad.
La Comunidad sostuvo en su comunicado que tras la sentencia condenatoria esperaban "comenzar a dar un cierre a esta década de miedo y dolor, y seguir adelante reconstruyendo nuestra vida en comunidad", pero "como de costumbre, el Poder Judicial y las personas que lo integran, una vez más actúan en connivencia para hacer prevalecer el poder de los terratenientes por encima de nuestros derechos humanos y ancestrales como pueblos originarios".
"La justicia racista no hace más que acentuar las desigualdades y violencia que desde hace más de 500 años venimos sufriendo y resistiendo los pueblos originarios. Nos preguntamos ¿cuándo los pueblos originarios dejaremos de ser ciudadanos de segunda para el Estado y la Justicia en Argentina? Resulta urgente la democratización de la justicia y la aplicación del Derecho Indígena vigente a nivel nacional e internacional y la creación de una Ley de Propiedad Comunitaria Indígena para el resguardo físico, jurídico y territorial de nuestros pueblos", denunció la Comunidad.
Afirmó que para sus integrantes "no existen los Derechos Indígenas ni los Derechos Humanos mientras los asesinos y genocidas de Javier Chocobar estén libres y siga en peligro la vida de nuestra Comunidad". Y exigió a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán que "deje de dilatar los plazos y haga firme la sentencia condenatoria a los asesinos Darío Amin, Luis Humberto Gomez y Eduardo Valdivieso, de 22, 18 y 10 años de prisión respectivamente, en cárcel común".
