El oncólogo rosarino Gabriel Zilli fue condenado a 8 años de prisión por la Justicia Federal porteña, junto a otros doce integrantes de una banda que fue desbaratada en septiembre de 2015, en la causa conocida como "narcoarroz", cuando se interceptaron 40 kilos de cocaína en un cargamento de arroz en el puerto de Rosario. Por esos días, el profesional fue arrestado en Víctor Mercante al 1100, en el barrio de Arroyito, donde se allanaron tres viviendas. El fiscal general Diego Velasco estuvo a cargo de la acusación, mientras que el Tribunal Oral Federal Nº 5 dio a conocer el veredicto de manera virtual.
El médico rosarino fue acusado de formar parte de la banda internacional a la que se le frustró el envío de 40 kilos de cocaína a Marruecos y las islas de Guinea Bissau. Ese hecho fue el último de una serie de secuestros de diversas cantidades de ese estupefaciente en Ezeiza y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que entre sí sumaron otros 95 kilos.
El fiscal general Diego Velasco formuló su alegato en septiembre pasado, donde dio por acreditado que los hechos fueron impulsados por una organización integrada mayormente por ciudadanos colombianos, pero también argentinos, ecuatorianos y guatemaltecos, publicó el portal Fiscales.gob.ar. Cuando los acusó, solicitó penas de entre 4 y 16 años de prisión para 17 imputados, por tráfico y comercio de estupefacientes, contrabando de exportación agravado y asociación ilícita, según cada uno de los roles endilgados.
El fallo del tribunal compuesto por José Valentín Martínez Sobrino, Adriana Palliotti y Daniel Horacio Obligado condenó a Zilli a la pena de 8 años por los delitos de contrabando de exportación y tenencia de arma de fuego. Según se indicó por aquellos días, al allanar los domicilios del oncólogo se encontraron 4 kilos de cocaína, una balanza de precisión, 300 tubos eppendorf para envasar la sustancia, un revólver y un fusil calibre 22 con mira telescópica. La acusación en su contra -como se indicó en su momento- fue como uno de los eslabones logísticos de la banda. Este diario detalló el día de los procedimientos que los mismos se hicieron en tres viviendas de Víctor Mercante al 1100, entre pasaje Neil y Génova, a cuadras de la cancha de Central.
Los demás condenados fueron Germán Marín López, a 10 años de prisión, por tentativa de contrabando de exportación agravado, tenencias con fines de comercialización, asociación ilícita; Edilberto Vargas Fernández, a 9 años, por contrabando de exportación, asociación ilícita; Carlos Olmedo Silva Cárdenas, a 8 años, por contrabando de exportación, asociación ilícita; Williams Triana Peña, a 7 años; Mario Alberto Lara Guerra, a 6 años; Víctor Camargo López, a 4 años y medio; Diana Suárez Heredia, a 4 años y medio; Jorge Trujillo Sánchez, a 4 años; Juan Carlos Ojeda, a 4 años; y César Macías Loor, a 3 años y medio, todos por asociación ilícita; José Ramírez Cuartas, a 5 años, por contrabando de exportación y asociación ilícita; y Juan Alberto Banesevich, a 4 años y medio, por contrabando de exportación agravado.
En tanto, otras cinco personas resultaron absueltas tras haber llegado al debate acusados de integrar la asociación ilícita.
Según la cronología de los hechos, el 17 de septiembre del 2015, efectivos de Gendarmería Nacional secuestraron en el puerto de Rosario casi 40 kilos de cocaína ocultos en un cargamento de arroz, con destino a Marruecos y las islas de Guinea Bissau. La investigación había comenzado en 2011, a partir de información brindada por la Policía Nacional de Colombia y la Comunidad de Policías de América (Ameripol), que advirtió sobre el funcionamiento de una organización ligada a la narcocriminalidad, conformada mayormente por ciudadanos colombianos. Quien intervino en la causa fue el fiscal federal Federico Delgado, junto a las procuradurías de Narcocriminalidad (Procunar) y de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). El entonces juez federal Sergio Torres estuvo a cargo de la causa en la cual se pudo detectar, además, la exportación a España y Nueva Zelanda de cocaína “con un alto grado de pureza”. El 14 de agosto de 2014 la División Drogas de la Dirección General de Aduanas interceptó en el aeropuerto internacional de Ezeiza casi un kilo de cocaína oculta en envases de ketchup que portaba un pasajero que intentaba viajar hasta Bangkok, Tailandia. El 17 de enero de 2015, en Palermo, se secuestraron otros 84.955 gramos de cocaína.
El fiscal Velazco señaló en su alegato que existió un “canal paralelo de comunicación” entre los miembros de la asociación ilícita a través de celulares BlackBerry para poder hablar puntualmente de las actividades narcocriminales, según se determinó por escuchas, que señalaban en múltiples ocasiones que las cuestiones importantes debían ser dialogadas a través de los "teléfonos negros". La existencia de los aparatos mencionados fue corroborada en posteriores allanamientos. El fiscal también habló de una estructura jerárquica, con verticalidad y coordinación instrumentada por los acusados que se encontraban en el estrado superior de la cadena de mando.
En tanto, en 2018 fue detenido en España el empresario portugués Fernando Martins Fructuoso, que era parte del comercio y estaba prófugo desde 2015.
