La defensora del pueblo europeo Emily O'Reilly decidió abrir una investigación sobre el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, atendiendo la preocupación de cinco  ONG sobre el estudio de impacto ambiental. "He decidido iniciar una investigación sobre esta queja" que apunta a la falta de una evaluación de impacto ambiental actualizada antes del acuerdo alcanzado en junio de 2019, escribe O'Reilly en una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. La Federación Internacional de Derechos Humanos, ClientEarth, Fern, el Instituto Veblen y la Fundación Nicolas Hulot pidieron a la defensora que suspendiera el proceso de ratificación, al considerar que Bruselas no tuvo en cuenta el impacto del acuerdo. "La Comisión no respetó su obligación legal de garantizar que este acuerdo no implique una degradación social, económica y ambiental, ni violaciones de los derechos humanos", aseguraron a mediados de junio al anunciar la presentación de su queja. La Comisión Europea contestó que la sociedad civil europea sí fue consultada sobre el acuerdo, que de hecho ya cumplió veinte años de negociaciones. El portavoz comunitario de Comercio Daniel Rosario, confirmó recibieron una notificación sobre el inicio de esta investigación