"La gestión de Sabina Frederic derogó la resolución 31 de ciberpatrullaje del macrismo, casi secreta y que fue utilizada para perseguir personas por sus expresiones en las redes sociales. La reemplazó por la resolución 144, desarrollada en consulta con más de diez organizaciones de derechos humanos y sociales, que tendrá una comisión asesora y de control que debe rendir cuentas cada dos meses", sintetizó el secretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad, Gabriel Fuks. Fue ante diputados y diputadas que habían hecho pedidos de informes luego de que la ministra de Seguridad expresara que, por la pandemia de coronavirus, el gobierno realizaría ciberpatrullaje como herramienta para "medir el humor social". "Ella misma admite que fue poco feliz la frase, pero sería auspicioso que los legisladores planteen un nuevo proyecto de ley porque no habrá una resolución 145", aclaró el funcionario al referirse a que la 144 tiene fecha de vencimiento, el 12 de marzo de 2021, y fue pensada específicamente por la pandemia.
Cuando Frederic dijo esas palabras aún no habían encontrado en el ministerio la resolución 31, y el anuncio recibió duras críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y sociales . "Incorporamos muchas de sus recomendaciones y esas entidades quedaron incorporadas al seguimiento bimestral de la aplicación de esa resolución a través de su participación en la comisión asesora", dijo Fuks. Una de las principales diferencias entre ambas resoluciones es que la anterior perseguía a personas, la nueva busca hechos.
En la última reunión virtual de la comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados, que preside la diputada del Frende de Todos Paula Penacca, Fuks mencionó delitos que crecen durante la pandemia, como el fraude informático y el grooming (engaño pederasta), pero también específicos de esta etapa como la venta de remedios ilegales para la covid-19, a veces promovida por un personaje famoso, o la oferta de un respirador o de oxígeno en las redes sociales, como ya ocurre en otros países. A medida que se ocupe el sistema sanitario, y las camas de terapia intensiva se sigan ocupando, los expertos advierten que estas ofertas delictivas por Internet se van a multiplicar.
Un oscuro papel escondido
"La 31 estaba escondida sino la hubiéramos derogado enseguida junto con las otras, y estaba basada en la lógica de que las fuerzas de seguridad se pongan a buscar enemigos entre la sociedad argentina", dijo Fuks en una parte de su extensa exposición en Diputados. En la etapa preparatoria del G20, esa resolución sobre el denominado ciberpatrullaje fue emitida a iniciativa del ex secretario de Seguridad Eugenio Burzaco, y nunca fue publicada en el Boletín Oficial ni en los archivos digitales.
La nueva gestión llegó con la impronta de derogar varias resoluciones y protocolos del macrismo que no deben ser parte de la doctrina de Seguridad, especialmente en lo referido al uso de la fuerza. "Quinientas personas fueron vigiladas con mecanismos persecutorios como impedirles entrar al G20 por lo que publicaban en sus redes, seis personas fueron procesadas por la información obtenida de fuentes abiertas en la vigilancia a través del ciberpatrullaje, e incluso los casos de 2020 son en aplicación de la norma 31, ya derogada, por la inercia del trabajo de las fuerzas de seguridad imbuidas del espíritu de la gestión anterior. La 144 impide esto, tiene aportes de las organizaciones, no es una norma de consenso pero sí producto del debate con la sociedad civil", enfatizó Fuks.
"La figura de intimidación pública ha sido eliminada por la resolución 144. Esa idea de un joven tiene un problema porque no ha recibido un plan o no le gusta el Presidente y lo dice, no será objeto de persecución", apuntó el secretario de Estado, en alusión a lo que ocurrió durante su propia gestión, cuando un joven fue procesado por publicar un tuit en el que llamaba a saqueos, claramente en forma irónica, pero también a todos los procesados por publicaciones durante el macrismo.
Fuks puso mucha vehemencia al explicar que es necesario diferenciar el concepto de "inteligencia" de la capacidad de prevenir delitos. "El ciberpatrullaje termina cuando comienza a intervenir la Justicia, no se puede seguir acumulando información. Cualquier agente debe informar lo que está haciendo", dijo. La nueva resolución tuvo en cuenta la número 1 del 2020 emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y agrega otros principios rectores, entre otros, que sea aplicada sólo en tareas de prevención del delito, que se protejan los datos personales, no criminalizar las protestas en línea, o la obligación de destruir el material.
Durante la reunión, el diputado Luis Petri replicó que con la norma derogada fueron perseguidos quienes amenazaron de muerte al intendente de Mendoza. "No se habla de las acciones concretas, es un protocolo de inteligencia, tal como cuestionaron algunas organizaciones. Así, 44 millones de argentinos podemos ser investigados y que nos hagan inteligencia con la excusa de la pandemia, porque la 144 avanza sobre las libertades individuales", dijo el legislador.
Por su parte, el diputado del FIT Nicolás del Caño dejó en claro que su bloque no está de acuerdo "con esta práctica que se utiliza para hacer espionaje". Y se corrió del libreto al pedir "que venga Frederic a la comisión de derechos humanos por los hechos de violencia institucional ocurridos por el rol que se le dio a las fuerzas de seguridad durante la pandemia. El ministerio de Seguridad preside este Consejo de Seguridad Interior, debería coordinar con las provincias, queremos saber qué están haciendo porque se suman los casos: Espinoza, Nadal, Scalzo, los qom en el Chaco, y ahora la desaparición de Facundo Castro".
Fuks no esquivó el planteo del legislador trotskista: "Estamos claramente en contra de la violencia institucional, venga de donde venga. Hemos generado herramientas para tratar de revertir situaciones de muertos y heridos ocurridas en la etapa anterior, en la Patagonia, por ejemplo, donde pusieron de enemigos a los pueblos originarios", replicó. Y mencionó dos hechos recientes que tuvieron pronta resolución, el asesinato de Luis Espinoza y el de Facundo Scalzo.
