El día que fue a declarar ante la Comisión Bicameral que fiscaliza a los organismos de inteligencia, Martín Coste dejó perplejos a los diputados y senadores presentes, cuando contó la historia detrás del espionaje ilegal al Instituto Patria y confesó que él mismo había elaborado un informe falso para justificar esos seguimientos ante el requerimiento el juez que comenzó a investigarlos, Marcelo Martínez de Giorgi. Contó que lo había hecho bajo indicación de la ex número dos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Silvia Majdalani, y con la letra que le daba el entonces titular de Asuntos Jurídicos, Juan Sebastián De Stéfano, mientras estaba sentado al lado de Alan Ruiz, ex jefe de Operaciones especiales, quien según relató fue el organizador de las actividades de inteligencia en cuestión. 

Coste fue director de Contrainteligencia del organismo y está imputado por el espionaje a Cristina Fernández de Kirchner y en la sede del Patria. Se presentó este viernes a la indagatoria y dijo que antes de declarar quería conocer la causa, pero les anticipó al juez Juan Pablo Augé y a los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide una frase contundente: “ratifico todo lo que dije ante la Comisión Bicameral”. Fue enfático en anticipar que asumirá la confección del material trucho utilizados para justificar operaciones fuera de la ley, incluso sobre otros políticos, como Graciela Caamaño, Graciela Ocaña y Waldo Wolff. Para contestar preguntas pidió tiempo, y le dieron hasta el viernes próximo.

Cuando fue por la mañana a los tribunales de Lomas de Zamora, Coste intentó primero postergar la indagatoria. Al final acordó comenzarla, invocando solo lo que había dicho ante la Bicameral el 26 de junio último, y continuarla la semana próxima. El material recopilado por el Congreso, con los testimonios de varios ex espías involucrados en la trama, se encuentra incorporado a la causa judicial. No tiene el mismo valor de una declaración, pero es clave y lo que hizo este espía que integra la AFI desde 2002 –que no es más director pero sigue en funciones— fue asegurar que sostendrá lo mismo que explicó ante los diputados y senadores. Para los ex directores de la agencia, Majdalani y, por encima, Gustavo Arribas, citados a indagatoria para lunes y martes próximos, es una mala noticia, porque su relato los compromete. También va contra lo que declaró Ruiz, que dijo que todo tenía amparo legal. En el Congreso Coste contó que le dijo al ex director de Jurídicos: “esto es ilegal”. “Fue en contra de mi voluntad total. Era muy difícil denunciar o ir en contra de una estructura política partidaria en más de un 70 por ciento de la agencia”, dijo entonces. “Todo era irregular en la agencia”, se despachó en otro tramo de aquella exposición y describió a la AFI como “una empresa”. La clave para la causa es que lo que dijo ese día coincide con la hipótesis de los fiscales y sus imputaciones: que se violó la Ley de Inteligencia y que luego se generaron documentos falsos para darle apariencia de legalidad y dejar el asunto impune.

Coste contó que Majdalani le ofreció el cargo de director operacional de Contrainteligencia cuando Diego Dalmau Pereira dejó ese lugar para ir a trabajar a Chile, a mediados de 2018. Aceptó, pero puso como condición tomarse vacaciones pendientes. Ruiz había entrado a la AFI hacía poco. Venía de trabajar en el Ministerio de Seguridad. Coste, según relato, le planteó a la “señora 8” dudas sobre Ruiz. Ella respondió: “Lo veo como una persona súper capacitada. Me costó un montón sacárselo a Patricia Bullrich”.

El 3 de agosto Coste volvió de vacaciones. Unos días después, se enteró del espionaje al Instituto Patria por la televisión. “¿Ese auto es tuyo?”, dijo que le preguntó un colega cuando estaba en la oficina. Miró bien y vio uno de los Volkswagen de la AFI. Llamó a Juan Hernández, otro director, que empezó a preguntar a otros espías de la “base 95”. Le dijeron que “lo había ordenado el señor Alan Ruiz hacía aproximadamente 15 días y que decía que era una orden que venía de ‘la ocho’”. Luego Ruiz le diría lo mismo.

No tardó en llegar un oficio del juzgado de Martínez de Giorgi, donde se había denunciado el espionaje al Instituto Patria. Pedía que informaran si habían existido tareas de inteligencia allí y qué agentes participaron. Con ese papel Coste fue a ver a Majdalani, que lo mandó a la Dirección de Asuntos Jurídicos. Al llegar encontró a su titular, De Stéfano, que llevaba un buen rato armando la estrategia con Ruiz. “Ahí es cuando me di cuenta o tomo conocimiento de alguna manera de que parece que no había una causa que ordenara esa situación”, dijo.

-- ¿Usted presume, o tiene la certeza, de que en ese momento, en esa reunión con De Stéfano, estaban tratando de fabricar una causa que no existía?—le preguntó, sorprendido, el diputado Leopoldo Moreau.

--Si—respondió el espía.

En realidad, aclaró, la causa “existía”, estaba a cargo de Federico Villena (el juez que tuvo la causa grande del espionaje y fue desplazado), “el tema es que yo entiendo que se usó” y que era “mentira” el argumento para espiar. Aquel expediente, recordó, era viejo y estaba relacionado con la organización del G-20 y la Cumbre de la Organización Mundial de Comercio. Se había iniciado en octubre de 2017. Había estado a cargo de Dalmau Pereyra y Eventos Especiales, y luego pasó al área de Terrorismo, a cargo de Darío Biorci, cuñado de Majdalani.

La respuesta fue enviada a Martínez de Giorgi dos meses después. Coste confesó que él mismo la escribió, con instrucciones de De Stéfano y Ruiz. “Asumieron que el oficio lo tenía que contestar yo. Como el equipo era mío, en la práctica era gente de carrera, los autos y todo era mío, el problema lo tenía yo (aunque él había estado de vacaciones sin asumir ese cargo) (…) me dijeron que conteste que se estaban realizando las tareas en el marco de una causa del señor Villena, del G-20 (…) yo en ese momento sabía que era mentira. Mi problema ahí era que no sabía cuál era mi forma de poder llevar esta a una denuncia”. Quiso renunciar y Majdalani, en sus palabras, lo trató de “idiota”. También hubo un informe posterior de Ruiz, directo para Majdalani.

Pero el oficio para Martínez de Giorgi, con el que sobreseyó a Arribas y Majdalani, no fue todo lo que le pidieron a Coste. Armó “un circuito de documentación” a pedido del “área de jurídicos, con Silvia Majdalani de por medio”. Era “una estructura de análisis y operaciones en contrainteligencia con informes relacionados a ciertos personajes políticos”. Mencionó a Wolff, Camaño, CFK y Ocaña. Los tres primeros declararon como víctimas en la causa más grande. “le respondí: esto es ilegal ¿qué es lo que tenemos que hacer, señor director?”, contó Coste. Los informes, precisó, “los habrán elevado al señor Villena”, y que decían “que había una amenaza anarquista si mal no recuerdo, sobre personajes políticos. A mí me consta que era mentira”.

El material lo dejó, refirió, en la oficina que usó hasta 2019. Se los dejó a la interventora Cristina Caamaño diciéndole ‘estos son los informes de consumo interno que tuve que hacer en esta causa’. Primero sobrevivimos y, después, vimos la verdad. No teníamos chance”.

Majdalani hizo dos presentaciones ante Augé, diciendo que había planteado ante Martínez de Giorgi que ya fue juzgada y sobreseída. El juez, que a tono con los fiscales cree que esta vez se la investiga por más hechos y por otro tramo temporal, la intimó a que vaya el lunes a la indagatoria.