Desde 2011, la doctora en Comunicación y becaria posdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) María Chachagua estudió la implementación del Programa Nacional Conectar Igualdad, creado durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. 

“Desigualdad social, desigualdad tecnológica y heterogeneidad educativa a la luz del programa Conectar Igualdad” es un artículo de 2019 que escribió junto a las investigadoras Alejandra García Vargas y Laura Golovanevsky y que grafica cómo con el macrismo se profundizó la brecha digital al desmantelar un programa de vanguardia en Latinoamérica. Los resultados, plasmados ya en el título, partieron de estudios de casos en escuelas secundarias urbanas y rurales de Salta.

“Venimos trabajando sobre el Conectar Igualdad desde el 2011 en un contexto donde el programa estaba puesto en discusión”, explicó Chachagua. Esto se debe a que desde que se conoció de su realización, el programa tuvo constantes ataques de parte de la oposición y de un sector de la derecha, que lo consideraba un gasto innecesario. El mismo Macri, siendo presidente, comparó la entrega de netbooks con “repartir asado y no tener parrilla”.

A pesar de la discusión ideológica del plan, el trabajo de investigación de Chachagua empezó a orientarse en su aplicación. En sus diferentes instancias investigativas, introdujo los estudios de escuelas de los barrios Palermo y Villa Mitre de la Capital y de la escuela secundaria mediada por TIC 5212 del departamento de Anta. Por eso, afirmó que hablar de desigualdad tecnológica hoy no es coyuntural, ni se debe a la pandemia. 

A modo de ejemplo y con el Conectar Igualdad ya en funcionamiento, comparó el acceso a los dispositivos portátiles durante 2011 y 2017. Con distintas estadísticas que partían del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina (Indec), “observamos que existió una ampliación en la posibilidad de acceder a las computadoras, pero no se detallaban si eran computadoras personales o de escritorio”. No obstante, "no se deja de lado el aumento que hubo en el acceso y eso lo relacionamos con esta política pública”, subrayó.

Con el macrismo, el programa “sufre los dos primeros años un desfasaje”, se dan despidos, deja de ser una política pública y por ende deja de manejar presupuesto. En ello, cada provincia asume ciertos costos para su continuidad y en Salta se dispuso inversión únicamente vinculada a la resolución de cuestiones técnicas y acompañamiento pedagógico.

Ya en 2018, Macri disuelve el programa y lo coloca dentro de la plataforma Educ.ar. Esta decisión se gestó bajo el discurso de que la brecha digital estaba “saldada”, lo que provocó una quita presupuestaria considerable. Pero para la investigadora, esta afirmación es errónea; explicó que terminar con la brecha digital no solo se refiere a la entrega de los dispositivos tecnológicos sino también a la "incorporación de esa tecnología en los hogares”. "Existe una apropiación", expresó. A modo de ejemplo, se refirió a la presencia de la televisión en la cotidianeidad de las familias. Esa acción aún no se consolida cuando hablamos de las nuevas tecnologías.

"Cuando el macrismo lo disuelve genera las consecuencias que hoy vemos, donde no se puede hacer un correcto uso de las tecnologías”, afirmó. Por eso, sostuvo que al concepto de “desigualdad tecnológica” se suma la desigualdad económica y social por las diferentes condiciones sociales de quienes accedían a esos aparatos. “Viene la tecnología a sumar, pero se complica más la situación porque entendemos que es un acceso desigual”, aseveró Chachagua.

Si “hubiéramos tenido una política como el Conectar Igualdad” durante el macrismo, la situación de la conectividad en la pandemia “hubiera estado parcialmente resuelta”. De esa forma, afirmó que el acceso a la información es central en este tiempo, ya sea por la necesidad de la comunicación, el entretenimiento o como acceso al mundo laboral.

En cuanto a la distribución de los aparatos, Chachagua dijo que desde el inicio del gobierno que conducía Macri, no se conocieron nuevas estadísticas sobre la efectiva entrega de computadoras en todo el país. La página que permitía esa posibilidad de registro “no se actualizó más y un año después (de 2016) desaparece”. De acuerdo a la recolección que pudieron hacer, se supone que se entregaron más de 5 millones de netbooks en todo el país desde su creación. 

Punto flojo 

Para Chachagua, desde los inicios del programa se mantuvo un punto flojo en relación a las capacitaciones dirigidas a los estudiantes y docentes. “Siempre se piensa que los niños son nativos digitales y eso no es necesariamente así porque ahí justamente se hace presente la desigualdad de acceso”. “Algunos saben usar las computadoras, algunos bajan juegos, pero no saben apropiarse el dispositivo”, reiteró.

De acuerdo a las evaluaciones, se vio que los docentes contaban con capacitaciones a nivel nacional, pero no bajaban al territorio. Para Chachagua, “faltó hacer un diagnóstico de lo que se sabía” antes de lanzar la política pública. “No es una cuestión generacional sino de capacitación y uso porque no se podía acceder a una capacitación online sin saber prender una computadora”, destacó. 

Ante el inicio de la cuarentena obligatoria, se hace una transición del sistema educativo de lo presencial a lo virtual “como si nada hubiera pasado” y se genera “un choque” que hace saber que el ámbito virtual y presencial no eran lo mismo. “Los docentes nos enfrentamos a enseñar a través de una pantalla sin saber cómo están los niños del otro lado” o con ellos mismos sin tener las herramientas audiovisuales necesarias. 

Más allá del análisis argentino, Chachagua también hizo hincapié en la situación latinoamericana, donde “las políticas de inclusión se vieron frenadas con el avance de la derecha, haciendo que desaparezcan”. En Uruguay existía el Plan de Conectividad Educativa de Informática Básica para el Aprendizaje en Linea (CEIBAL) que mantenía rasgos similares con la experiencia argentina y fue eliminado.

Diferencias entre la urbanidad y la ruralidad

En la tesis doctoral que defendió Chachagua en 2018 resaltó las diferencias presentes sobre el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) entre las escuelas urbanas y rurales de Salta. Mientras que en la escuela de las ciudades la computadora se utilizaba “como un elemento más para apoyar la educación”, en las instituciones alejadas a la Capital y mediadas por las TICs, esta “era la única herramienta por la que se podían comunicar”. En Salta, existen 14 sedes mediadas por las TICs. 

La sede Santa Teresa es la escuela mediada por TIC 5212. Se ubica en el departamento Anta y no cuenta con señal de teléfono, ni luz eléctrica de red, ya que se abastece por paneles solares. En ese caso, “el acceso a internet es central y el acceso a los dispositivos también, para poder estudiar”, subrayó Chachagua. “Ahí encontrás que en la misma provincia se supera cualquier cuestión estadística o concepto de inclusión digital. Para la ruralidad se tiene otra percepción, otra llegada y otro uso de las tecnologías”.

Si bien en el ámbito urbano se sostiene lo de “no usar redes sociales” en clases presenciales, en la ruralidad “se usa toda la tecnología y todos los formatos disponibles para mantener el contacto con los estudiantes”, señaló. A modo de ejemplo, los docentes fortalecen los procesos de enseñanza mediante audios de WhatsApp.

Para Chachagua, la “revolución tecnológica educativa se va a dar cuando se generen todas las condiciones en todos los niveles” de la comunidad educativa. Esto viene a cuenta de las condiciones sociales y económicas, vista más claramente en la garantía salarial de los docentes. “Los sueldos docentes son bajos por lo tanto algunos llegan a tener hasta tres escuelas donde enseñar y obviamente no le queda tiempo para hacer capacitaciones virtuales”. “Necesitamos que el sistema educativo se modifique en pos de una comunidad igualitaria”, expresó Chachagua. 

¿Cómo se tendría que volver?

De acuerdo a lo estudiado, la política pública más apropiada según las investigadoras es el “uno a uno”, sea docente o estudiante. “Primero, volver a la cuestión del uno a uno te da la posibilidad de comodato, es decir, que el aparato le queda a cada uno”, dijo Chachagua. Y en esa línea, se entiende después “la política pública como un derecho” y el “acceso a la tecnología como educación”.

Ese planteo conlleva la necesidad de profundizar el acceso a Internet, que “va de la mano”. Además, porque para la investigadora, representa “una deuda pendiente” en el país. En su momento se creó el Plan Argentina Conectada, lanzado en 2010 por Cristina Kirchner, pero "no tuvo la aplicación que se había pensado porque tampoco hubo mucho tiempo para hacerlo y con el gobierno de Macri no se dio la continuidad”, consideró.

Ante ello, planteó que el acceso a Internet es central porque “una computadora no sirve si no hay internet”. Ya en 2016, la Organización de las Naciones Unidas declaró el acceso a Internet como un derecho humano. Y en sintonía, la investigadora sostuvo que el derecho a la comunicación y a la información estaban establecidos desde hace años y que, hoy por hoy, Internet es un medio para cumplirlo.

Por eso, consideró que el papel del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) es necesario para impulsar “la alfabetización digital”. “Esto implica una gran inversión del Estado en la formación docente que ya se había creado durante el kirchnerismo y hoy se está recuperando”, finalizó la investigadora del Conicet.