El Congreso tendrá una agenda agitada en lo que queda del año si la pandemia comienza a ceder. Aunque en una primera etapa estará solo limitada a “temas acordados” con la oposición mientras se aplique el protocolo para sesiones virtuales mixtas  que fue extendido hasta el 3 de agosto. En Diputados, el Frente de Todos dará prioridad a los proyectos económicos del gobierno: una amplia moratoria impositiva, la renegociación de la deuda pública bajo legislación local, y ampliación del prorrogado presupuesto de 2019. En tanto, el oficialismo espera que el endurecimiento del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio baje la curva de infestados por coronavirus para acelerar una postergada agenda. Una lista que incluye proyectos para afrontar las consecuencias económicas de emergencia sanitaria y la pospandemia, como el tributo excepcional a las grandes fortunas y la reforma tributaria, así como la reforma a la Justicia Federal y a la ley de inteligencia. A las que el Gobierno sumaría la reforma a la Corte Suprema, un nuevo blanqueo de capitales y la nueva fórmula para la movilidad jubilatoria.

El Gobierno se muestra dispuesto a retomar la agenda “fundacional” que se había trazado y que, a poco de asumir, se desmoronó ante el avance del coronavirus. Aunque la evolución de la emergencia sanitaria será la que marque el ritmo parlamentario.

El Frente de Todos logró acordar con la oposición, que la Cámara de Diputados debata temas económicos impulsados desde el Gobierno ante la emergencia. Fue uno de los puntos para destrabar la prórroga por otros 30 días de las sesiones virtuales mixtas, que el interbloque opositor condicionó a “solo temas acordados” por todas las bancadas y con “dictamen de comisión” para llegar al recinto.

Comenzará esta semana a tratar una amplia moratoria impositiva que permita a empresas y contribuyentes afrontar una recuperación económica pospandemia. También una ampliación del “reconducido” presupuesto de 2019 (aprobado durante la administración de Cambiemos), que el Gobierno se proponía modificar tras la todavía dilatada renegociación de la deuda con los bonistas extranjeros. La renegociación de la deuda emitida bajo jurisdicción local será otro de los puntos urgentes.

Durante la videoconferencia que el presidente Alberto Fernández mantuvo --junto al ministro Martín Guzmán- con los gobernadores la semana pasada y en la que recogió el respaldo a la propuesta argentina a los bonistas extranjeros, el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, hizo extensivo otro pedido a los mandatarios provinciales: “el respaldo contundente” de sus legisladores a estos tres proyectos del gobierno.

Los gobernadores peronistas y no pocos opositores, comprometieron su apoyo. Cerca de Massa afirman que "los radicales Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Valdéz (Corrientes), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Arabela Carreras (Río Negro) y el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta dieron el visto bueno al respaldo".

La agenda inmediata también incluirá un proyecto del Frente de Todos que ya tiene dictamen de comisión para un Plan de Auxilio, Capacitación, Infraestructura y Promoción del Turismo, con una fuerte inversión estatal que alcanzaría unos 16 mil millones de pesos. Un tema en el que coincide Juntos por el Cambio, aunque la bancada opositora presentó su propio proyecto para declarar la emergencia de la actividad turística.

En tanto, otras iniciativas más conflictivas se mantienen stand by ante la exigencia opositora de tratarlas solo en sesiones “presenciales”. Es el caso del tributo extraordinario y por única vez a las grandes fortunas, que alcanzaría a 11 mil personas con patrimonios superiores a 200 millones de pesos y que permitiría recaudar 3 mil millones de dólares destinados a enfrentar las consecuencias económicas de la covid.

Un tema que el oficialismo no está dispuesto a resignar y pretende acelerar. “Queremos que se trate, hay aval y ratificación de llevarlo adelante”, afirmaron a PáginaI12 distintas espadas parlamentarias de Frente de Todos. Mucho dependerá del destino especifico que se le asigne a la recaudación por el tributo. La urbanización de barrios populares que cuenta con una ley nunca ejecutada en tiempos macristas, la ayuda económica a la pymes y a proyectos productivos estratégicos podría conseguir el respaldo necesario en otras bancadas opositoras, como el lavagnismo. Un tema clave para su aprobación.

Otros proyectos –según sostienen fuentes parlamentarias del oficialismo— “dependen del Gobierno”. En Casa Rosada manejan sus propios tiempos para enviar al Congreso iniciativas que el propio Presidente anunció ante la Asamblea Legislativa en la asunción de su mandato: la reforma judicial que alcanzaría al fuero federal y una reforma a la ley de inteligencia. Al que luego se sumaron otros como la reforma tributaria.

En el Senado, el oficialismo espera la decisión del Ejecutivo sobre la reforma judicial, para buscar avanzar en la implementación total del Código Procesal Penal acusatorio en manos de los fiscales.

Aunque en las últimas horas trascendieron otras prioridades del Gobierno sobre proyectos que debería abordar el Parlamento: un nuevo blanqueo de capitales, la nueva fórmula de cálculo para el ajuste automático de jubilaciones y pensiones, suspendida desde la implementación de la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva declarada antes del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio por la pandemia, y en la que ya trabaja la comisión que integra el Ejecutivo con representantes parlamentarios. Además que la reforma judicial incluya posibles cambios en la actual composición de la Corte Suprema de Justicia. “Son temas que se están analizando”, admitieron desde el Gobierno a PáginaI12.

Lo que anuncia un segundo semestre agitado, si la pandemia lo permite.