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Las movilizaciones en Bolivia volvieron a tomar impulso en Sica Sica, ubicada al sudeste de La Paz, a donde está previsto que los maestros en huelga lleguen este martes. La convocatoria se amplió cuando la Central Obrera Boliviana (COB) llamó a marchar en los nueve departamentos del país. También se integró la Federación Sindical de Trabajadores Mineros (FSTMB) histórica columna vertebral del movimiento gremial organizado. Todos unidos confluirán en la capital y varias ciudades más con demandas hacia el gobierno golpista de Jeanine Añez. Van desde los pedidos de renuncia a un par de ministros – el de Educación Víctor Hugo Cárdenas y el de Trabajo, Oscar Toto Mercado - hasta una política sanitaria de la que el régimen carece para enfrentar la pandemia. La dinámica del conflicto social empieza a notarse en las calles como en los días inmediatos posteriores a la asonada cívica y militar que terminó con la salida de Evo Morales hacia el exilio en México.
El denominado “ampliado” de la COB finalmente se decidió a lanzar una Agenda Nacional de Lucha de 13 puntos, que incorpora al listado de reivindicaciones las de sectores que no están sindicalizados. Una lucha que Orlando Gutiérrez, dirigente de la FSTMB, definió como “un pequeño aviso, en realidad un ensayo”. El referente gremial minero le sugirió al gobierno de facto que “esté preparado porque el pueblo ya está cansado de tanta persecusión politica y de tanta discriminación”. Fue durante un diálogo telefónico que mantuvo con Página/12 desde la capital paceña que en las próximas horas se verá abarrotada por miles de trabajadores.
Gutiérrez integra la conducción de la COB cuyo máximo dirigente, Juan Carlos Huarachi, informó que la central obrera se moviliza para “hacer respetar los derechos constitucionales, laborales, el derecho a la salud, a la educación que son temas estructurales”. El gremialista había anticipado en la conferencia de prensa que dio en La Paz: “esta es una primera acción de lucha y si no existe atención de parte de las autoridades, las medidas se masificarán”. El régimen encabezado por Añez – quien contrajo covid-19 – hizo algunos anuncios para atenuar una crisis general que se le fue de las manos. La semana pasada la senadora devenida en presidenta anunció el lanzamiento del Plan de Mitigación de los efectos de la covid-19 para los pueblos originarios. Explicó que consistirá “en apoyar con alimentos, medicamentos y equipos a más de 62 mil familias en diferentes departamentos del país”.
Las marchas anunciadas se repetirán si no hay respuestas, más allá de las políticas cosméticas con que Añez pretende ganar tiempo hacia las elecciones programadas para el domingo 6 de septiembre. Todo indica que las movilizaciones se harán con la disciplina que suele verse en Bolivia cada vez que los obreros y campesinos toman las calles de las grandes ciudades. Huarachi remarcó que los sectores que participarán “deberán encargarse de que haya un control de bioseguridad”.
La errática política sanitaria del gobierno es cuestionada porque no hay un plan claro para afrontar la pandemia y tampoco medidas para canalizar la creciente demanda del controvertido dióxido de cloro. Se trata de un compuesto químico cuya venta provoca largas filas en la mayoría de las farmacias de Bolivia y que ya escasea como lo difundió un informe de la agencia española Efe desde Cochabamba. Huarachi declaró que los trabajadores reclaman que se apruebe su comercialización para tratar la covid-19, una situación que choca con la opinión de la comunidad científica internacional que desaconseja su ingesta. Sin embargo, en Bolivia hay una especie de fiebre por el dióxido de cloro, un compuesto que se utiliza en desinfectantes y otros usos industriales.
El país llegó el fin de semana a su récord de 1.635 contagios diarios y 47.200 en total, como títuló en su tapa el diario El Deber de Santa Cruz. Es en este departamento – el equivalente territorial a una provincia argentina- donde se mantiene con holgura la mayor cantidad de infectados de toda Bolivia. Al sábado se llevaban registrados 24.625 casos, más de la mitad del país y muchos más de los que tienen La Paz y Cochabamba. Las otras dos ciudades densamente pobladas cuyas cifras demuestran que rondan la quinta parte de aquella cantidad de contagiados.
A la crisis sanitaria, social y económica, Bolivia suma una situación política explosiva porque las elecciones convocadas para el 6 de septiembre ya despiertan sospechas de fraude en el MAS, la fuerza mayoritaria que lidera el ex presidente Evo Morales. Una hipótesis que comparte Gutiérrez en nombre de la Federación de Mineros y por eso su convocatoria a la marcha de mañana: “entre nuestras peticiones está que se garanticen las elecciones nacionales el 6 de septiembre. Por otro lado, algo más de 4,5 millones de personas han sido depuradas de los padrones para los comicios. La lista es tremenda y si bien es cierto que en cada elección se hace, el número es infladísimo y estamos peleando también para que se amplíe la fecha del cierre de inscripciones. Con la pandemia muchos han cambiado de domicilio, de localidad, de ubicación real. Entonces para nosotros esa es una clara muestra de que están incitando a iniciar el fraude” informó el dirigente que fue lanzado por la COB como precandidato a vicepresidente por el MAS junto al ex canciller David Choquehuanca, quien iba como presidente.
Finalmente se decidió en Buenos Aires que el ex ministro de Economía de Evo, Luis Arce Catacora, encabezara la fórmula masista. Todos en el partido más grande del país, irán ahora detrás del responsable del plan económico boliviano con fuerte presencia del Estado que elogió hasta el propio FMI.
La COB plantea ahora la sustitución del ministro de Trabajo Toto Mercado porque entre otras medidas “dio total prioridad a los empresarios privados y dejó de lado y en la calle a muchos trabajadores, hubo reducción de salarios en el sector minero, cierres masivos en el sector fabril y el ministro lamentablemente ni siquiera opera desde la oficina. Está en Cochabamba cuando su ubicación central es La Paz”, denunció el dirigente minero Gutiérrez.
