Martin Luther King hizo famosa la frase: “Tengo un sueño, un solo sueño, seguir soñando. Soñar con la libertad, soñar con la justicia, soñar con la igualdad y ojalá ya no tuviera necesidad de soñarlas”. Es probable que esta frase refleje el sentido teleológico del Ingreso Básico Universal o Renta Básica o Ingreso Universal Ciudadano, según ha sido bautizado por distintas personas u organizaciones que han dedicado tiempo de estudio a esta temática. Personalmente me gusta el nombre Ingreso Básico Universal (IBU), ya que la palabra “renta” no es de uso común en nuestro país y proviene de la traducción al español del “Basic Income”. Por otro lado, cuando se habla de Ingreso Ciudadano lo que se está diciendo es que el ingreso debería percibirlo al unísono toda la población. Sobre este último concepto creo que es la idea madre de cualquier sistema de estas características, pero en un país como Argentina, con los niveles de pobreza que tiene y la crisis que dejará la pandemia, lo primero que debemos hacer es poner el esfuerzo en resolver lo más importante: eliminar la pobreza.

La idea que el estado distribuya dinero entre sus habitantes, en especial entre los que menos tienen, no es nueva. La primer experiencia proviene, según cuenta Rutger Bregman en “Utopía para realistas”, de 1795 en Speenhamland, bajo la figura de un programa asistencial creado para hacer frente a las hambrunas que padecían los trabajadores. Luego de Speenhamland hubieron cientos de experiencias, en Canadá, en Estados Unidos y en varios lugares más, recopiladas prolijamente por Bregman, con resultados positivos. Seguramente la más exitosa fue, y en cierto modo sigue siendo, la de Alaska, donde una tierra inhóspita, gracias a un ingreso ciudadano financiado por las regalías petroleras, se transformó en un estado pujante. Allí el Estado deposita, mensualmente, dos mil dólares en la cuenta de cada ciudadano.

El IBU propuesto consiste en una transferencia de dinero a personas entre 18 años y la edad correspondiente a su jubilación, que tengan ingresos inferiores al salario mínimo, vital y móvil (SMVM). El monto de la prestación se correspondería con el SMVM y los menores de 18 años mantendrían su cobertura bajo la AUH. Su naturaleza jurídica refiere a un derecho de ciudadanía, que pone en práctica el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y no es un reemplazo del salario. No obstante ello, en la práctica sería un seguro de desempleo universal, pudiendo ameritarse el requerimiento a los beneficiarios de condicionalidades razonables, entre ellas capacitación y prestación de servicios temporales.

En nuestro país numerosos funcionarios presentan motivaciones para crear algún tipo de ayuda social, algunos con la idea de lograr sumar votos e imagen, y otros motivados por una idea altruista y bien intencionada, pero en ambos casos lejos de lograr su cometido se incurre, por lo general, en un dispendio de recursos y una multiplicación de programas que lo único que logran es que algunas personas se beneficien por partida múltiple mientras que otras no reciben nada. Por otro lado, tanto a nivel nacional, provincial y municipal, existen estructuras que se superponen en la atención de los más necesitados, lo cual puede atribuirse a la carencia de coordinación, siendo importante construir alguna alternativa institucional que ordene el sistema, optimice los recursos y logre una distribución equitativa. 

La puesta en marcha IBU podría hacerse por etapas: todos aquellos que se encuentren debajo de la línea de pobreza de una sola vez, o empezar por aquellos que están debajo de la línea de indigencia, o darle una prestación primero a las mujeres más pobres, o una combinación de ellas. Es decir, las alternativas son diversas, lo central es armar una estrategia adecuada para luego avanzar.

Quizás el tema más importante y que generalmente se soslaya es el del financiamiento. Se acepta plácidamente la eterna crítica neoliberal de que nada se puede hacer socialmente porque es caro y “afecta” la producción, falacia eterna de los dueños del capital. En primer lugar, hay que considerar que la implementación del programa requiere, por un lado, la unificación y optimización de los recursos de los planes sociales hoy vigentes, lo cual significa incorporar una significativa fuente de ingresos al sistema. Y por otro lado, debe considerarse el efecto positivo que el IBU tendrá sobre el consumo popular y por ende sobre los recursos fiscales asociados a éste que retornarán al Estado. De todas maneras, considero oportuno señalar que existe un conjunto de posibles fuentes que pueden financiar un programa de estas características:

* La reimplantación de las contribuciones patronales, que representan el 2,99 por ciento del PBI, las cuales han sido y son una transferencia neta de recursos de los trabajadores a los empleadores.

* Fijar alícuotas diferenciales en el Impuesto a los Bienes Personales, cuanto mayores son los activos mayor sería la alícuota.

* Efectuar distintas escalas para las desgravaciones del impuesto a las Ganancias: a mayores ingresos, menor posibilidad de hacer deducciones.

* Reponer el impuesto a la transferencia gratuita de bienes, más conocido como impuesto sucesorio, derogado por la dictadura militar y nunca repuesto. Todos los países desarrollados lo tienen y lo mismo ocurre con Uruguay, Brasil y Chile.

La Impelmentación del IBU o de cualquier programa similar requiere que el conjunto de las personas de buena voluntad asuma un compromiso solidario, un nuevo pacto democrático, una declaración de fe en las capacidades de nuestra sociedad para realizar una epopeya nacional, como la que llevaron adelante nuestros patriotas, nuestros héroes y nuestros mártires, solo así será posible. Todos aquellos que estemos en una posición social y economica mas ventajosa deberemos resignar algo a favor de los que menos tienen. Ese es el camino que recomendaba Agustín Tosco con aquello de “…todos juntos, trabajadores, estudiantes, hombres de todas las ideologías, de todas las religiones, con nuestras diferencias lógicas, sepamos unirnos para construir una sociedad más justa, donde el hombre no sea lobo del hombre, sino su compañero y su hermano”.

* Abogado, ex director del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social.