A más de un mes de la represión a los trabajadores remiseros y de la imputación a siete de ellos, el juez de Garantías 4,  Diego Rodríguez Pipino, negó el pedido de autorización para que los seis que guardan prisión domiciliaria pudieran salir a trabajar. 

En esa misma resolución, del 7 de julio, el magistrado ordenó la prisión preventiva del séptimo trabajador detenido, Marcos Carabajal. Para eso el juez consideró los conceptos de “peligro de fuga” y “peligro de entorpecimiento” para mantener las imputaciones y las detenciones.

La detención de los trabajadores se produjo en el marco de una represión policial, el 11 de junio, frente de la Legislatura de Salta. Los siete están acusados de una suma de delitos: coacción agravada, resistencia a la autoridad, daños calificados y lesiones en perjuicio del personal policial, y están detenidos, con la modalidad de prisión domiciliaria. Son Francisco Flores, Juan Vega, Hugo López, Joel Salvador, Martín Cruz y el delegado de la Unión de Conductores de Remises y Afines de Salta (UCRAS), Sergio Salinas. Mientras que Marcos Carabajal continúa detenido en la Alcaidía de la Ciudad Judicial de Salta porque es señalado como quien hirió a uno de los dos policías que terminaron con lesiones.

El juez a cargo de la causa, sostuvo que el pedido de autorización para trabajar por parte del abogado defensor Rodrigo Franco Anachuri “carece de fundamento que avale su pretensión aludiendo solamente a derechos humanos”. Agregó que no se presentó “dato alguno que sustente su pedido” y aseguró que conceder la autorización “desnaturaliza la prisión domiciliaria como medida menos restrictiva a la detención en establecimiento público destinado a tal fin”.

En ese sentido, decidió “no hacer lugar” al requerimiento, puesto que consideró que tampoco variaron las condiciones originales que habilitaron el dictado de arresto domiciliario, según consta en la resolución emitida.

La decisión “cayó mal” y “golpeó” a las familias de los remiseros porque “tenían la esperanza de poder trabajar y, sobre todo, en este contexto de crisis”, expresó a Salta/12 el abogado Anachuri. En reiteradas declaraciones a este medio, los familiares habían expresado el repudio a cualquier tipo de detención porque sostienen que se estaba ejerciendo el derecho a protesta por las irregularidades en su actividad laboral. Además, señalaron que los choferes son el principal sostén económico en el seno familiar. 

Rodríguez Pipino utilizó los conceptos de “peligro de fuga” y de “peligro de entorpecimiento” y creyó probable que los imputados “podrían incurrir” en una serie de circunstancias y comportamientos que “podrían hacer peligrar” la investigación. “Surge como imperiosa, la necesidad de que se asegure la presencia de los acusados a las audiencias de plenario y se someta a los designios de la justicia, en atención a la gravedad de los hechos imputados y a la pena en expectativa”, expresó.

Para Anachuri, este argumento no tiene en cuenta que los acusados no tienen antecedentes penales y que han dejado constancia del “arraigo” de su vida familiar en la provincia. Por ello, dijo que apelará la decisión en los próximos días. 

Los choferes se habían movilizado solicitando el cambio en la modalidad de entrega de licencias y pedían que sean otorgadas a los trabajadores y no a las agencias de remises, como sucede ahora. Denuncian que son explotados por las 53 remiseras que existen en la Capital, que les cobran un canon diario para permitirles trabajar con sus licencias. 

Prisión preventiva para el séptimo 

En tanto, la fiscala Mariana Poma solicitó la prisión preventiva del séptimo trabajador, Carlos Carabajal, quien es señalado como una de las personas que hirió al comisario Daniel Enrique Catacata. Poma sostiene que “restan medidas de investigación” en el caso y que la eventual libertad del detenido “nos pone en situación de un evidente peligro procesal”.

Para la fiscala, existe peligro de fuga y, además, Carabajal puede “exponer a las víctimas en peligro”, en referencia a los dos policías heridos en la represión. Catacata, quien debió prestar declaración testimonial “no se encontraba en condiciones (…) al estar internado ante las graves lesiones sufridas en el rostro”, según aseveró la fiscala. 

En la causa nada se dice sobre las heridas que fueron ocasionadas a los remiseros durante la represión y que dio como resultado la internación del propio Carabajal. Según los trabajadores, ese 11 de junio, después de permanecer horas en la Legislatura fueron llevados a la Seccional Primera, pero nunca bajaron del vehículo. Luego fueron llevados a la Alcaidía, donde Carabajal se descompensó. Después de eso, "nos derivan al Hospital San Bernardo a todos y él queda internado. Recién lo vimos a las 5 de la mañana del viernes 12 cuando lo llevaron a la Alcaidía”, relató en su momento el representante de los remiseros, Sergio Salinas. 

“Ellos (los policías) dicen que fue Carabajal quien tiró la piedra que hirió a uno de ellos, y por eso también le dieron una tremenda golpiza”, a tal punto que le desfiguraron la cara, expresó Salinas.

En tanto, Rodriguez Pipino dio lugar a los argumentos de la fiscala y consideró que de acuerdo a la averiguación policial y los elementos secuestrados, “Carabajal sería el presunto autor de la lesión sufrida por el Comisario Catacata”. Esta versión fue notificada y denunciada por el cabo Álvaro Guanca,  el segundo policía herido. Según el cabo, el remisero lesionó a Catacata cuando este intentó demorarlo y el trabajador le arrojó una piedra.

Por último, el juez afirmó que la prisión preventiva de Carabajal es “imprescindible” y que no puede ser sustituida por ninguna otra medida similar, como la prisión domiciliaria. Para Rodríguez Pipino, el detenido podría abusar de su libertad "para intentar obstaculizar la investigación y/o impedir con su fuga la sustanciación completa del proceso, por lo menos, durante esta etapa inicial de la investigación”.