Mientras los representantes de la exportadora cerealera en concurso Vicentin siguen demorando la presentación del balance por el ejercicio 2019, surgen datos que revelan el sospechoso descenso que tuvieron los activos de la empresa en las semanas previas a que declarara el default, hasta el momento en que presentara el pedido de convocatoria de acreedores. Concretamente, entre el 31 de octubre de 2019 y mediados de febrero, cuando hizo la requisitoria judicial, hay documentación que señala que los principales activos de Vicentin sufrieron pérdidas por más de 88.000 millones de pesos. Esto es, más de 1450 millones de dólares (al valor de la divisa comercial en diciembre), una cifra equivalente al total de la deuda con terceros por la que se decretó la convocatoria. Dinero o valores que, sin que hasta ahora Vicentin haya dado ninguna explicación al respecto, se esfumaron en apenas cien días. 

En base a datos y documentación de la firma auditora del grupo Vicentin, KPMG, y a información que volcó la propia empresa cabeza del holding en otra causa que se tramita en tribunales provinciales (ajena al concurso preventivo en el fuero comercial de Reconquista), el investigador Juan Chiummiento (del portal de negocios Puntobiz) pudo obtener la información sobre los saldos en las principales cuenta del Activo de Vicentin SAIC al 31 de octubre de 2019. Y luego, compararlo con los saldos en las mismas cuentas declaradas a mediados de febrero de este año, al momento del pedido de apertura del concurso de acreedores.   

Evaporados

El principal ítem del activo de la cerealera es Bienes de Cambio, que entre materias primas (granos comprados a los productores), productos elaborados (aceites, harinas y otros derivados del procesamiento) y otros rubros menores (insumos, productos de reventa) totalizaba una cifra superior a los 84.000 millones de pesos a octubre de 2019. 

Tal como señala el artículo de Chiummiento, cien días después, en el informe de activos y pasivos que Vicentin presentó al momento de solicitar el concurso de acreedores, la cuenta Bienes de Cambio presentaba un saldo de 610 millones de pesos.  Es decir, menos del uno por ciento que el saldo que tenía a fines de octubre. 

Si esas materias primas, insumos y productos elaborados se hubieran convertido en producto final y ya se hubieran vendido, ese valor debería aparecer en el activo trasladado a caja o bancos, si se cobró, o en Créditos por Ventas, si se vendió en cuenta corriente y aún no se hubiera cobrado. 

Sin embargo, los saldos de estas últimas cuentas en vez de explicar el circuito que siguieron los bienes de cambio, agrandan los interrogantes. El saldo de Créditos por Ventas, que el 31 de octubre ascendía a 8295 millones de pesos, al mes de febrero siguiente había caído prácticamente a la mitad, 4292 millones de pesos. En la cuenta Caja y Bancos, contra un saldo a octubre de 2019 de 664 millones de pesos, quedaban al mes de febrero de 2020 apenas 40,8 millones de pesos. 

En resumen, mientras que de la cuenta Bienes de Cambio se habían evaporado unos 83.500 millones de pesos, en Créditos por Ventas se habían perdido 4000 millones más de activos y en Caja y Bancos, otros 600 millones, en números redondos y aproximados. Es decir, en conjunto de estos tres rubros del activo se esfumaron alrededor de 88 mil millones de pesos en apenas cien días. 

Con estos datos sobre la mesa, no son pocos los que especulan acerca de las verdaderas razones por las cuales las autoridades de Vicentin (Gustavo y Sergio Nardelli, y Alberto Padoan, los principales) resolvieron demorar ad eternum la presentación del balance ante el juzgado comercial de Fabian Lorenzini. Los números del mismo, al 31 de octubre de 2019 (fecha del cierre del ejercicio) no podrían reflejar la situación de "estrés financiero" denunciada apenas 35 días después, y mucho menos los movimientos patrimoniales que derivaron en la convocatoria de acreedores y la declaración de imposibilidad de pagar sus deudas y carencia de activos líquidos para responder por ellas. 

Lo sospechaban

Esa misma sospecha quedó reflejada en la ampliación de prueba (o segunda solicitud) del procedimiento de "discovery" que el Comité de Bancos Acreedores de Vicentin presentó ante los tribunales de Nueva York, en los últimos días de junio. Allí sostiene:

"El Comité, una vez más, busca la asistencia de este Tribunal para obtener los registros financieros que son necesarios para llegar a la verdad de una situación que tiene todas las características de ser la mayor irregularidad financiera internacional". En función de ello, le reclama todos los "registros de las transferencias bancarias relacionadas con Vicentin y sus empresas controladas, conocidas o sospechosas de serlo, con el objetivo de averiguar el verdadero destino de los recursos sustanciales de Vicentin”.

El Comité de acreedores financieros del exterior de Vicentin representa, en conjunto, reclamos de deuda por más de 500 millones de dólares y lo integran desde instituciones multilaterales, como el CFI (perteneciente al Banco Mundial) hasta bancos de la talla de Credit Agricole (Francia), ING Bank, Natixis New York y los holandeses Rabobank y FMO. 

Recuerda el comité de entidades financieras internacionales que en julio de 2019 "Vicentín proveyó a los miembros de este Comité registros financieros que reflejaban un desempeño robusto y equilibrio y cientos de millones de dólares de activos. Luego, en diciembre 2019, sin aviso previo ni explicación, Vicentín colapsó financieramente, cesando sus operaciones. Debido a esto, se evidencia que Vicentín no solo falseó las amplias reservas que había declarado previamente, sino que también adeudaba aproximadamente 400 millones de dólares a proveedores de materia prima".

"El Comité descubrió cientos de millones de dólares en transferencias de la Empresa (y sus sucursales y subsidiarias) a otras compañías propiedad de los accionistas de Vicentin, aparentemente sin ningún tipo de razón. Estas transferencias pueden representar un esfuerzo continuo para extraer el dinero en efectivo ganado por Vicentin para ponerlo a salvo de reclamaciones de los acreedores de la Empresa. Si se prueba, estas actividades de "trasvasamiento" muy bien pueden constituir un delito penal según la ley argentina", declara el grupo de bancos acreedores del exterior.