La Cámara de Diputados de Salta dio media sanción al proyecto de ley enviado desde el Poder Ejecutivo que declara la emergencia del sector turístico por 180 días, y por el cual lo exime durante ese período del pago de los tributos provinciales.
Para encuadrar como beneficiarios de la ley a las personas o Pymes, deberán tener una facturación en términos nominales correspondiente a junio de 2020 igual o inferior a la del mismo mes de 2019, algo que se da por descontado en la mayoría de los rubros del sector debido a la parálisis total que sufrieron desde el 19 de marzo.
Se considera para la ley como actividades del sector: el servicio de transporte con afectación exclusiva para la actividad turística; hoteles y demás alojamientos turísticos; establecimientos gastronómicos; agencias de viajes y turismos; guías de turismo; turismo alternativo; turismo de reuniones; rent a car y toda otra actividad turística que se incluya a criterio de la autoridad de aplicación.
Las medidas de alivio fiscal que quedarán vigentes en cuanto el proyecto obtenga la sanción en el Senado son en primer lugar la exención del pago del impuesto a las actividades económicas y del impuesto al sello para el período 2020, y el diferimiento de los mismos conceptos en un 50% para el ejercicio de 2021.
También prevé las suspensiones de diferentes cánones y permisos, como, por ejemplo, el que se paga para la venta de bebidas alcohólicas. Además, ofrece el asesoramiento y apoyo estatal para la presentación y tramitación de tarifas diferenciales ante las empresas de servicios y facilitar avales desde el Estado a las empresas para la obtención de un crédito, entre otros, “con el objeto de otorgar previsibilidad al sector y asegurar la sustentabilidad de la actividad turística”, según expresan los fundamentos de la iniciativa.
La contraprestación exigida a los beneficiarios de la ley es que no despidan empleados sin causa o por la crisis, en caso de que eso suceda, perderán todas las ayudas fiscales.
En líneas generales el proyecto de ley fue apoyado por todos los diputados, algunos de los cuales plantearon avanazar con iniciativas similares para otros rubros que también sufrieron en forma directa las consecuencias de la pandemia y el aislamiento.
El único artículo cuestionado fue el sexto, que establece destinar el 75% de la recaudación por el impuesto a la tómbola para potenciar el turismo. Allí Carlos Zapata (Ahora Patria) indicó que tomando en cuenta el ejercicio 2019, se recaudó mensualmente en ese concepto 2 millones de pesos, por lo que solamente se podría utilizar 1.500.000 para el objetivo previsto.
La propuesta del diputado, que fue rechazada por el oficialismo, era que se afecte hasta un 10% del total recaudado por el canon de juego de azar, lo que llevaría esa suma a unos 44 millones de pesos.
El proyecto fue aprobado por unanimidad con la abstención de Claudio del Plá (PO), que si bien consideró que “da un respiro a sectores que lo necesitan”, no alcanza a todos los que también dentro del rubro necesitan asistencia, pero a su vez beneficia a empresarios que podrían hacer frente a la crisis sin ayuda estatal.
En tanto Héctor Chibán (UCR) pidió abstenerse por ser propietario, junto con su familia, de un hotel, así que consideró que no sería ético votar una ley que lo podría beneficiar.
Sesión virtual
Ayer fue la primera vez que se realizó una sesión ordinaria de carácter virtual en la Cámara de Diputados, ya que hasta el momento el sistema se había utilizado para la apertura del período legislativo del 1 de abril y reuniones con ministros.
Diputados considera que las sesiones deben ser solamente presenciales o virtuales, no incluye un sistema mixto. Por ese motivo ayer en el recinto solamente se encontraban el presidente, Estaban Amat, el vicepresidente primero, Ignacio Jarsún, que era el encargado de relevar a Amat cuando se levantaba del estrado.
También ingresaron al recinto los secretarios legislativos y administrativos, Raúl Medina y Gastón Galíndez, y una dotación mínima de empleados.
En términos generales, más allá de algunas dificultades técnicas leves, la experiencia fue positiva, ya que todos los legisladores pudieron hacer uso de la palabra y al momento de la votación no hubo ninguna objeción sobre la metodología o el resultado.