Desplazados de sus territorios ancestrales, muchos pueblos indígenas viven en zonas aisladas, sin acceso al agua potable ni a recursos para alimentarse, donde los servicios de salud son limitados o inexistentes. Con la propagación del COVID-19, se acrecentaron las desigualdades sociales y la vulnerabilidad de estas comunidades frente a cualquier contingencia, situación compartida por afrodescendientes, migrantes y otros grupos sociales que viven al día y en condiciones de hacinamiento. Tanto en los asentamientos como en la periferia de las grandes ciudades, el temor por los riesgos de contagio frente a la pandemia convive con la preocupación por la cena de hoy y el almuerzo de mañana.
En paralelo, recrudeció la discriminación por parte de diversos sectores y la violencia institucional infringida por las fuerzas de seguridad, las instituciones y servicios de salud, justicia y educación, producto de la naturalización de “representaciones racistas” por parte de la sociedad.
Para Marcela Brac, integrante del Instituto de Ciencias Antropológicas (ICA) de Facultad de Filosofía y Letras de Universidad de Buenos Aires (UBA), si bien la implementación del aislamiento social, preventivo y obligatorio “se realizó con el propósito de prevenir el aumento de contagios y preservar la salud y seguridad de las personas, en algunos casos el contacto se representa en términos de peligrosidad y temor hacia quienes padecen la enfermedad, antes que preocupación por su estado de salud”. “Esta situación no es generalizada, sino que se encarna en casos puntuales”, afirmó la antropóloga, docente de la Universidad Nacional de Luján (UNLu), en diálogo con el Suplemento Universidad.
La violencia institucional ejercida contra les jóvenes qom del barrio Banderas Argentinas, en la localidad chaqueña de Fontana, a fines de mayo, se inscribe “en el marco de violación de derechos humanos cometidos a lo largo de la historia argentina contra gran parte de los ciudadanos, en este caso, los pueblos originarios”, afirmó Brac.
“En general, la sociedad argentina identifica el racismo estructural existente en otros países, como Estados Unidos, pero se muestra menos propensa a la reflexión crítica sobre la situación nacional”, reflexionó. Asimismo, explicó que esa línea de pensamiento “sustenta la concepción de la supremacía blanca y la alimenta en el ‘fetiche de los barcos’: ‘Los argentinos descendemos de los barcos, por cierto, no esclavistas’ es un relato totalizador de la identidad nacional que invisibiliza otras identidades”.
Según la investigadora, las desigualdades socioeconómicas actuales y los mecanismos de exclusión social “se expresan de formas violentas y manifiestas, pero también de maneras soterradas, más silenciosas y que buscan reafirmar cotidianamente jerarquizaciones sociales en relación a la pertenencia étnica”.
En esa línea, Malena Castilla, integrante del ICA y docente de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), advirtió que la “negación e invisibilización de los pueblos indígenas y sus problemáticas” también implica la “inexistencia o falta de implementación de políticas públicas destinadas a esta población”.
Castilla subrayó que “estas dinámicas de violencia se ejercen históricamente” y, en comunicación con este suplemento, hizo suyas las palabras del comunicado de repudio publicado por la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) sobre lo ocurrido en Fontana con extensión a “toda la provincia”: “Es imperativo detener los aumentos de los niveles de violencia y de despojo que sufren estas poblaciones. Despojos históricos, de sus territorios, sus culturas, sus lenguas, sus modos de vida, su religiosidad, su dignidad, sus nombres…”.
En consonancia con sus colegas del ICA, Laura Weiss dijo que “estás dinámicas y su profundización evidencian y ponen en tensión el interjuego entre una ciudadanía hegemónica y las ciudadanías indígenas, e incrementan aún más las desigualdades de acceso a derechos económicos, sociales y culturales”.
“En un contexto de creciente inseguridad alimentaria” y de difícil “acceso al sistema de salud público y estatal, son las propias organizaciones indígenas y comunitarias las que generan lazos de contención desde sus trayectorias políticas y organizativas y en articulación con organizaciones sociales, sindicales y políticas, pero también instituciones escolares y organismos de desarrollo social y de salud”, apuntó Weiss.
Voces de las comunidades
Lecko Zamora, miembro del pueblo wichí e integrante de la comisión asesora del Programa Pueblos Indígenas (PPI) de la UNNE, consideró que “el Estado debe hacerse cargo con honestidad para contrarrestar el daño ocasionado por más de dos siglos”. Según Zamora, eso implica “inculcar y formar a los compatriotas, en especial a funcionarios privados y públicos, en los derechos y valores de los pueblos indígenas” y, a su vez, “enriquecer a los programas de estudios de las escuelas primarias, colegios secundarios, terciarios y universidades”.
En tanto, Libia Tujuayliya Gea Zamora, médica wichí y colaboradora de la Iniciativa para la Erradicación del Racismo en la Educación Superior de la Cátedra Unesco “Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina” de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), aseguró que la formación de médicos en “interculturalidad y salud” es una deuda pendiente.
En diálogo con este suplemento, la médica destacó la importancia de “entender y respetar las prácticas ancestrales de los pueblos y los conceptos de salud/enfermedad” que manejan. En ese sentido, afirmó: “En Argentina no hay un sistema de salud intercultural que respete la diversidad cultural”. También apuntó que “no hay suficiente personal de salud en territorio y no tenemos insumos”.
Por su parte, Daniel Loncon, miembro del pueblo mapuche e integrante de la Secretaria de Extensión de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), explicó que en Chubut la pandemia “profundizó aún más las consecuencias de muchos años de abandono estatal y evidenció claramente que no existe una política pública, social o sanitaria diferenciada y con pertinencia cultural frente a situaciones como éstas”.
Para Loncon, “una intervención social y sanitaria más efectiva” depende de la articulación entre el Estado, en todos sus niveles, y las organizaciones indígenas y otros actores vinculados con las comunidades.
En diálogo con el Suplemento Universidad, el referente mapuche manifestó que urge “consolidar y reforzar con insumos, personal y movilidad a los hospitales rurales y reactivar los puestos sanitarios que se encuentran cerrados por falta de personal”. También señaló la necesidad de “agilizar el tránsito de las áreas rurales mediante la refacción y mantenimiento de los caminos vecinales”.
Otra de las medidas que debe tomar el Estado es “garantizar el aprovisionamiento de agua, alimentos, medicamentos y planes o programas a las personas que lo necesiten y se encuentran en comunidades alejadas y que no poseen medios de movilidad para acercarse a los centros urbanos ni dispositivos ni conexión de internet para solicitar los beneficios que ha dispuesto el gobierno nacional”, exigió Loncon.
Por una mayor conciencia
Aunque las “injusticias, inequidades y formas de violencia institucional continúan vigentes en absolutamente todos los países de la región”, el director de la Cátedra Unesco e investigador principal del CONICET, Daniel Mato, afirmó que “existen diferencias” según “las formas en las cuales cada gobierno administra el respectivo Estado”.
En otras palabras: “No es lo mismo tener que enfrentar esta pandemia en el marco de un gobierno nacional como el de Brasil, cuyo presidente reiteradamente proclama mensajes y prácticas racistas, promueve incendios en el Amazonas y practica o cuanto menos tolera asesinatos de dirigentes de esos pueblos, que hacerlo en el contexto de un gobierno nacional como el de Argentina, cuyo presidente de ningún modo incurre en esas prácticas, sino que por el contrario procura acabar con las prácticas de violencia institucional de las fuerzas de seguridad”. “Pero, el ‘Estado’ no es lo mismo que el ‘gobierno’, y este no se reduce al ‘presidente’”, reflexionó Mato.
Consultado por este suplemento, el director de la Cátedra Unesco afirmó que “la pandemia del racismo es la más antigua y letal de la historia de la humanidad” y sostuvo que las universidades contribuyeron a "construirla y diseminarla por todo el planeta mediante su monoculturalismo”, que como contrapartida tuvo “la negación, descalificación o subalternización de las visiones de mundo, lenguas, sistemas de conocimiento y modalidades de aprendizaje de pueblos indígenas y afrodescendientes”.
Así como “jugaron papeles importantes en la producción y reproducción del racismo”, las casas de estudio deben contribuir a “erradicarlo”, indicó Mato y advirtió que “no se observan respuestas concretas y efectivas por parte de la mayoría de ellas”. En la actualidad, menos de una treintena de universidades cuentan con programas institucionales estables para el desarrollo de actividades interculturales, en colaboración con estudiantes, organizaciones y comunidades, o el apoyo a alumnos indígenas.
Asimismo, Mato remarcó que en sus aulas “se forman profesionales que acaban ocupando lugares de toma de decisiones y de formación de opinión pública, espacios de formulación y aplicación de leyes y políticas públicas, y docentes que irradian la ideología racista hacia todo el sistema educativo, cuando debería ocurrir exactamente lo contrario”.
El investigador del CONICET alentó la creación de nuevos espacios de reflexión y debate, y programas contra el racismo, dirigidos a población en general y a los actores de los sistemas educativos. “Es igualmente urgente e importante que todas las universidades adopten protocolos de prevención y educación contra el racismo y la discriminación racial”, advirtió y consideró que “la experiencias pioneras impulsadas por los movimientos feministas y de mujeres pueden servir de ejemplo”.
Mientras, los contagios se multiplican y las comunidades indígenas y afrodescendientes exigen el desarrollo y la puesta en práctica de respuestas que sean apropiadas a las condiciones estructurales que las afectan, para asegurar el pleno respeto de sus derechos y culturas.
