El pasado 7 de marzo, pasadas las diez de la noche, un joven que se encontraba alojado en el Instituto de Recuperación del Adolescente de Rosario fue internado de urgencia en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria. Se trata de Pablo V., de 16 años, quien según las primeras líneas de investigación inhaló monóxido de carbono al incendiarse el colchón de la celda en la cual permanecía. También sufrió quemaduras en el 70 por ciento de su cuerpo, por lo cual fue internado en terapia intensiva. Recién seis días después del hecho la fiscal de la Unidad de Violencia y Corrupción Institucional, Karina Bartocci, recibió las actuaciones del caso y activó medidas de investigación para esclarecer lo sucedido. El hecho volvió a poner sobre la mesa el debate acerca de las condiciones del IRAR y la forma en la que el Estado provincial interviene sobre los chicos de entre 16 y 18 años en conflicto con la ley penal. Detrás de este hecho se deja ver un problema extendido en el tiempo, en el cual aparecen los funcionarios del gobierno, el Servicio Penitenciario y los trabajadores de la institución, con los pibes en el medio.
El hecho tomó trascendencia a casi una semana de que el chico fuera internado. En los días siguientes los funcionarios de la provincia dieron declaraciones. Así fue que, en diálogo con el diario El Ciudadano, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de Santa Fe, Ricardo Silberstein, brindó una versión oficial que se aleja del relato construido por los propios trabajadores del IRAR. Fuentes consultadas por Rosario/12 aseguran que en la noche del 7 de marzo Pablo estaba encerrado en su celda individual del sector 5. En la misma línea, indican que desde que el colchón, supuestamente ignífugo, comenzó a arder y a largar humo, pasaron entre doce y quince minutos para que el joven fuera asistido por una enfermera, puesto que no se encontraba presente algún personal médico. Dicen que el chico tuvo que saltar el fuego en la puerta de la celda, que salió caminando a pesar de las quemaduras, pero que a los pocos minutos se descompensó. Así fue que lo trasladaron al hospital Eva Perón de Granadero Baigorria en un móvil policial, ya que tampoco había disponible un móvil de urgencias médicas. Una vez en el hospital se constató que el joven tenía gran parte de su cuerpo quemado, y que estaban comprometidas sus vías respiratorias. Así fue que se le practicó una traqueotomía y lo dejaron internado en terapia intensiva. A su vez se vio afectado por un virus intrahospitalario que complicó aún más su estado de salud. Por su parte, el ministro Silberstein confió en que la traqueotomía fue por dicho virus, una neumonía, y no por que el chico haya inhalado monóxido de carbono, y que estuvo en terapia intensiva porque las quemaduras en la piel implican riesgo de infecciones. Desde el hospital, por su parte, son reticentes para brindar información y se limitan a indicar que el chico se encuentra estable y fue pasado a sala.
El conflicto, además de la situación de los jóvenes, también abarca el reclamo de los trabajadores por sus derechos.
Al hecho se le sumó un nuevo episodio esta semana, cuando un joven lastimó a otro con una tijera. Así, se abrió nuevamente el debate que pone en foco a las condiciones en las que se encuentra el IRAR. Desde su puesta en funcionamiento en 1999, la institución ubicada en Saavedra y Cullen ha sido blanco de distintas denuncias que dejaron en evidencia las malas condiciones del lugar y las prácticas que se llevan a cabo. Más allá de su nombre, hoy más teórico que práctico, sus trabajadores admiten que lisa y llanamente se trata de una cárcel de menores. Como ejemplo sirven las declaraciones que la jueza de Menores, María del Carmen Musa, deslizó luego de una primera inspección en el lugar en el año 2005: "Los animales en un zoológico están mejor que los adolescente en el IRAR".
En el mismo sentido se pronunció diez años después, en diciembre de 2015, el camarista Carlos Carbone cuando ordenó que se inhabilite el pabellón 6 del instituto al constatar superpoblación y pésimas condiciones de alojamiento. En agosto de 2016 el Ministerio Público de la Defensa presentó un Hábeas Corpus colectivo y correctivo en el que denunciaba no solo la continuidad del incumplimiento "de los estándares mínimos en materia de condiciones de detención de niños y adolescentes", sino que también arremetía con acusaciones por torturas y malos tratos por parte del Servicio Penitenciario que se encuentra en IRAR, y llamaba la atención sobre el difícil acceso a la educación y a la salud por parte de los chicos alojados. Como respuesta, el juez Luis María Caterina dispuso que en 30 días había que restablecer la situación. Pero fue en enero pasado que el mismo magistrado resolvió que se habían cumplido dichos requerimientos, entre los que se encontraba garantizar la salud y mejorar las condiciones del sector 5. El episodio de los últimos días puede funcionar como muestra de dicho "cumplimiento": Pablo V. se encontraba alojado en el sector 5 y los trabajadores denunciaron que no hubo personal médico que pudiera asistirlo.
Lejos quedó en IRAR el horizonte de reinserción social de jóvenes en conflicto con la ley penal. Néstor Salto en 2007, Jonatan Retamoso en 2011 y Fabián Lucero en 2012, son los pibes que le ponen nombre propio a la muerte dentro de IRAR. El primero en una situación similar a la que afectó recientemente a Pablo V., y los otros dos en hechos en que las versiones oficiales prefirieron hablar de aparentes suicidios, aunque nunca pudieron esclarecerse. La muerte también alcanza a los jóvenes que dejan la institución, como lo relevó en 2014 el Colectivo de Investigación Militante sobre los Jóvenes y el Poder Punitivo, integrado por trabajadores de IRAR, que dejó en claro que en cinco años más de cincuenta jóvenes habían sido asesinados luego de salir del instituto. Mauro Maciel, Elías Bravo, Renzo Miño, Rodrigo Udi, Jonatan Ojeda, Facundo Cárdenas y Sergio Luján, son los nombres de solo algunos de estos pibes. Los últimos cuatros, asesinados por balas policiales en fusilamientos que las versiones oficiales intentaron pasar como enfrentamientos.
"Los derechos de los jóvenes que están en el IRAR se vienen vulnerando hace tiempo", resume un trabajador del instituto en diálogo con este diario, pidiendo conservar su identidad. Es que, para los trabajadores, puede costar caro en términos laborales exponerse como denunciante de estas situaciones. "Nunca fue un lugar de recuperación de nadie, todo lo contrario", agrega. Las denuncias van contra lo mismo que apuntaron las numerosas intervenciones judiciales a lo largo de los últimos años: hacinamiento, falta de higiene, malas condiciones de salud, de alimentación, y prácticas carcelarias por parte del Servicio Penitenciario. Este trabajador puntualmente sitúa la preocupación en el llamado sector de ingreso. "Es un espacio de vejación tremendo", dice sobre el lugar que en teoría sirve para alojar y proteger a los pibes recién ingresados hasta que se defina su situación legal. "No es un lugar de paso, muchos chicos están conviviendo ahí", asegura y lo describe como un espacio que cuenta con una sala común y luego un pasillo con celdas de no más de tres metros por uno y medio, que cuenta con una cama y un inodoro a su lado. Una pequeña ventana en un costado es la única vista a la luz del sol.
Sobre las llamadas prácticas carcelarias, este trabajador apunta contra el Servicio Penitenciario. Es una lógica de castigo que atraviesa a los pibes desde antes de entrar al instituto. Llegan esposados en móviles policiales o transportes del Servicio Penitenciario, circulan esposados por el lugar, y solo los sueltan cuando cumplen horario escolar, cuando están en talleres, hacen deportes o permanecen en sus celdas. "Hemos visto situaciones de apremios y violencia", admite y agrega el aspecto por el cual cuesta que estos hechos trasciendan: "Los chicos se callan por miedo, tienen la cultura de 'no batir la cana' y se comen la costumbre de que les peguen". La confianza con los trabajadores es el nexo para que, al menos, estos episodios no sucumban ante el temor. Basta con pedir un ejemplo para que surja el relato de casos en donde los pibes son encerrados y golpeados por grupos de empleados del S.P. "De estas lógicas perversas, en un contexto de encierro no zafa nadie", explica.
Néstor Salto, Jonatan Retamoso y Fabián Lucero son los pibes que le ponen nombre propio a la muerte dentro del IRAR.
"La seguridad está saldada, pero para la calidad de trabajo, los derechos de los jóvenes y de los trabajadores no hay nada", continúa. Así, abre el debate a otra cara de este problema que también tiene su larga historia. La situación de los trabajadores de IRAR es tan compleja como la de los propios pibes y forma parte del mismo círculo. No solo apuntan a los bajos salarios y la falta de pago de las horas trabajadas los fines de semana, sino también los problemas que desencadena este "trabajo precarizado en todo sentido de la palabra". "Cuando no se tiene la posibilidad de planificar una estrategia, un abordaje integral, no hay política con sentido. Una problemática fundamental del IRAR es que no se trabajan los proyectos de egreso de los jóvenes. Se trabaja en la permanencia, como si fuera un castigo temporal, pero no se trabaja en qué va a pasar con el pibe cuando salga", explica el trabajador. En esa línea apunta a que dicho estado de precarización de los trabajadores va contra del necesario abordaje integral del paso de un joven por la institución.
En los últimos días, los trabajadores de IRAR tomaron medidas de fuerza, que incluyeron adhesión a los recientes paros. Y fue durante una medida de fuerza que sucedió el episodio de Pablo V y la agresión que aconteció está semana. "Cuando retrocedemos en la presencia con los chicos, avanza el Servicio Penitenciario, los chicos está solos con sus lógicas carcelarias", sostiene el entrevistado. Así es que los trabajadores se encuentran entre la espada, la pared y los derechos vulnerados: de ellos y de los pibes. "Los funcionarios entienden que por culpa de estas medidas de fuerza los chicos pasan estas situaciones, y así culpabilizan a los trabajadores", agrega.
Por otra parte, además del reclamo de los trabajadores, se tomaron distintas medidas desde el ámbito legislativo. Primero fue el diputado provincial Carlos del Frade, elevando un pedido de informe sobre el caso de Pablo V., sobre la actual situación de los chicos alojados en IRAR, sobre las obras llevadas en las instalaciones en los últimos años y acerca de los proyectos que recaen sobre los jóvenes que transitan la institución. Luego fue la concejala Norma López, quien solicitó el cierre definitivo del IRAR y que se reorganice la intervención estatal sobre menores en conflicto con la ley penal.
El grito de No a la baja
La agenda política a nivel nacional aprovechó una serie de delitos supuestamente protagonizados por menores de 16 años para volver a poner en debate la baja de edad de punibilidad de los menores. Así es que la alianza Cambiemos tomó la posta para encarar el proyecto que implicaría la posibilidad de penar a chicos a partir de los 14 años. En este contexto es que la situación del IRAR no se escinde del debate y surgen los interrogantes. ¿Se pretende intervenir penalmente sobre niños de 14 años para que atraviesen por el mismo sistema que hoy padecen los jóvenes desde los 16 años? "El castigo aparece rápidamente mientras que los derechos no aparecen nunca", sostiene el trabajador del IRAR consultado por este diario. "Sabemos por nuestra experiencia en el trabajo que cuando se baja la edad de punibilidad la violencia aumenta porque las cárceles son formadoras de delitos, no son espacios donde los jóvenes se recuperan", agrega y remata: "Siempre se recorta por lo más fácil, que es ir contra los derechos del pibe".
“Los derechos de los jóvenes que están en el IRAR se vienen vulnerando hace tiempo”, resume un trabajador del instituto.
En esta sintonía, tal como sucede a nivel nacional, a raíz de la puesta en agenda del proyecto de baja de edad de punibilidad, en Rosario comenzaron a juntarse organizaciones sociales, gremiales, y trabajadores de distintas áreas de niñez del Estado provincial y municipal, conformando un espacio local con la consigna "No a la baja". Gustavo Brufman, secretario gremial de la CTA Autónoma y parte del espacio, explica a Rosario/12 que esta iniciativa se da "ante una nueva ofensiva del gobierno como eje de campaña, sobre un punto muy sensible de la sociedad frente a hechos de delitos y criminalidad". Así, agrega que el gobierno nacional "niega los datos sobre la ínfima participación de menores de 16 años en delitos, que dicen que a nivel nacional hay unos 400 chicos en esta situación".
Brufman cita a la ley nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y otras normas nacionales y leyes provinciales que deberían amparar a la niñez y la adolescencia. Llevando este aspecto a la provincia, explica: "El problema es que el Estado no termina de dar los presupuestos necesarios para garantizar su instrumentación". "Así es que los institutos de menores como el IRAR siguen siendo una suerte de encarcelamiento encubierto sin condiciones ni garantías para los menores, donde encima los trabajadores del Estado que se hacen cargo de los pibes tampoco tienen condiciones dignas de trabajo", analiza.
