Las máximas autoridades en Derechos Humanos de la Nación y de las 24 provincias se reunieron de forma remota y firmaron un documento en el que manifestaron su “preocupación por los casos de violencia institucional ocurridos en los últimos meses en el país”. En diálogo con Página/12, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, resaltó que “es un hecho inédito que podamos consensuar con todas las provincias que la situación en materia de violencia institucional es grave”. Luego, agregó que “el espíritu del comunicado y de la reunión es que todos podamos trabajar fuertemente y en conjunto en la construcción de políticas para erradicar la violencia institucional”. Además, se refirió al caso de Facundo Astudillo Castro : "todos tenemos la necesidad de saber qué pasó con Facundo. Estamos poniendo todas las herramientas del Estado a disposición de la Justicia para que se pueda avanzar en la investigación", afirmó.

Todos los participantes del Consejo Federal de Derechos Humanos estuvieron de acuerdo en que la erradicación de este tipo de violencia no es solo tarea de los poderes ejecutivos. “Los graves casos que se reiteran y en los que se vieron involucrados miembros de fuerzas de seguridad, tanto federales como provinciales, en casi todo el territorio nacional, nos llevan a manifestar que, para erradicar de una vez por todas la violencia institucional de nuestra democracia, necesitamos el compromiso de todos”, dicen en el documento que firmaron. "Es necesario un Poder Judicial que avance con rapidez para el esclarecimiento de los casos, que enjuicie y castigue a los responsables; un Poder Legislativo que ponga en agenda el tema a nivel normativo; y un Poder Ejecutivo que no dude en tomar decisiones firmes que garanticen el juzgamiento y la sanción de los delitos cometidos", enumeraron.

Ante la pregunta por la agenda específica sobre la que trabajaron durante la reunión, Pietragalla respondió que “tratamos de no hablar de una provincia o situación puntual. La situación es compleja en todo el país, aunque hay jurisdicciones más difíciles por la historia más compleja que tienen con las fuerzas de seguridad”. 

Sobre el caso de Facundo Castro -el joven que lleva más de 70 días desaparecido y que fue visto por última vez cuando dos policías lo subían a una camioneta cerca de Mayor Buratovich- Pietragalla Corti comentó que, durante el encuentro, el secretario de Derechos Humanos bonaerense, Matías Moreno, explicó en la reunión en qué instancia se encuentra la búsqueda y la investigación. "Desde ambas secretarías se puso todo a disposición de los abogados y la familia del joven", aseguró Pietragalla. “Hoy está actuando la Justicia en una causa federal y esperemos que rápidamente tengamos una respuesta. Todos tenemos la necesidad de saber qué pasó con Facundo. La familia está pasando por la situación sumamente angustiante, pero todos queremos respuestas y estamos poniendo todas las herramientas del Estado a disposición de la Justicia para que se pueda avanzar en la investigación", aseguró. 

El funcionario resalta que el concepto de derechos humanos debe ser amplio y, por tanto, el combate a la violencia institucional es para su gestión un eje fundamental: “no nos puede pasar más que nos pongamos contentos por señalizar una comisaría donde se torturó en la última dictadura cívico-militar a compañeros detenidos-desaparecidos o sobrevivientes, y que después de eso, salgamos felices, y en esa misma comisaría señalizada, esa noche pueda ocurrir un caso de tortura, de apremios ilegales o un caso de violación a los derechos humanos”, graficó. “Esto es un compromiso que tenemos que asumir todos los que formamos parte del Estado y también la ciudadanía, denunciando y no avalando estos casos, ni la justicia por mano propia”.

Los funcionarios de Derechos Humanos de todo el país marcaron como prioridad la necesidad de un cambio en la formación de las fuerzas de seguridad y de que éstas lo asuman como un mayor compromiso. “Es importante que los miembros de las fuerzas entiendan que llevar adelante políticas contra la violencia institucional es una clara defensa de las instituciones y sus miembros. La habilitación a cometer actos ilegales sólo responsabiliza y genera futuras sanciones a ellos mismos y casi nunca a las conducciones políticas”, aseguraron.

Pietragalla Corti sumó que “además de ser necesarios los cambios en la formación, también es importante que las normativas provinciales y municipales estén enmarcadas en los respetos a los derechis humanos y las garantías constitucionales”. “También es fundamental garantizar los mecanismos provinciales contra la tortura. Hay provincias que todavía no los tienen aprobados y tenemos que trabajar arduamente para que todas cuenten con ello”, concluyó.

Informe: Melisa Molina.