Tras un año de investigación, finalmente dos ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri serán indagados por las serias irregularidades en favor de las concesionarias de los peajes de la Panamericana y el Acceso Oeste. En calidad de imputados, Javier Iguacel y Bernardo Saravia Frías inaugurarán este jueves y viernes, respectivamente, la ronda de declaraciones que se harán de manera remota por las medidas de aislamiento social.

Antes de jubilarse, tras haber ordenado allanamientos y escuchado a varios testigos, el juez Rodolfo Canicoba Corral llevará a cabo las primeras indagatorias por presunta defraudación al Estado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública. 

La causa que se inició a partir de una denuncia de los diputados Rodolfo Tahilade, Adrián Grana, Carlos Castagneto y Leopoldo Moreau investiga tres ejes fundamentales:

* La prórroga de las concesiones por diez años más sin llamar a una nueva licitación, como establece la ley.

* El pago a las empresas por parte del Estado de casi 500 millones de dólares por supuestas inversiones no amortizadas. 

* La venta de las acciones que Mauricio Macri tenía en Ausol S.A. a una empresa sin experiencia en el rubro, llamada Natal Inversiones S.A. El entonces presidente se desprendió de los papeles a mediados de 2017. Las acciones fueron compradas por Natal un 400 por ciento más caras de lo que valían antes de la llegada de Macri a Casa Rosada y tras la sideral suba de tarifas autorizada por su gobierno. 

Javier Iguacel

A las diez de la mañana de este jueves, el primero en ser indagado será el ex director de Vialidad Nacional Javier Iguacel. Bajo su órbita y con su firma se renegociaron en formal integral los contratos hasta el año 2030 sin una nueva compulsa. 

Ni bien asumió la gestión de Iguacel fueron desplazados varios funcionarios de carrera del organismo y más de quince ex asesores, empleados y abogados de las empresas de peajes pasaron a ocupar puestos estratégicos en Vialidad. El caso más emblemático es el de Ricardo Stoddart, socio de Marval, O'Farrel & Mayral, el estudio que representó jurídicamente a Autopistas Del Sol S.A. y al Grupo Concesionario del Oeste, hasta el 10 de diciembre de 2015, cuando pasó al otro lado del mostrador y fue nombrado por Iguacel como jefe de Asuntos Jurídicos de Vialidad Nacional. En este marco las firmas lograron amplios beneficios en los nuevos contratos.

Saravia Frías

El viernes será el turno de la indagatoria a Bernardo Saravia Frías. El ex abogado de la familia Macri pasó a ocupar el cargo de Procurador General de la Nación tras la salida intempestiva de Carlos Balbín. El cambio de nombres no fue inocente y tuvo un motivo concreto: Balbín había dictaminado a favor de los intereses del Estado ante el CIADI --el tribunal internacional dependiente del Banco Mundial--, a donde Ausol y GCO, a través de la controlante Abertis, habían denunciado a la Argentina por supuestos incumplimientos de los contratos. Balbín alegó que no se habían siquiera iniciado las instancias judiciales locales, por lo que la demanda en el CIADI no correspondía. Pero, además, aseguró que lo que reclamaban las empresas no tenía ningún sustento. La denuncia era por más de mil cien millones de dólares. Tras la postura del Procurador, contraria a los intereses de las consecionarias, fue reemplazado por Saravia Frías. Luego, en tiempo récord y sin haber realizado una sola audiencia, Abertis retiró la demanda. A cambio, el ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich anunciaba como un gran logro el fin del conflicto, a cambio de un arreglo extrajudicial. Ese acuerdo le costó al Estado 499 millones de dolares. 

Además de Iguacel y Saravia Frías, el juez dispuso el llamado a indagatoria para  Dietrich; el ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne; Stoddart y el presidente del directorio de Autopistas del Sol SA, Andrés Alfonso Barberis Martín. Sobre todos los imputados rige, además, una prohibición de salida del país debido "al estado del proceso y la gravedad de las conductas que se investigan". Según escribió el magistrado, todos están sospechados de "maniobras defraudatorias" que resultaron "gravemente lesivas para las arcas del Estado".