Por segunda vez en poco más de dos meses, la Cámara de Diputados puso en tela de juicio la calidad del servicio de energía eléctrica que presta la empresa Edesa y las dificultades que existen para los usuarios que quieren pagar las facturas ante las escasas bocas habilitadas para tal fin.

Como en la sesión del 5 de mayo, en que a partir de un proyecto de ley solicitando a todas las empresas de servicios públicos que pongan más lugares de cobro, otra vez un pedido idéntico para la localidad de Metán con respecto a Edesa, generó una oleada de críticas de los legisladores.

Sebastián Otero (PJ Sáenz), autor del proyecto de declaración aprobado el martes, señaló que lo había presentado hace un año junto al ex senador Roberto Gramaglia, “porque ya desde entonces se vienen viendo las largas colas, que además en esta época de pandemia incrementa el riesgo. Pero a pesar de los reclamos la empresa no entienden y muchos diputados en las comisiones me decían que en sus departamentos tienen el mismo problema”.

En tanto el diputado Santiago Godoy (PJ), pidió la abstención, algo que harían también otros 12 diputados más, porque “entiendo al diputado que presentó el proyecto, pero es una vergüenza que estemos pidiendo un lugar de cobro a una empresa que se cansó de ganar plata”.

Con respecto al mal servicio, los legisladores del oficialismo y la oposición coincidieron en que es deficiente, lo que se refleja de aún de peor manera en el interior provincial.

Los reclamos más vehementes llegaron de los diputados del norte provincial, quienes en verano sufren reiterados cortes de luz, que deben soportar con las altas temperaturas y que repercuten en la interrupción del servicio de agua, ya que dejan de funcionar las bombas que impulsan el líquido a los tanques, tal como lo expresó el diputado de Rivadavia, Ramón Villa (FdT).

Además el legislador apuntó contra el Ente Regulador, al que considera responsable de no hacer cumplir con los establecido en el contrato y que las empresas brinden un servicio óptimo.

En tanto la diputada Jorgelina Juárez (FdT) solicitó que en el corto plazo se trate el proyecto que presentó junto a Ivan Mizzau (FdT), para rescindir el contrato con Edesa y volver a prestar el servicio con recursos provinciales.

Por su parte la oficialista Socorro Villamayor (STF) detalló que la empresa no escatima esfuerzos para cobrar y cortar el servicio, pero que se las ingenia para encontrar cláusulas en el contrato que le permitan el cobro durante una situación de pandemia, como lo fue el cálculo estimado que se hizo en abril al no poder tomar el registro de los medidores debido al aislamiento que regía en ese entonces.

Su compañero de bloque, Adrián Valenzuela, se abstuvo de votar porque indicó que le parece “una falta de respeto para los salteños pedir por favor a una empresa que se ha llenado los bolsillos que abra una boca de cobro. Además con esto queda demostrada la voluntad de pago que tienen los salteños”.

Franco Hernández (FdT) también se abstuvo, pero le dijo al autor del proyecto que lo acompañaría al centro cívico del Grand Bourg a exigirle al Gobierno que haga cumplir con las condiciones de la concesión.

En tanto el diputado Gonzalo Caro Dávalos (PJ Sáenz), autor de la iniciativa de ley que se aprobó hace dos meses, señaló que “es lamentable que en todo este tiempo sigamos discutiendo el mal servicio de Edesa. Aquella vez debatimos lo mismo y coincidimos en que lo que presta la empresa es malo, es malo”.

Por eso invitó al Senado a que trate el proyecto que obtuvo media sanción en la Cámara Baja, ya que contiene sanciones específicas si no cumplen con la apertura de nuevos lugares de cobro.

El proyecto se aprobó por unanimidad con 37 votos positivos, aunque se registraron 13 abstenciones.

Al tratarse de un proyecto de declaración, el Gobierno provincial no está obligado a realizar las gestiones que la iniciativa solicita, aunque en general es habitual que se intente cumplir con el pedido.