A la disputa de la propiedad de tierras entre un particular que desmontó porque aduce haber comprado parte de las tierras ubicadas en la banda norte del río Blanco, en el departamento Orán, y quienes sostienen ser los poseedores, se le sumó una más. Se trata de los reclamos de miembros de la comunidad indígena Tupi Guaraní Iguopeigenda Río Blanco Banda Sur (o Algarrobal), quienes viven en la ribera del curso de agua. “Estamos a la margen del río y siempre el desmonte afecta”, dijo a Salta/12 la presidenta de la comunidad, Juana López.
Por su parte, Daniel Cornú, quien se dice dueño del lugar, afirmó que con el desmonte que realizó no afectaría a esa comunidad sino “todo lo contrario. Yo le haría bien a ellos”. Por ahora existe una orden de suspensión de los trabajos que Cornú inició en la zona que reivindica como de su propiedad, dado que no había autorización de la Secretaría de Ambiente y la zona que se destruyó está en tierras de alta conservación.
López contó que conoció a Cornú en 2007, cuando le alquiló unas máquinas a la comunidad para realizar trabajos de defensa en el río. En aquel momento quien ahora dice ser propietario “vivía en la ciudad de Orán” y no en la comunidad Los Flores, cuyos habitantes aseguran ser poseedores de las tierras en disputa.
La referente indígena afirmó que quienes siempre vivieron en Los Flores son las familias que ahora pelean la propiedad de las tierras con Cornú. Estas familias, contó López, ya habían sido desalojadas por otro titular registral desde el lugar que ocupaban cerca de la ruta 50, a la zona ribereña en donde se encuentran ahora.
Cornú, por su parte, asegura que ese titular registral (que según López desalojó a Los Flores), compró “los derechos posesorios” de la familia. Y fue entonces que quienes componen Los Flores se fueron a asentar a las tierras que Cornú sostiene son de su propiedad. Quien aseguró que compró 34 hectáreas aproximadamente (lo cual habría acontecido en 2013), pero que el titular registral que movió a Los Flores, se apropió de unas diez hectáreas y media de las tierras de Cornú. Por esta situación, adujo, ya hay otro conflicto a nivel judicial entre titulares registrales.
Otro desencuentro entre las versiones es que, según el abogado de Cornú, Javier Molina, hay un estudio de impacto ambiental y social (pagado por Cornú), que indica que en las tierras cuya posesión reclama la comunidad Los Flores no vivía nadie. El letrado había afirmado que especialistas que hicieron ese informe le consultaron a miembros de las comunidades del lugar. López, que vive al frente de la Comunidad Los Flores, aseguró que nadie le hizo consulta alguna respecto de la situación. Aseguró que, si no, de hecho, habría contestado que estas personas sí viven en ese lugar, como le contó a Salta/12.
“Fue un error”
“Cometí ese error nada más”, dijo Cornú a este medio al explicar sobre el desmonte que realizó en casi una hectárea de la banda norte del río. “Pensé que como era finca mía podía hacer eso”, agregó. Indicó que solo fue notificado cuando se acercó a la delegación de la Secretaría de Ambiente de Orán a conocer la situación. Lo hizo luego de que un referente de esa delegación fuera a hacer una inspección en terreno. “Eso (la inspección), fue un lunes. Y recién el miércoles me llegó la notificación al domicilio por parte de la Policía”, contó. Dio a entender que “siempre” entra gente a retirar áridos del río y a voltear monte “sin que nadie diga o haga nada”.
El problema por las inundaciones en el río, afecta directamente a las comunidades que viven de la producción de frutas y verduras.
En una nota que presentó el 14 de febrero de este año, López solicitaba al responsable de Obras Públicas de la Municipalidad de Orán, Facundo Mazere, maquinarias motoniveladora, pala cargadora o frontal, o excavadora, por las crecidas del río Blanco que tuvieron lugar el 8 y 10 de febrero. La crecida dañó severamente a la comunidad. De las 48 familias que la componen son “todos pequeños productores de bananas (85 por ciento), cultivos hortícolas (verduras de hojas, zapallito, coreanitos, zapallo y choclos, mandioca, 10 por ciento) … de cultivos tropicales de palta, mangos, papaya y los cítricos: pomelos, limón, mandarina, naranjas (5 por ciento)”, indica la nota. Parte de esa producción se perdió tras la crecida.
Sin respuestas
López contó que la nota nunca tuvo respuesta. El 2 de abril hubo otra crecida. “No perdemos la esperanza de que las autoridades locales nos escuchen”, dijo al referirse al pedido de maquinarias para hacer (y rehacer), los gaviones de defensa que fueron arrastrados por la fuerza del agua. Indicó que los primeros fueron construidos en 2005 con un fondo que salió del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), y “sabemos cómo se tienen que hacer esas defensas”. Esto quiere decir que la comunidad pondría su mano de obra.
Los integrantes de la comunidad entienden que es este el momento de realizar las obras dado que el río no lleva mucha agua. Es por eso que tomaron la decisión de alquilar una máquina de manera particular por 10 horas. Por hora, deben pagar 3 mil pesos. “Hay gente que nos va a colaborar para hacer ese pago”, dijo.
Por ahora, están vendiendo la producción en donde pueden ubicarla. Antes de la pandemia vendían banana a compradores de Buenos Aires, Córdoba y Tucumán. Entre todos hacían la cosecha para vender entre 700 y 800 cajones de banana, a 300 pesos por cajón.
Pero ahora “se puso difícil” sacar la mercadería. Respecto al cierre del Mercado de Abasto de Orán, en tanto, afirmó no los estaría afectando, dado que la venta de sus productos entraba en competencia con aquella mercadería que venía de Jujuy. Y añadió que en ese comercio oranense “no nos dieron lugar a poner un precio justo” para su mercadería, dijo. Ahora, ante el cierre de las fronteras provinciales, la dirigenta entendió que existe una mayor demanda de su producción.
La comunidad cuenta con el relevamiento de tierras por parte del INAI, que esta previsto en la ley 26160. Sin embargo. continúa la disputa judicial por la titularidad del territorio que ocupa. En este caso, la propiedad comunitaria entra en conflicto con el reclamo que hace el Ingenio El Tabacal (ahora llamado Seabord Energías Renovables y Alimentos), en manos de la multinacional Seabord Corporation.
