La Legislatura porteña aprobó este jueves la ley que regula la actividad de los trabajadores de reparto de plataformas digitales a partir de una modificación del Código de Tránsito y Transporte. Según los repartidores, que se movilizaron a la Legislatura para rechazar su tratamiento, la ley "genera un marco legal para que las empresas puedan seguir precarizando". Impulsado por Vamos Juntos, el proyecto fue aprobado con el acompañamiento de UCR - Evolución, mientras que el bloque del Frente de Todos (FdT) se abstuvo en la votación en general y aprobó en particular algunos artículos modificados a último momento para estipular que las empresas se hagan cargo de seguros de trabajo, del equipamiento de seguridad vial y de insumos de higiene ante la pandemia de covid-19.
Lejos de los marcos de la legislación laboral, la ley que por primera vez en el país dota de nombre jurídico a los actores del rubro del reparto de plataformas digitales fue impulsada como "Modificación del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires" y aprobada con 39 votos a favor, 4 en contra y 17 abstenciones.
Lucía Cámpora, legisladora del FdT, aseguró en su discurso que "la precarización laboral se encara en este proyecto desde el punto de vista del transporte, pero independientemente de lo que se decida en este recinto se sabe que entre las empresas y sus trabajadores hay relación laboral y no podemos permitir que se legitime el fraude". Es que ante el vacío legal dado por la falta de un marco regulatorio nacional, Vamos Juntos encontró la forma de llevar el tema a la Legislatura sin siquiera pasar por la Comisión de Legislación del Trabajo.
La ley aprobada este jueves define a las empresas Rappi, PedidosYa, UberEats y Glovo como "Operadores de Plataforma Digital donde se oferta y demanda el servicio de Mensajería Urbana y Reparto", mientras que los repartidores son la "persona humana que ejecuta el servicio". La concepción de fondo es que las empresas son "intermediarias" que brindan su plataforma para que los repartidores oferten su servicio, sin relación laboral entre ellos, lo que en efecto ya ocurre y es el principal motivo de la falta de derechos que sufren los trabajadores.
Además de las jornadas laborales que, sin salario fijo, alcanzan las doce horas, para estar registrados los repartidores pagan un monotributo que encubre la relación de dependencia o trabajan en negro. A partir de ahora, para obtener habilitación de trabajo en CABA deberán inscribirse en AFIP, en el “Registro Único de Transporte de Mensajería Urbana y Reparto a Domicilio de Sustancias Alimenticias", no cargar con multas de tránsito y realizar cursos de capacitación, todo lo que correrá por cuenta de sus bolsillos y no del de las empresas.
"La ley es engañosa, este tema no tiene que ver con tránsito, se trata de derechos laborales. La Ley de Contrato de Trabajo dice que en estos casos hay relación laboral, hoy no deberíamos estar acá sino discutiendo en el Congreso Nacional cómo es aplicada", advirtió la diputada Myriam Bregman del Frente de Izquierda, bloque que votó en contra.
Por la mañana, la Legislatura amaneció vallada por la Policía de la Ciudad ante la movilización de agrupaciones de repartidores que rechazaron la ley: "Esto viene a reforzar la precarización, hace que los trabajadores tengan más costos laborales. Es un proyecto antiobrero que sienta un muy mal precedente", aseguró a Página 12 Maximiliano Martínez, referente de la Agrupación de Trabajadores de Reparto. Por su parte, su compañera Micaela Sosa aseguró que "la ley genera un marco legal para que las empresas puedan seguir precarizando".
En horas del mediodía, la agrupación sufrió un ataque por parte de otro grupo de manifestantes. Minutos después, emitieron un comunicado en el que denunciaron: "La burocracia del sindicato ASIMM (Motociclistas y Mensajeros), identificada con indumentaria de su secretario general, nos atacó brutalmente. Repudiamos el accionar patotero amparado por la Policía, que atenta contra la organización independiente", aseguraron.
Mejoras al proyecto original
"Si se compara el proyecto que entró el 19 de junio con el texto final, hubo mejoras, pero queremos seguir trabajando, las modificaciones son importantes pero no suficientes", señaló Santiago Roberto, legislador del FdT y presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo. Es que el proyecto de ley original, que el 19 de junio obtuvo dictamen de mayoría en las comisiones de Tránsito y Transporte, Asuntos Constitucionales y Justicia, estipulaba que los repartidores debían hacerse cargo de la compra de los cascos y equipamientos de seguridad, además de pagar sus propios seguros.
En las horas previas a la sesión del jueves, el bloque del FdT logró introducir algunas modificaciones en este sentido: "Se obliga a las empresas a que garanticen a los trabajadores los elementos básicos para su seguridad vial y sanitaria. También deben contratar a su exclusivo cargo seguros de vida, de responsabilidad civil y de accidentes personales para los repartidores", indicó Roberto.
Además, el texto final incluyó una "cláusula transitoria" que estipula que, durante el lapso que dure la cuarentena, las empresas "deberán proveer sin costo a los repartidores los insumos de higiene básicos". Durante el mismo período, las comisiones que las empresas cobran a los comercios que contratan sus servicios, que en los últimos meses llegaron al 35 por ciento por entrega, se retrotraerán al 17 de marzo, cuando rondaban el 20 por ciento.
Informe: Santiago Brunetto
