Haciéndose eco del reclamo de las organizaciones de cultivadores y usuarios del cannabis medicinal, el Ministerio de Salud de la Nación presentó el borrador de una nueva reglamentación de la Ley 27.350, conocida como Ley de uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados. De acuerdo al texto, se impulsará la producción pública de aceite de cannabis, se permitirá el cultivo con fines terapéuticos y el expendio de aceites en farmacias. Además, amplía las patologías que podrán ser tratadas con cannabis (sólo se autorizaba para pacientes con epilepsia refractaria) y garantiza el acceso gratuito a pacientes que no tengan obra social o prepaga. La propuesta, que recoge gran parte de las demandas de los usuarios, busca reemplazar la reglamentación restrictiva de la ley que hizo el macrismo en 2017, que, además de acotar su uso, criminaliza y mantiene en la ilegalidad a los cultivadores terapéuticos.

La propuesta fue presentada por el titular de la cartera sanitaria, Ginés Gonzáles García, y la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, durante el encuentro virtual de la primera reunión del Consejo Consultivo Honorario sobre la investigación médica y científica del uso de la planta de cannabis y sus derivados. Integrado por representantes de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat); del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); del Instituto Nacional de Semillas (Inase); del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet); del Consejo Interuniversitario (CIN); de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLA). A los que se suman integrantes de seis organizaciones civiles que tienen entre sus fines la investigación y el uso terapéutico del cannabis: Mamá Cultiva Argentina, Ciencia Sativa Bariloche, Cannabis Medicinal Río Negro, Centro de Estudios de la Cultura Cannábica (Cecca) y Cannabis Medicinal Argentina (Cameda).

Alejandro Sierra, integrante de Cecca y director de la revista THC, dijo a este diario que "es un gran avance que en medio de la pandemia el gobierno se esté ocupando de este tema para reemplazar la anterior reglamentación que estuvo muy mal hecha, ya que restringió los alcances de la ley, mantuvo en la ilegalidad a los cultivadores, y fue contra el principal reclamo de las organizaciones que iniciaron el proceso por el cual se sancionó la ley".

Y agregó que en el borrador presentado, que todavía será objeto de discusiones ya que los participantes del encuentro podrán elevar sus opiniones al Ministerio hasta el lunes próximo, hay un esbozo en el que se contemplan las tres formas más comunes del cultivo medicinal: el cultivo personal, el cultivo solidario para terceros y el cultivo agrupado, todas modalidades que excluyen el lucro, y que quedaron plasmadas en el artículo 8 de la reglamentación propuesta.

Este artículo es el eje central de la nueva reglamentación, ya que crea en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación el registro nacional voluntario para la inscripción de los pacientes y familiares de pacientes que sean usuarios de aceite de cáñamo y otros derivados, al que se denomina “Registro del Programa de Cannabis (Reprocann). La ley sancionada el 29 de marzo de 2017 establecía la creación del registro, pero la reglamentación punitivista, custodiada por el Ministerio de Seguridad, de septiembre de ese año, no lo hizo, impidió avanzar en la cuestión del cultivo y acotó la utilización del cannabis medicinal a pacientes con epilepsia refractaria.

En el borrador se establece que en ese registro deberán inscribirse: "pacientes en protocolo de investigación y pacientes en tratamiento asistencial". Y agrega que "esta nómina incluye: con prescripción de la especialidad medicinal o producto magistrales; con autorización para cultivar para sí; con autorización para cultivo controlado en red e integrar una red de pacientes". Para las organizaciones que vienen luchando por la descriminalización del cultivo terapéutico es un gran avance aunque aún falta determinar los alcances de quiénes se van a poder anotar y con qué requerimientos. Así como también hay cuestiones de lenguaje por saldar. Se sabe que el lenguaje importa y no es ascético a la hora de organizar el mundo: mientras el borrador habla de pacientes, las organizaciones buscan modificar esto para hablar de "personas usuarias de cannabis".

Además, la propuesta establece la promoción y apoyo a la investigación clínica para la generación de evidencia para la indicación terapéutica en otras patologías. En referencia a la gratuidad, el proyecto establece que "estará contemplado para las personas con cobertura pública exclusiva"; en tanto que sobre la investigación estipula que "los proyectos que no involucren ensayos clínicos en seres humanos no requerirán autorización del Ministerio de Salud". Por otra parte, la calidad del aceite será evaluada por las universidades, las cuales "a través de sus programas de extensión vinculados al cannabis medicinal trabajarán para el testeo de sustancias y cultivos experimentales para fortalecer la investigación y el acceso".

"Esta reglamentación tiene el desafío de volver a incluir a la gente que el Estado dejó en la ilegalidad, por eso tiene que ser una reglamentación amplia y simple de llevar a la práctica, y garantizar el acceso a todos los que lo necesitan", remarcó Sierra. "Si bien el reclamo comenzó por los niños que eran usuarios, hoy son adultos, especialmente adultos mayores los que necesitan poder acceder al cannabis medicinal por lo que es importante que la ley habilite a cualquier persona con indicación médica, no según la patología que termina siendo restrictivo, para que se inscriba en el registro para poder cultivar", agregó.

La presidenta de Mamá Cultiva Argentina, Valeria Salech, dijo a Página/12 que "en febrero pasado las organizaciones fuimos convocadas junto con investigadores, científicos y organismos oficiales por la presidenta del Conicet, Ana Franchi, para elaborar un documento consensuado. Tras una ardua tarea, en la que nos reunimos cada quince días, llegamos a un documento conjunto que el Conicet presentó al Ministerio. Después todo quedó frizado por la pandemia. Por eso, esto fue una buena noticia, en la que vimos volcado bastante de lo que se trabajó en el Consejo Consultivo".

Salech remarcó que la decisión "es importante y abre el juego a la sociedad civil, tanto a los individuos como a nivel de las organizaciones sociales y al sector privado. No restringe las patologías y lo deja abierto a criterio del médico. Contempla el cultivo personal y comunitario, el expendio en farmacias, y se garantiza la distribución a todo el país a través del Banco de drogas oncológicas".

" Aunque quedan cosa por definir, reconocemos la escucha de un Estado que se hizo eco de los pedidos de los usuarios", dijo Salech y remarcó que con el cambio en la reglamentación "terminaría la criminalización de quienes cultivamos para la salud, aunque después viene una tarea, en la que venimos trabajado desde hace años, que es la de la formación y capacitación sobre los efectos terapéuticos que tiene en toda la esfera pública, tanto en el ámbito de la salud como en el de las fuerzas de seguridad y la justicia, para luego ir construyendo una nueva ley que regule el cannabis en todas sus variantes".