“Tenemos una alegría inmensa. Cuando en febrero de este año estuve en el Ministerio de Salud con Ginés y Vizzotti fue muy positiva la reunión porque nos ayudaron a que esta ley pudiera tener una perspectiva federal. Antes las tres organizaciones que aconsejaban eran de Buenos Aires, ahora hay dos más de Río Negro y una de Rosario. Nos atendieron y abrieron la representatividad. El mundo cannábico tiene figuras a lo largo y a lo ancho del territorio nacional. Hay un Ministerio de Salud que nos escuchó desde el comienzo y lo sigue haciendo, tiene palabra”, señala Soledad Pedrana, psicóloga y miembro del consejo consultivo. Luego, quien representa a la Asociación de Usuarios y Profesionales para el Abordaje del Cannabis y otras drogas (Aupac) de Rosario, continúa su discurso y marca una diferencia respecto de lo que ocurría durante la gestión anterior: “Es un logro porque veníamos de no poder hablar con ningún funcionario. Las organizaciones habíamos quedado sepultadas con una ley que en 2017 había salido pero sin la posibilidad de autocultivo. Lo que está sucediendo es una ganancia para toda la sociedad”, destaca.

El consejo consultivo que dialoga con el gobierno y oficia como mediador está conformado por 15 miembros de instituciones distintas. De ese total, seis referentes pertenecen a organizaciones no gubernamentales. Como apuntaba Pedrana, un dato sustantivo es que aunque al comienzo los consejeros de las ONGs solo eran tres y de Buenos Aires, en plan de federalizar los debates y el proceso de toma decisiones, se sumaron tres participantes más provenientes de las provincias. Bajo esta premisa, también emerge el nombre de la bióloga Gabriela Calzolari, presidenta de la sociedad civil Ciencia Sativa, gestada hace dos años en Bariloche. Fue el primer espacio, quizás por su perfil más científico, que gestó un convenio a cinco años con el INTA (tras la aprobación de los Ministerios de Salud y Seguridad) con el propósito de explorar las posibilidades de la producción pública del cannabis medicinal.

El resto de representantes que componen el consejo consultivo provienen de instituciones de amplio consenso en el espacio público como Conicet, Anmat, Defensoría del Pueblo de la Nación y las universidades nacionales, entre otras.

Espíritu inclusivo

La ley de 2017 preveía un uso exclusivo del cannabis. El borrador, por el contrario, tras recoger los pedidos de las organizaciones, establece una lógica de carácter inclusivo. “Celebramos infinitamente que el artículo 8 proponga la habilitación del autocultivo de aquellas personas que utilizan medicinal, terapéutica o paliativamente a la planta. Exhibe, además, una apertura distinta para los diversos tipos de acceso; me refiero a los cultivos en red: asociativo, cooperativo o comunitario. Uno de los obstáculos de la reglamentación anterior era que solo aquellas personas con epilepsia refractaria podían recibir cannabis medicinal, un preparado importado y únicamente recetado por médicos neurólogos. Constituía la única vía legal”, dice Calzolari. Desde aquí, con tantas restricciones, todo lo que no quedaba bajo el paraguas de esas prescripciones pasaba a formar parte del terreno grisáceo de la ilegalidad. La prohibición criminalizaba el consumo e implicaba la ausencia de control sobre la calidad del producto final.

Desde esta perspectiva lo entiende Pedrana: “La evidencia científica apuntaba a que el cannabis solo podía ser aplicado a pacientes con epilepsia refractaria. De esta manera se limitaban las propiedades de una planta tan interesante y compleja (con más de 500 componentes) y el acceso para personas con otras patologías respecto de las cuales se había probado su efectividad de una manera rotunda. La ley ignoraba estudios de alto rango científico que aseguraban que se podía aplicar para enfermedades de distinta índole”, apunta.

Un elemento superador que suman las ong de Río Negro y Rosario se vincula con el abandono del paradigma médico hegemónico. Tal como proponen: no todas las condiciones de salud que requieren del consumo terapéutico son “patologizantes”. “Queremos aportar una crítica constructiva, consideramos que el concepto de ‘patología’ también restringe porque existen condiciones de salud que el cannabis ayuda a mejorar. Pensamos que esa noción puede funcionar como una forma de exclusión a algunas personas que lo necesitan. Quizás, en vez de hablar en esos términos, sería preferible referir a ‘las condiciones de salud’ según decisión del médico tratante”, expresa Calzolari. Según propone la representante de Río Negro, será asunto del profesional de la salud definir qué condiciones individuales, en efecto, requieren de cannabis medicinal y cuáles no.

Estado presente y federal

“Hay un eje del borrador que nos gusta mucho que se vincula con la prioridad en la producción pública, vinculada a instituciones de trayectoria y confianza como el INTA, el Conicet y las universidades nacionales”, describe Calzolari. Este aspecto forma parte de un acento mayor que trata de imprimirle el gobierno nacional a su gestión en relación a la producción doméstica de medicamentos y tratamientos. Obtener cuotas de autonomía en la generación de las propias soluciones a las demandas y necesidades de las poblaciones puede significar la realización de pasos importantes hacia el objetivo de la soberanía. “El propósito no es que desaparezcan las empresas sino que el Estado sea protagonista y gestor. Necesitamos que intervenga para regular el mercado y evitar los monopolios y concentración. En la actualidad, la gente que utiliza cannabis debe comprar un producto fabricado en el exterior y a un alto costo. Es fabricado por empresas que lo único que les interesa es el lucro. Es ridículo”, destaca Calzolari.

Al respecto, Pedrana comparte: “Si hay una convicción que tenemos desde las ong es que el cannabis puede ser una posibilidad de desarrollo productivo en nuestro país, un producto de valor agregado para generar divisas. La producción pública sería un baluarte que generaría mano de obra. Tenemos que empezar a entender que tenemos posibilidades grandísimas de tener una industria”. Como en cualquier caso, se requerirá de una fuerte inversión estatal si el objetivo es que la industria comience a mover sus engranajes en el rubro. Más allá de un Estado protagonista, las organizaciones de Río Negro y Rosario promueven desde el consejo consultivo una mirada de carácter federal. “Hay que dejar de pensar que todo se reduce a las grandes poblaciones y los conglomerados. La planta crece hasta en Ushuaia, existe una cultura inmensa, hay lugares recónditos en los que necesitamos plantar”, asume Pedrana. Y remata: “Cuanto más invisibilizadoel sitio más trabajo hay para hacer. Es un derecho cultivar una semilla tan noble que acompaña desde hace milenios a la humanidad”.

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