El informe de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, ante la comisión de Seguridad y Narcotráfico del Senado, estuvo cruzado por los hechos de violencia institucional que se dieron durante de aislamiento social en distintas provincias. La funcionaria calificó como “lamentables” todos los casos de “violencia institucional” y afirmó que envió notas a los gobernadores y ministros de seguridad provinciales para “comunicarle el repudio” a esos hechos y pidió informes sobre las medidas que adoptaron. Si bien ratificó la autonomía de las provincias, sostuvo la necesidad de “llamar la atención” y de dotar a las policías provinciales de “herramientas y protocolos para que no vuelvan a ocurrir”. Incluso pidió a los senadores que realicen planteos y “sugerencias” a los gobiernos provinciales para instalar el “uso racional de la fuerza” pública. Sobre la desaparición del joven Facundo Astudillo Castro, la ministra dijo que no se descarta ninguna hipótesis.

Frederic brindó un extenso informe, de más de una hora y cuarto, en los que se explayó sobre las preguntas que los senadores le habían trasladado por escrito y de los siete meses de su gestión, cuatro de los mismos encuadrados dentro de las medidas de seguridad en medio del Aislamiento Social Preventivo y obligatorio. 

Detalló como lineamientos de su gestión “la fuerte política federal, con un abordaje integral de las fronteras, integración con organismos del Estado y países limítrofes, y trabajando por el bienestar de las y los efectivos de las fuerzas de seguridad”, para la prevención de delitos y el abordaje del narcotráfico. Sobre este tema volvió a insistir en el cambio de paradigma: perseguir a las grandes organizaciones criminales y abordar el tema de la “demanda” como una cuestión sanitaria. Además de mostrar su preocupación “alarmante” por el crecimiento de las adicciones: alcohol, psicofármacos, cannabis, drogas sintéticas “con una baja en la edad” de los consumidores.

Explicó la puesta en funcionamiento, junto a los ministerios de Justicia y Medio Ambiente, de la Mesa de Resolución Alternativa de Conflictos cuya primera actuación fue con la comunidad Buenuleo en Bariloche, donde (en articulación con el gobierno de Río Negro) se firmó un acta acuerdo y “se logró desarticular un conflicto con ribetes de violencia”. Esto se pondrá en marcha con la comunidad mapuche de Villa Mascardi.

También se refirió la decisión de incorporar el “convenio sobre ciberdelitos” del Consejo de Europa como parte de la resolución de la CIDH sobre "derechos humanos durante la pandemia”, elaborado con el aporte de organismos locales e internacionales de derechos humanos y asociaciones periodísticas. “Promovimos con el ministerio de Agricultura y organizaciones rurales el espacio para el diagnóstico y protocolo de actuación preventiva ante delitos rurales, robos y sabotajes de silobolsas. Este diálogo fortalece la intervención y los conocimientos necesarios y nunca elaborados”, dijo la ministra. Un tema en el que se trabaja con las provincias afectadas.

Los senadores felicitaron la tarea desarrollada por el ministerio durante la pandemia en todo el país, y hasta ponderaron la “perspectiva de género” que le imprimió a su gestión. Aunque a la hora de las preguntas, desde la oposición marcaron las diferencias de la gestión nacional con la violencia institucional de distintas policías provinciales. Sobre el caso de Facundo Astudillo Castro, el radical fueguino Pablo Blanco le preguntó “si coincidía con la apreciación de la familia de que se trata de una desaparición forzada”.

“No podemos descartar ninguna hipótesis. No se cayó ninguna”, respondió la ministra y aclaró que hay 200 efectivos de las fuerzas federales afectadas al rastrillaje en territorio bonaerense en el marco del Sistema Nacional de la Búsqueda de Personas. Agregó que las pericias sobre las camionetas de la Policía bonaerense aun no están terminadas. “Hay que dejar que la Justicia actúe sin adelantar posicionamientos. Nuestra política es de no intromisión en el ámbito judicial”, remarcó.

Luego se sumaron los hechos de violencia institucional en Tucumán, San Luis y Chaco. “Son lamentables”, respondió Frederic. “Hemos enviado cartas a los gobernadores y sus ministros para comunicarles el repudio a esos hechos. Le pedimos que informen en las medidas que adoptaron sobre el personal, que se aparte al personal involucrado, si se pusieron en marcha los dispositivos de investigación disciplinaria. E hicimos llegar nuestros protocolos de uso racional de la fuerza y ofrecimos nuestros cursos. La reunión del Consejo de Seguridad Interior estará dedicada a este tema”, completó.