La deuda exigible de empresas y personas con la AFIP aumentó 90 por ciento desde que comenzó la pandemia, y alcanzó los 282 mil millones de pesos. Si se agrega la deuda regularizada con algún plan de pagos, los contribuyentes le deben al organismo recaudador 534 mil millones de pesos, equivalente a casi la cuarta parte de todo el crédito al sector privado del sistema financiero.

Los datos surgen de la presentación que realizó la titular de AFIP, Mercedes Marcó del Pont, en el Congreso, durante el comienzo del debate de la ley de moratoria ampliada. “Es muy importante generar un alivio”, afirmó. De aprobarse, podrán sumarse no sólo pymes como es actualmente, sino también personas y grandes empresas. Podrán regularizarse deudas generadas durante la cuarentena y empezar a pagarlas recién en noviembre.

La economista se presentó ante la comisión de presupuesto y hacienda de la Cámara de Diputados. La finalidad del encuentro, que se realizó por videoconferencia, no fue obtener dictamen, sino responder a las preguntas de los legisladores. Los principales cuestionamientos de la oposición fueron la posibilidad del ingreso de las grandes empresas y las condiciones que deberán cumplir por dos años.

El martes podría haber una sesión para el debate, informó Carlos Heller, presidente de la comisión. También estuvo presente el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quien aseguró que la medida busca responder a una “doble crisis”, la del coronavirus y la recesión que arrastra la economía desde hace dos años. Además adelantó que el alivio a las empresas buscar afrontar la etapa que viene que será “difícil”. 

Kulfas explicó que la tasa de interés, que hasta el año pasado estaba por encima del 80 por ciento, llevó a la caída de un 35 por ciento del crédito en términos reales. “Las empresas se quedaron sin financiamiento, y la AFIP quedó como prestamista de último recurso”, detalló.

Exposición

Apenas asumió el actual gobierno, promovió la aprobación a fin de año de la ley de solidaridad social. Uno de sus capítulos contemplaba una amplia moratoria para pymes. Ante la consulta de por qué en el actual proyecto de ampliación de moratoria se incluye a grandes empresas, Marcó del Pont afirmó: “La mochila de endeudamiento con el fisco se extrapoló a todo el sector productivo”.

En diciembre 2019, el nivel de deuda exigible a los contribuyentes era de 130 mil millones de pesos, de los cuales sólo 29 mil millones correspondía a grandes empresas y personas humanas. Ese dato ascendió a 69 mil millones. Sin embargo, Marcó del Pont aseguró que como hay algunos que tienen “mayor espalda y otros son más débiles”, hay distinciones en los planes de pago, con mayor cantidad de cuotas para las pymes. “La experiencia indica que la tasa de recupero de las acreencias del Estado con empresas liquidadas es del 3,6 por ciento. En cambio, cuando existen facilidades el recupero asciende al 63 por ciento del total de la deuda”, detalló. 

Por primera vez, una moratoria tiene condicionalidades. Las grandes empresas que ingresen no podrán durante dos ejercicios fiscales distribuir utilidades, realizar pagos al exterior y realizar operaciones de arbitraje con títulos. Este fue uno de los cuestionamientos de diputados de la oposición, como Luis Pastori de la UCR, quien dijo que “limitar el reparto de dividendos es excesivo”.

La economista contestó que deberán cumplir un “compromiso a partir de un beneficio que les otorga el Estado”. Además, dijo que el objetivo es que el dinero se reinvierta en producción y generación de trabajo. Sobre los pagos en moneda extranjera, aclaró que no hace referencia a importaciones. “Es para los pagos que suelen utilizar las multinacionales para eludiar a través del precio de transferencia”, explicó.

Otra de las consultas tuvo que ver con que si la moratoria buscaba beneficiar a cierto tipo de empresas, como Oil Combustibles, con el impuesto a los combustibles. “No hay ninguna suspicacia, el esfuerzo es para garantizar la vida del mayor universo de empresas. Hay 39 empresas que tienen deuda con combustibles. Es un impuesto indirecto como el IVA, que estuvo presente en todas las moratorias”, aseguró.

Hay 930 mil contribuyentes, de los cuales el 54 por ciento son pymes, que estarían en condiciones de ingresar a la moratoria recargada. Al actual plan de pagos adhirieron 265 mil pymes por una deuda de 138 mil millones de pesos. De aprobarse la ley, podrán regularizarse deudas hasta el 30 de junio. Pero el proyecto plantea facultades del ejecutivo para prorrogar. “En este marco de incertidumbre que nos rodea es una posibilidad que no se puede cerrar. Hay que tener la capacidad de maniobra y reacción muy ágil para salir a amortiguar los efectos de una crisis inédita”, aseguró Marcó del Pont.