Los caminos del Congreso para resguardar los derechos de los trabajadores siempre están llenos de obstáculos. En este caso, la mecánica de debate a distancia, la difícil tarea de consensuar entre más de media docena de proyectos y el fuerte lobby empresarial contribuyeron a aletargar la sanción de la norma que establece un piso de derechos para aquellos empleados que cumplen sus tareas de manera remota. Más de 20 días pasaron desde que la norma obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados. En otro contexto, y con voluntad política mediante, la iniciativa que regula el teletrabajo ya hubiera sido promulgada por el Ejecutivo.

La historia reciente de los debates parlamentarios muestra que cuando una norma favorece a los trabajadores, en las rondas de exposiciones previas al debate en el recinto, los sindicatos argumentan a favor y los empresarios, en contra. En el caso de la regulación del teletrabajo la regla se cumple al píe de la letra.

El debate por establecer un marco regulatorio del home office fue impulsado en la Cámara de baja por Vanesa Siley, diputada de extracción sindical y presidente de la comisión de Legislación del Trabajo. La joven dirigente del gremio que agrupa a buena parte de los trabajadores judiciales de la Ciudad de Buenos Aires recogió una demanda de diversos sectores del sindicalismo que planteaban la necesidad de aprovechar la oportunidad que daba la emergencia sanitaria para poner limite a la precarización laboral que se lleva adelante a través del trabajo a distancia.

La norma recién sería tratada por el pleno del Senado dentro de 15 días. Pero, como el texto sufrirá modificaciones, deberá volver a ser tratado por la Cámara Baja que podrá convalidar las modificaciones, o rechazarlas e insistir con la aprobación del texto original. En ese marco, el calendario parlamentario señala a la última semana de agosto como fecha probable para la sanción de la ley que regulará el teletrabajo. Con el escenario parlamentaria ya delimitado, desde el oficialismo minimizaron la demora: “hay tiempo porque la ley entrará en vigencia 90 días después de levantada la cuarentena”.

Las modificaciones que sufrirá el proyecto, la demora en el debate, y las presiones de los empresarios dan lugar para las especulaciones respecto de la suerte que pueda correr el proyecto. Sin embargo, desde el bloque oficialista afirman con que “la voluntad política es avanzar”.

En la Cámara baja, el texto fue aprobado con 214 votos afirmativos y solo uno negativo, de Francisco Sánchez (Pro-Neuquén), además de 29 abstenciones, provenientes de integrantes de Juntos por el Cambio y del Frente de Izquierda.

El proyecto lejos está de ser el hecho fundacional de una revolución en favor de los derechos de los trabajadores. La norma aspira de manera modesta a resguardar los derechos básicos del eslabón más débil de las relaciones laborales de nuevo tipo. Entre los puntos principales, se garantiza que la remuneración recibida por el teletrabajador no podrá ser menor a la que percibe un empleado que realiza sus tareas en modo presencial. Se establece que el trabajador podrá prestar su consentimiento para el teletrabajo de forma voluntaria y por escrito, y tendrá la posibilidad de revertirlo en cualquier momento de la relación contractual. También se considera el derecho a la desconexión digital, equivalente al tiempo de descanso, y se contemplan las tareas de cuidado de menores de 14 años, personas mayores o con discapacidad.

Además, el proyecto señala que el empleador deberá proveer los elementos de trabajo -software, hardware y otros-, y en caso de que el trabajador incurra en gastos extra, tendrá acceso a una compensación económica, que quedará exenta del pago del impuesto a las Ganancias.

El texto que ya cuenta con media sanción de Diputados también incluye los derechos colectivos y la representación sindical; el derecho a la intimidad y la privacidad del domicilio; y la creación de un registro de empresas que utilicen esta modalidad, en el ámbito del Ministerio de Trabajo.

El puñado de derechos que consagra la norma alcanzó para irritar al empresariado vernáculo y a sus parlamentarios más afines. Tanto el G-6, que acompañó al presidente Alberto Fernández en el escenario durante el acto del 9 de Julio, como el ala dura del PRO, señalaron que la regulación desalentará la creación de empleo. El planteo tiene que ver más con lo ideológico que con el marco normativo que está en discusión.

La posición del G6

Hace tan sólo unos días, las principales cámaras empresarias de Argentina, nucleadas en el Grupo de los Seis (G6), presentaron formalmente sus objeciones al proyecto de ley de Teletrabajo. Los empresarios expresaron una “profunda preocupación” por el proyecto. Consideraron que no hay derechos por tutelar sino que la modalidad remota ya está comprendida en la ley de contrato de trabajo. El Grupo de los Seis está integrado por la Unión Industrial Argentina (UIA), la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Cámara Argentina de la Construcción, la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y la Asociación de Bancos de la Argentina (Adeba) sostiene que la discusión por el trabajo remoto “debería hacerse mediante la introducción de las particularidades de su aplicación a través de la regulación en el ámbito de la negociación colectiva o en los acuerdos que puedan celebrarse en forma individual".

Además, los empresarios consideraron que la iniciativa “no recoge la preocupación y las recomendaciones” que fueran puestas a consideración de los diputados en el paso del proyecto por la Cámara baja.

Por otra parte, el G6, al igual que lo planteó el ala dura del PRO durante el debate en diputados, aseguró que el nuevo proyecto "conjura un escenario incierto para esta modalidad de trabajo”.

Voluntad política

Tras la reunión de comisión de Trabajo, que marcó el inicio del debate de la norma en el Senado, el oficialismo decidió guardar silencio y no dar pistas sobre cuales son las modificaciones que aceptará sobre la media sanción que llegó desde la Cámara de Diputados. 

Lo cierto es que el oficialismo tiene el número necesario para avanzar tanto con el dictamen de comisión como con la sanción de la norma en el recinto. El Frente de Todos tiene una holgada mayoría en el Senado que le permitiría avanzar sin necesidad de lograr un acuerdo con el resto de los bloques. La decisión de no hacerlo encendió las alarmas en algunos despachos de la Cámara de Diputados. "Resta ver si se trata de un tema de formas o de un tema de fondo", explicó ante Página/12 uno de los asesores que trabajó el tema en el Cámara baja.

Las dudas comenzará a disiparse el próximo lunes cuando el bloque oficialista se reúna para tomar una decisión sobre la posibilidad de introducir modificaciones en el proyecto que ya fue avalado por la Cámara baja. 

Ante las dudas que comenzaron a surgir y los teléfonos que comenzaron a sonar, José Mayans, el titular del bloque oficialista en el Senado, aclaró que el próximo martes habrá dictamen y una semana más tarde el texto llegará al recinto. Lo que no dijo Mayans, que es lo que el Frente de Todos está dispuesto a ceder en la disputa de intereses entre empresarios y trabajadores.