Desde el martes último los empleados municipales de Las Lajitas del departamento de Anta realizan un paro en reclamo del aumento del 30% que otorgó el Gobierno de Salta a la administración pública. Afirman que solo se les pagó el 8% de ese porcentaje. En tanto, el intendente Fernando “Pini” Alabi sostuvo que la medida de fuerza es ilegal y que se reunirá con los trabajadores este viernes para llegar a un acuerdo.
El delegado de Las Lajitas por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Ricardo Díaz, dijo que el paro es por tiempo indeterminado y aseguró que de una planta de 150 trabajadores se constató una adhesión del 80%. “Los únicos que quedan son los empleados administrativos”, mientras que el personal que se dedica “a las tareas que se realizan en el área de la calle están de paro”, afirmó. Las llamadas tareas de calle son las que realizan recolectores de residuos, choferes, barrenderos y electricistas.
“Estamos pidiendo el aumento que fue del 30%”, insistió Díaz ante Salta/12. Este incremento fue aprobado para toda la administración pública por el Gobierno de Salta en marzo de este año. Ese 30% se otorgó de manera escalonada desde febrero hasta julio. Los trabajadores de Las Lajitas afirmaron que el intendente Alabi se comprometió a reconocer ese aumento, pero que hasta ahora solo pagó el 8% correspondiente a febrero. “En principio él se comprometió porque nos pagó la primera cuota”, argumentó Díaz.
En tanto, el jefe comunal habló el miércoles con el medio local Canal 7 y afirmó que ese incremento fue por un convenio con los gremios. “Aumentamos un 8% hasta que la provincia determine el sueldo de los empleados municipales”, indicó. Y dijo que ayer se iba a determinar el incremento final en una reunión entre el Foro de intendentes de Salta y los gremios. Este medio intentó comunicarse con Alabi pero no obtuvo respuesta.
Alabi también dijo que hoy se iba a reunir con los trabajadores para comunicarles lo acordado en el encuentro. “Hoy (por ayer) tenían reunión del Foro de Intendentes y hasta ahora no me llamaron”, dijo Díaz. “No tenemos una respuesta factible”, agregó. Al pedido del 30% se suma la solicitud de un bono extraordinario de $2000 y elementos de protección laboral para evitar el contagio y propagación del coronavirus.
Alabi aseguró: “nunca les hemos dicho que no les íbamos a pagar el aumento”. “Simplemente les dijimos que íbamos a esperar que entre el Foro de Intendentes y los gremios den un porcentaje de aumento”, aclaró. No obstante, alegó que el municipio no cuenta con fondos para otorgar una mejora salarial.
Comunicó que actualmente su gestión está debiendo más de 3 millones de pesos por el pago de sueldos. Dijo que la coparticipación que reciben decayó desde enero a mayo: en el primer mes recibieron más de 5 millones de pesos por coparticipación mientras que en el quinto mes del año, eso se redujo a un poco más de 3 millones.
“Se dice que hay otras municipalidades que pagaron aumentos, pero esas municipalidades reciben el doble, tienen la misma cantidad de trabajadores (que Las Lajitas), pero pagan menos sueldo”, subrayó. Ante ello, apuntó que los sueldos de algunos de sus trabajadores “son exageradamente altos”.
Alabi sostuvo que hay personal que cobra cerca de 70 mil pesos “por trabajar cinco horas”. Consideró que si se otorga el aumento que piden los empleados, “van a llegar a cobrar casi 100 mil pesos”. “La Municipalidad de Las Lajitas no puede pagar esos sueldos porque vamos a quebrar”, consignó. Aseguró que la única forma de acceder al reclamo gremial era “aumentando los impuestos o dejando sin empleo a los trabajadores”.
Una discusión sobre la legalidad
Desde el martes los trabajadores se declararon en paro por tiempo indeterminado y realizaron una marcha hasta apostarse en el canchón municipal. Eligieron ese lugar final para que no se saquen los vehículos municipales y se haga sentir la medida de fuerza.
“Estamos pidiendo el diálogo para que esto no termine mal”, manifestó el delegado de ATE. Además, sostuvo que quieren llegar a un acuerdo “porque estamos pidiendo lo que nos corresponde”. Sin embargo, Alabi dijo que la medida de fuerza es un “paro ilegal”.
El intendente dijo que el día que se inició el paro, envió a su secretario de Gobierno, Gustavo Salvadores, para pedirles a los trabajadores que esperaran hasta la reunión del viernes 17. “No le estamos pidiendo que esperen semanas, sino que esperen tres días”, enfatizó.
“No escucharon e hicieron el paro, por eso, determinamos que el paro es ilegal”, señaló el jefe comunal. Agregó que su gobierno municipal no recibió notificación por parte de la Secretaría de Trabajo de Salta comunicando el paro. Ante ello, manifestó que realizó una presentación en la justicia: “lo presentamos hoy contra el gremio de ATE”. El gremio informó que hasta el momento no recibieron nada sobre la posible denuncia.
“Creemos que este paro es totalmente ilegal porque nosotros hasta el día de hoy (por el miércoles) no recibimos la notificación de la Secretaría (de Trabajo) diciéndonos que el paro se estaba por realizar”, reiteró el jefe comunal.
Por su parte, Díaz comunicó que el 8 de julio se realizó un acta por parte de la Secretaría donde se dejó constancia que el paro se realizaba desde el martes 14. Según consta en esa acta, la decisión fue firmada por el asesor jurídico de la Secretaría, Federico Ontiveros. “La única parte que puede decir que el paro es ilegal es la Secretaría de Trabajo y no el municipio”, retrucó Díaz.
Denuncian persecución laboral
El gremio denunció públicamente que existe persecución laboral hacia 20 trabajadoras del área administrativa y de maestranza. “El intendente salió a decir que no les tiene un lugar de trabajo” dentro del municipio, dando a entender que “sobran” en la Municipalidad. “En la gestión anterior tenían sus trabajos, pero como ellos hicieron entrar a su gente las están dejando sin funciones”, indicó Díaz.
Alabi en tanto se justificó diciendo que tienen "ocho empleadas de maestranza para realizar la limpieza del edificio municipal ¿no les parece que son demasiadas?”. Por eso, contó que “envió” a estas empleadas a los edificios de la biblioteca, el Registro Civil, la Fiscalía y el Concejo Deliberante. “Las enviamos porque creíamos que eran demasiadas para estar ahí”, comunicó.
También relató que hay otras “varias mujeres que están en la Municipalidad" a las que no tiene "tareas para darles”. “Tengo la facultad de dejarlas sin trabajo porque no tengo tareas para darles, sin embargo, las voy a conservar en su trabajo y van a ir de un lugar a otro”, remató el jefe comunal.