El ex juez federal Ricardo Lona solicitó ayer que se le tome declaración indagatoria en la causa en la que se investigan crímenes de lesa humanidad cometidos en la provincia en perjuicio de 73 personas durante la última dictadura cívico militar.

Con la asistencia de su defensor, el abogado Federico Rodríguez Spuch, Lona presentó un escrito ante el juez federal Julio Bavio pidiendo que se fije fecha para que se lleve a cabo el acto de declaración indagatoria "vía videoconferencia, tal como fuera dispuesto por el Tribunal". 

El ex juez, que ya cuenta con una condena a 15 años por no haber investigado el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone y que está procesado como partícipe del asesinato de once detenidos políticos en la Masacre de Palomitas, estaba citado inicialmente a la indagatoria en este proceso, conocido como Causa 627 o Lona Residual, para el 11 de marzo último, pero la audiencia se suspendió porque el ex magistrado presentó un certificado médico aduciendo que no se encontraba en condiciones. 

Entonces Lona había pedido que se lo someta a una junta médica para demostrar que no puede afrontar este proceso. El juez aceptó, y convocó a peritos del Centro de Informaciones Fiscales (CIF) de Salta. El 30 de junio Lona pidió que estos peritos fueran apartados y que la junta médica fuera realizada por expertos del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero Bavio rechazó esta pretensión. 

Así las cosas, el ex juez se avino a la indagatoria. Sin embargo, en el escrito criticó la decisión del magistrado actuante. "Reiteradamente hemos expuesto sobre la situación francamente vejatoria y que atenta contra mi derecho a la dignidad e intimidad como adulto mayor con graves padecimientos de salud que implica la realización de una nueva junta médica en los términos finalmente ordenados en la causa”, sostuvo. Lona viene afirmando que la participación de los peritos del CIF no le garantiza "la objetividad e imparcialidad del caso", porque "es de público conocimiento la situación de franca enemistad que mantengo con el titular de este Ministerio”, el procurador general Abel Cornejo.

También insistió en que la junta debió estar a cargo del Cuerpo Médico Forense nacional, que ya intervino en su caso "y que solo le resta efectuar las conclusiones finales mediante el envío de estudios mayormente ya realizados”, pero como el juez Bavio no aceptó esta posibilidad, “disponiendo una medida que en los términos ordenados francamente afectará mi dignidad e intimidad, es que, como expresara, desisto de su realización”. Ahora resta que el juez fije fecha para la concreción de la audiencia. 

La novedad de que el propio acusado abandonara una tesitura de años de alargar los procesos judiciales en su contra, generó expectativa ayer en los organismos de derechos humanos, que, particularmente en la Causa 627, vienen batallando desde hace 15 años para que se lo indague. Por otro lado, destacaron el hecho de que ahora Lona recurra a su condición de persona adulta mayor, cuando el proceso judicial se demoró por su propia acción, en más de un sentido. La abogada María José Castillo, de HIJO Salta, destacó esta forma de presentar la situación del ex magistrado, después de "40 de libertad, de buena salud y de deambular" sin responder por las acciones cometidas en el marco del terrorismo estatal. 

Esta causa se inició en 2005 a instancias de la Fiscalía Federal de Salta, que le atribuye participación en los delitos de “homicidio agravado, tormentos agravados, privación abusiva de la libertad agravada, allanamiento ilegal, lesiones, violación agravada, prevaricato, omisión de promover la persecución y represión de los presuntos autores de tales ilícitos, omitir, retardar y/o rehusar hacer cesar una detención ilegal o dar cuenta” de ella, ilícitos perpetrados en perjuicio de 73 personas.

Lona era el único juez federal en la provincia durante los años de terrorismo estatal. Organismos de derechos humanos y ex detenidos políticos vienen señalando su participación en los actos criminales cometidos en la dictadura. En el Juicio por la Verdad que se hizo en Salta y en los debates orales ya realizados, sobre todo en la Megacausa Salta, varios testigos han dado cuenta de la práctica del ahora ex magistrado: mandaba a archivo las denuncias sobre maltratos, vejámenes, torturas y desapariciones o simplemente hacía un bollo con los recursos de amparo y los tiraba al cesto de basura.