Si el policía Mario Federico Condorí demoró 8 años en ser condenado por el crimen de Cintia Fernández, cometido en abril de 2011, fue en gran medida por las maniobras para desviar la investigación que, se presume, realizó la oficial Gimena Núñez. Sin embargo, mientras el Ministerio Público Fiscal termina de reunir las pruebas para llevarla a juicio por falso testimonio y encubrimiento agravado del homicidio, un juez ordenó su liberación y la oficial es desde febrero la subjefa de la Comisaría Seccional 101 de la ciudad de General Güemes.
La libertad provisoria de la oficial Núñez fue otorgada por el juez del Tribunal de Impugnación, Edgardo Albarracín, lo que permitió que Núñez se reincorporara a la fuerza el 28 de febrero pasado. En el fallo, el juez sólo impuso como condición para su reincorporación a la Policía que se le prohibiera “ejercer funciones en la División de Seguridad Personal de la Brigada de Investigaciones Nº 1 y Departamento de Criminalística” hasta que se aclare su responsabilidad en el encubrimiento del crimen de Cintia Fernández que ella debía investigar.
Gimena Núñez había estado detenida desde mayo de 2019, pero luego fue beneficiada con la prisión domiciliaria. La entonces fiscala penal María Luján Sodero Calvet la había acusado de falso testimonio, primero, y del delito de encubrimiento agravado en concurso real, en una ampliación de la acusación.
Para la representante del Ministerio Público, “la oficial de la Policía de la Provincia afectó directamente la administración de justicia al impedir y perturbar tanto la individualización del verdadero responsable del homicidio como la reunión de elementos de convicción tendientes a reconstruir el hecho delictivo, dirigiéndose con su accionar comisivo y omisivo a facilitar la impunidad del imputado Mario Federico Condorí”. Para hacer esa acusación se basó en las omisiones del informe redactado por Núñez, en la omisión de cumplir con diligencias investigativas básicas, en las anotaciones tendientes a desprestigiar a Cintia Fernández y a su madre y a vincular con el crimen al amigo de la víctima, Marcelo Puca, para desdibujar la responsabilidad de Condorí.
Justamente fue Ana Fernández, madre de Cintia y presidenta de la fundación que lleva el nombre de su hija, quien denunció que Núñez había sido liberada y puesta nuevamente en funciones. Según relató, se enteró “por los pasillos” de la liberación de Núñez y su posterior reincorporación, ya que nunca fue notificada de esta decisión.
Ana Fernández recordó que Núñez “era oficial de la Brigada de Investigaciones” cuando asesinaron a Cintia. “Fue la primera en llegar a la escena del crimen junto a un grupo de policías. Desde el principio se hizo todo mal: no se preservó la escena del crimen, nunca hubo una cadena de custodia, la responsabilidad estaba en Gimena Núñez que era la investigadora encargada. Hubo una corporación dentro de ese grupo, todos actuaron bajo las órdenes de Núñez y del juez (de instrucción, Antonio) Pastrana. Se demostró que se limpió el departamento”, agregó.
Pedido de revocatoria
El fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio, a cargo de la investigación del crimen de Cintia Fernández, se dio con la decisión del juez Albarracín cuando se preparaba para pedir la elevación a juicio de la causa contra Núñez. “Estamos efectuando las últimas diligencias con la idea de avanzar a la etapa de juicio prontamente, pero la feria (judicial) y la pandemia nos vienen dificultando enormemente la labor”, le dijo a Salta/12.
En ese contexto, el fiscal se mostró en contra de la decisión del magistrado de liberar a Núñez y permitir que se reincorpore a la fuerza, y ya hizo una presentación para que revean ese fallo.
“Ya pedimos que se revoque esa autorización de trabajo porque entendemos que si las irregularidades que se le atribuyen (a Núñez) fueron cometidas a favor de un tercero (en alusión a Condorí) y en razón de su función, cuanto más puede hacerlo a su personal beneficio”, concluyó.
