La Municipalidad de Salta no podrá abrir una fosa común en el Cementerio de la Santa Cruz. Así lo dispuso ayer el juez federal Julio Bavio al hacer lugar a una medida de no innovar solicitada por el fiscal federal Carlos Amad en el marco de una causa en la que se buscan restos de desaparecidos que habrían sido enterrados en ese lugar durante la vigencia del terrorismo estatal. 

"Hacer lugar a la medida cautelar –prohibición de innovar- solicitada en autos y ordenar al Secretario de Ambiente Municipal Aroldo Tonini y al administrador del cementerio de la Santa Cruz de Salta que se abstengan de realizar trabajos de excavación en el Sector 'C'", mandó el juez en una resolución en la que también ordenó a los funcionarios municipales que deben "mantener bajo su responsabilidad, dicho estado en las mismas condiciones en que se encuentra a la fecha". 

Se sospecha que en ese sector está la fosa común en la que el Ejército enterró a víctimas del terrorismo estatal, según refieren testigos que han declarado en la Justicia Federal de Salta.

El 14 de este mes el fiscal Amad, tras enterarse por los medios de comunicación de que se iba a excavar una fosa en el Cementerio San Antonio de Padua, solicitó la medida de no innovar. Luego se supo que también había se preveía abrir otra fosa en el Cementerio de la Santa Cruz. 

El fiscal señaló que si bien excavaciones realizadas en este último Cementerio en 1984 y 2015 "no arrojaron resultado positivo", en la primera búsqueda se encontraron monedas emitidas en 1975, que indican "que en ese lugar se encontrarían los cuerpos correspondientes al período investigado", por lo que la investigación debería profundizarse. Amad advirtió que "existe un riesgo cierto de que se vea frustrado de manera irreparable el derecho a la verdad, a raíz de los trabajos que puedan desplegase con el propósito de atender la mayor demanda de cementerios locales".

En su resolución el juez destacó que en el marco de la investigación de los delitos de lesa humanidad "el Estado Argentino ha asumido el compromiso de remover cualquier obstáculo que impida la investigación y juzgamiento de los responsables de estos crímenes" y consideró que el pedido de medida cautelar "tiende a lograr que se conserve el estado actual en el que se encuentra el Sector 'C' hasta tanto se diluciden los hechos denunciados". Añadió que por esto "se debe actuar con extrema rigurosidad en pro de la conservación del estado actual del sector 'C' del cementerio de la Santa Cruz".

Tres testigos han referido la existencia de un enterratorio común de víctimas del terrorismo en este Cementerio municipal de Salta. El odontólogo Manuel José Costello contó que había una fosa común “enorme” y que podía asegurar que eran restos de más de una persona. Ubicó esta fosa en el fondo del predio. En 2015 se excavó en un lugar del fondo del Cementerio pero se determinó que correspondía a un depósito de sepulturas individuales. Antes, en 1984, se había excavado en el sector C, ahí se encontraron las monedas de 1975. 

Costello fue convocado en 1977 por Julio Gamboa, cuñado de la docente Gemma Fernández Arcieri de Gamboa, quien fue secuestrada y desaparecida en septiembre de 1976, junto a su marido, Domingo "Guilo" Gamboa. Julio Gamboa obtuvo el dato de que su cuñada y su hermano habían sido asesinados y sometidos a explosiones y luego sus restos depositados en una fosa común en el Cementerio municipal. Gamboa convocó a Costello porque había sido el odontólogo de Gemma y de hecho logró identificar un maxilar suyo. 

"Sabemos que están ahí"

Mariana Gamboa, hija de Gemma y "Guilo" es querellante en esta causa. Ayer celebró la medida de no innovar, y se esperanzó en que se lleve a cabo otra excavación en el sector C, una vez que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), desfinanciado en la gestión de la alianza Cambiemos, se encuentre en condiciones. "Si tenemos una medida de no innovar nos parece justo poder culminar con un proceso muy doloroso y que no llegamos nunca al final", para que "finalmente se pueda terminar y culminar con ese proceso y poder así poder reencontrarnos con los restos de nuestros familiares".

Gamboa destacó "la importancia de poder aportar a que se continúen las investigaciones  por la restitución de los cuerpos de los detenidos desaparecidos en Salta" y aseguró que como organizaciones de derechos humanos que vienen bregando por memoria verdad y justicia en las causas de delitos de lesa humanidad pretenden "poder llegar al final de los procesos de investigación que fueron interrumpidos históricamente desde la década del 70 hasta hoy por no haber tenido la capacidad, tampoco la perseverancia de la justicia". 

"Nosotros sabemos que existen los restos de nuestros familiares en fosas comunes y que están en el Cementerio de la Santa Cruz", enfatizó. 

Por otro lado, señaló que les "llama poderosamente la atención que el Estado, en este caso el Estado municipal, que se encarga de los cementerios, no se haya comprometido en un proceso de demarcación y señalización de memoria en donde nosotros también, aparte de encontrar los restos, podamos tener alguna placa significativa". Que, "aunque no encontremos el pedacito de hueso que andamos buscando de nuestros familiares", implique un reconocimiento de la responsabilidad que le cabe al Estado municipal por haber sido parte del terrorismo estatal. "Entender que hubo una connivencia de distintos estamentos del Estado, incluido el municipal, que se encargaba de los tratamientos de los muertos en la ciudad de Salta, en donde el terrorismo de Estado tuvo una participación para poder deshacerse de la última parte de los restos de nuestros familiares". 

En la causa también declaró el ex empleado municipal Rubén Américo Molina, quien refirió que una noche vio que ingresaban al Cementerio tres camiones Unimog del Ejército, que descargaron cajones, y que él mismo con sus compañeros los enterraron en una fosa ya cavada, ubicada en el noroeste de la parte trasera del panteón del Centro Argentino. Silvano Benancio Gutiérrez, describió que era una fosa común tipo una zanja, que los cajones fueron colocados en fila, a un metro y medio de profundidad. También dijo que escuchó al administrador del cementerio decir que esos cuerpos eran de personas que habían participado en la lucha subversiva de Tucumán.