El diputado provincial Leandro Busatto (PJ) pedirá al Ejecutivo provincial el tratamiento de una ley que imponga mayorías especiales a la Asamblea Legislativa para designar a los fiscales y defensores regionales, así como a las cabezas de ambos ministerios. El legislador pretende equiparar los dos tercios necesarios del Senado de la Nación para los cargos allí designados. "Deberían ser necesarios dos tercios de los votos, tanto para remover como para designarlos, sino todo termina siendo una guerra partidaria. Hay que buscar una mayor calidad institucional y los consensos necesarios para evitar generar nuevamente un proceso degradante como el que fue víctima Gabriel Ganón". El cambio en la ley se da frente al escenario de las nuevas designaciones en la Defensoría General que tiene propuesta a Jaquelina Ana Balangione, esposa del cortesano Rafael Gutiérrez. De prosperar el se necesitarían 46 votos entre diputados y senadores para aprobar los nuevos pliegos, contra los 35 que marca actualmente la ley.

"En Santa Fe el marco legal ha establecido para estas designaciones la simple mayoría de los votos de los presentes, diferenciándose así de lo establecido para la designación de las autoridades del Ministerio Público de la Nación o de otras provincias donde se requiere una mayoría calificada de 2/3 de los votos", comienza explicando Busatto.

El legislador remarca que "la mayoría calificada para la designación de las autoridades del Ministerio Público, a diferencia de sus agentes Fiscales y Defensores lo cuales requieren para la aprobación del pliego mayoría simple, radica en su jerarquía de máxima responsabilidad institucional y en la tarea que desarrollan como 'cabezas' de tan importantes órganos encargados nada menos que de defender el interés público y los derechos de los ciudadanos". "Esto exige que quienes acceden a tan altas responsabilidades, lo hagan con un altísimo grado de legitimidad, incluso superior a las requeridas para los cargos de Fiscales y Defensores" agrega.

Es que en la Constitución Provincial se ha establecido que corresponde a la Asamblea Legislativa ser el órgano constitucional encargado de prestar 'acuerdo' a las designaciones de funcionarios propuestos por el Poder Ejecutivo, a diferencia de lo establecido en la Constitución Nacional y otras Constituciones Provinciales que han establecido que tal atribución corresponde al Senado.

Sin embargo Busatto critica que "si bien, las leyes 13.013 y 13.014, han respetado el criterio establecido en nuestra ordenamiento constitucional para la designación de funcionarios judiciales con acuerdo de la Asamblea Legislativa, extrañamente se ha establecido un mecanismo de remoción de dichos funcionarios, que resulta diferente al establecido en nuestra constitución para la remoción de las máximas autoridades de los Poderes estatales. Incluso de funcionarios nombrados sin acuerdo legislativo y que se encuentran sometidos a Juicio Político, cuyo mecanismo de remoción se encuentra establecido en la Constitución Provincial".

El nudo de la cuestión para el diputado es que "el mecanismo de remoción establecido en las leyes 13.013 y 13.014 para las máximas autoridades del Ministerio Público, resultan de una calidad institucional menor a la establecida en nuestra Constitución Provincial. Para Busatto "en las leyes 13.013 y 13.014, con respecto al procedimiento de remoción de las autoridades del Ministerio Público, no existe la separación de roles entre 'quien acusa', 'quien evalúa las pruebas' y quien 'decide', lo cual redunda en un menoscabo a las garantías del debido proceso, la imparcialidad y el derecho de defensa".