La Legislatura aprobó, once meses atrás, la expropiación y posterior reconversión en Museo de la Memoria y escuela pública del ex centro clandestino de detención, Quinta de Funes. Pero el Ejecutivo, encargado de llevar adelante el proceso, hizo poco y nada, según los organismos de derechos humanos funenses. "La Provincia nunca habló con los dueños de la quinta, ni siquiera se sentaron a hablar, no hubo ni un sondeo", reprocharon desde la Comisión por la Memoria. A la par, y para indagar en las razones, el diputado Carlos Del Frade ingresará un pedido de informes en los próximos días.  No obstante, el subsecretario de Derechos Humanos, Ramón Verón adelantó que pasado mañana habrá una reunión con los representantes legales de la finca para avanzar en el tema. "Está en camino, en marcha, no es que se cayó la expropiación", prometió el funcionario.

El 21 de abril de 2016, la áspera Cámara de Senadores le dio la media y final sanción a la expropiación, un proyecto que impulsó la diputada Alicia Gutiérrez. "Este espacio es una forma simbólica de lograr la restitución de los nombres y de las tumbas que les fueron negadas a las víctimas y a sus familiares", reflexionó la legisladora del Sí en su momento. Finalizada la causa legislativa, debió entrar en juego el Ejecutivo para sentarte con los actuales titulares de la propiedad ubicada en Ruta 9 y diagonal San José.

Ante lo que entienden como una dilación, los integrantes de la Comisión por la Memoria reclamaron que se acelere el proceso. "Falta que se cumpla con la ley de Expropiación, que el gobierno provincial comience con los trámites respectivos para que no se prolongue como la de La Calamita", apuntó David Rullo, miembro de la Multisectorial que organiza las actividades del próximo 24 de marzo. "No creo que haya desinterés por parte de la Provincia, hace falta una voluntad de política, no hay mezquindad en el medio", consideró Pablo Villanueva, otro de los organizadores. Difiere en ese caso Rullo, que está "casi convencido" que el gobierno provincial "no tiene un interés real" en expropiar. La Comisión asegura que no hay una partida para consumar la reconversión dentro del presupuesto 2017, pero eso no quita que se pueda destinar un monto anexo de modo especial.

Verón llevó calma y, en diálogo con Rosario/12, reveló que el miércoles representará al gobierno en una reunión con los representantes legales o dueños de la Quinta y una vez que se tase el predio y el privado deba aceptar la oferta se continuará con el "proceso administrativo por distintas áreas", que ya no depende de Derechos Humanos. "En el caso de la Quinta, se venía en un proceso distinto a La Calamita, acá se habla de mucho más dinero, porque estamos en una zona mucha más cotizada", amplió.

A la par del reclamo, los funenses se movilizarán otra vez el viernes, al igual que los últimos seis años. "Hemos logrado congregar partidos políticos, organizaciones sociales, vecinales y ciudadanos en general para organizar, debatir y aportar ideas para las actividades del Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia. Como años anteriores discutimos un documento conjunto que permita valorar avancen y seguir reclamando y luchando por lo que falta", explicaron desde la multisectorial.