La Cámara de Diputados decidió reparar los daños sufridos por una ex trabajadora del Congreso que hace unos años denunció por abuso sexual a un diputado nacional, hoy procesado por ese delito, y “no encontró la protección física y psíquica que amparada por la ley debería haberle garantizado”. La medida tomada fue incorporar a la joven a la planta permanente del organismo, en un flamante Departamento de Género y Diversidad Sexual. “Fue una propuesta que me hicieron y que decidí tomarla. Estoy agradecida no solo por el hecho de la contratación, sino porque es una reivindicación enorme. Nunca antes había recibido apoyo institucional desde que ocurrió el hecho y sentía un dolor muy grande porque la Cámara castigaba mi accionar”, dijo la denunciante.

"Desde el inicio de la actual gestión, la defensa por los derechos humanos de las mujeres y personas de la diversidad sexual es un eje fundamental para nuestra política, por eso creemos que tenemos que responder ante la inacción que ejerció la institución en aquel momento con un acto de violencia que hoy queremos reparar", dice el comunicado de la Cámara que se difundió ayer. Pone el acento además en que no sea el propio Estado quien ejerza la violencia que las leyes dictadas en esa misma casa buscan erradicar.

Hay una decisión política clara por detrás de esta medida. “Es la primera vez que se toma una decisión así. Jamás escuché un acto de reparación con un procesamiento. Lo único que se había conseguido es que a Orellana lo cambiaran de edificio”, comentó a este diario María Elena Barbagelata, abogada querellante en este caso, quien celebró la medida y consideró que “tiene que haber compromiso por parte de los organismos, en particular del Legislativo, donde la asimetría de poder es enorme y hay un espíritu corporativo que protege a los diputados; se parte del descreimiento del relato de la víctima. Hay que partir de que existe una denuncia y esto significa un compromiso de debida diligencia para erradicar estas formas de violencia contra la mujer, en el Congreso y en cualquier lugar donde hay muchos varones con posición de poder”.

Los hechos se remontan a 2016, cuando una ex asesora de la diputada Gabriela Troiano denunció al ex diputado nacional por Tucumán y actual intendente de Famaillá, José Orellana, por abuso sexual . El 11 de noviembre de ese año, Agustina Poch fue al despacho del diputado Orellana y, según relató en algunas oportunidades, éste abusó sexualmente de ella --con manoseos, acercamientos corporales, comentarios y besos que ella no consintió-- mientras estaban solos en el despacho.

Poch nunca dudó de que debía denunciarlo. Pero el camino judicial no fue fácil ya que en primera instancia Orellana fue sobreseído en diciembre pasado por falta de pruebas. Sin embargo, tanto la querella como la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM) apelaron el fallo en febrero y el 19 de mayo Orellana fue procesado por el delito de abuso sexual por los jueces de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Ignacio Rodríguez Varela y Alberto Seijas. "La naturaleza de las cosas reclama una valoración realista puesto que (episodios como el investigado) suelen ocurrir en ámbitos de intimidad y en ausencia de testigos, por lo que el relato de la víctima adquiere una especial trascendencia probatoria y debe ser valorado con esmero, en lo posible recabando el auxilio de especialistas, como ha sido hecho en este proceso", apuntaron los jueces. Se espera que el juicio oral se produzca antes de fin de año.

Poch tiene veinticinco años y es socióloga egresada de la Universidad de La Plata. Desde esta semana trabaja en el Departamento de Género y Diversidad Sexual que depende de Recursos Humanos. En diálogo con Página/12 relató lo que pasó en estos años. Además del abuso, fue muy difícil para ella que la Cámara no tomara medidas de protección incluso después de saber que no era un dicho de pasillo: “Presentamos un proyecto para que se lo apartara de Diputados mientras duraba el proceso judicial, algo que permite el artículo 66, y en la Comisión de Legales nunca lo trataron. Y la presidencia de la Cámara no se accionó absolutamente en nada. Le pedíamos a Emilio Monzó que lo corrieran porque trabajaba en la oficina contigua y se tardó seis meses en lograrlo. Eso fue muy duro, porque fue muy desgastante. Tuve que cambiar todas las tareas que llevaba adelante por miedo a cruzármelo. Tenía miedo de algo similar, o que me increpe, era muy traumatizante verlo. La denuncia era pública, entonces… Siempre sentí que la Cámara lo protegió e hizo caso omiso a mi denuncia. No se actuó y me desprotegieron de cualquier derecho”.

Aunque actualmente Orellana tiene una restricción hacia ella, siguió como diputado hasta 2019 y luego asumió como intendente en Famaillá. “Eso fue terrible. Yo terminé el 10 de diciembre de 2017 y no podía leer ni siquiera una nota del Congreso. Me dolía muchísimo que se lo defendiera. Estas cosas no tienen defensa”, dijo ella. Cuando terminó el mandato de la diputada Troiano, Poch dejó la Cámara y no trabajó más. Tampoco recibió llamado alguno de alguna autoridad hasta hace un mes atrás, que la llamaron de la presidencia de la Cámara y le hablaron de otorgarle la planta permanente como forma de reparación.

--¿Cómo recibió esta propuesta?

--Me puso contenta, yo amaba trabajar en la Cámara. Más allá de que es súper reivindicativo… que de repente haya diputados que se interesan, que les importa, me reconforta. Surgen estas nuevas voces que tienen otro discurso, más contemplativo, más cercano y toman decisiones más allá del costo que implique. Está buenísimo que se empiece a asumir esto. No quiero que lo que me pasó a mí le pase a ninguna empleada. Por eso para mí es muy valioso. Siento un precedente para el Estado y en las empresas en general. Esto es una decisión política e institucional de reparar una acción. Yo no había pedido nada. A los diputados y a las autoridades de la Cámara que arbitraron que esto ocurra, todo mi agradecimiento.