El jueves, el oficialismo porteño y algunos bloques aliados sancionaron la ley que regula la actividad de los trabajadores de aplicaciones de delivery, mientras afuera de la Legislatura los repartidores, los mismos que se volvieron esenciales y más visibles que nunca en medio de la pandemia de covid-19, rechazaban la norma por considerarla precarizadora. Al respecto, la Asociación de Personal de Plataformas (APP) sostuvo que se trata de una ley de “desregulación de las aplicaciones” que habilita a las empresas de plataformas como "intermediarias de oferta y demanda y las exime del cumplimiento de toda normativa laboral y tributaria”. Al mismo tiempo, es discriminatoria, ya que exige a los repartidores un permiso de trabajo que no se impone a otros trabajadores ni servicios, razón por la cual están evaluando pedir a la justicia la inconstitucionalidad.
A través de un comunicado, la Asociación advierte que la ley, que introduce modificaciones al Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad para regular las plataformas, crea un permiso de trabajo para los repartidores e impone duras sanciones a los trabajadores y trabajadoras que no cuenten con habilitación, lo que supone un acto de discriminación laboral. En ese sentido, el secretario general de la APP, Roger Rojas, dijo que la ley “está concebida para perseguir y precarizar a los trabajadores y desregular a las empresas. Con esta legislación están afianzando la precarización y silenciando a los trabajadores, que tenemos una relación de dependencia pero sin derechos con las empresas".
De todas formas, desde la Asociación señalaron que hubo modificaciones positivas al proyecto original de Vamos Juntos, producto de los reclamos de los trabajadores y los bloques opositores, en los que se logró quitar requisitos para los repartidores como la acreditación de la nacionalidad o residencia definitiva, y la constitución de domicilio en la ciudad de Buenos Aires. Así como la obligación de entregar a los repartidores elementos de seguridad e higiene como cascos, barbijos y alcohol en gel.
Pero remarcaron que estas modificaciones son menores frente a la cuestión de fondo. "El objetivo parece ser restringir a estos trabajadores en particular, para los cuales se crean requisitos adicionales y sanciones específicas en el Código Contravencional, mientras se desregula la economía de plataformas", dijo Juan Manuel Ottaviano, abogado laboralista y asesor legal de la APP. Y agregó que "esta ley es un retroceso porque desconoce la figura de la empresa al calificar a la plataforma como intermediaria. No es un avance en términos de derechos sino que retrasa el camino para el reconocimiento de algún tipo de vínculo laboral ya que las empresas lo desconocen y consideran que los repartidores son microempresarios".
