Cinco mujeres y un hombre cuyos contratos laborales fueron rescindidos en plena pandemia por el intendente Diego Sumbay se siguen manifestando en la Municipalidad de La Caldera pidiendo la reincorporación. Desde este jueves, una trabajadora y el trabajador se habían encadenado. Fueron denunciados por el secretario de Gobierno, Carlos Mercado, quien esgrimió que obstruían el paso en la vía pública. Este viernes la Policía les impidió volver a encadenarse. El grupo se manifestó igual al frente del edificio municipal.

Una de las despedidas, Lorena Cardozo, reclamó que desde el 23 de junio el intendente les rescindió el contrato y entre ellas la mayoría son madres que crían solas a sus hijos e hijas siendo el ingreso que obtenían por este trabajo el único sustento. “Este viernes nos reprimieron. Personal femenino empujó a las compañeras. Eran 15 policías. El subcomisario Aranda quería que desalojemos, trató de agredir al compañero que era el único varón. El jueves una compañera y el compañero se encadenaron. El jefe de Gobierno, Carlos Mercado, ex policía, los denunció por obstruir el paso en el espacio público. Este viernes no nos dejaron hacer nada. Apenas llegamos la Policía no dejó que los compañeros volvieran a encadenarse. Nos quedamos manifestándonos al frente para no tener más inconvenientes”, manifestó la trabajadora. 

Cardozo se desempeñaba como empleada administrativa en el área de acción social. Tiene dos hijos de 7 y 10 años. Contó que el intendente le dijo que “para qué reclama por su puesto laboral si tiene marido que trabaja y le sirve de sostén económico”.

La trabajadora sostuvo que su desvinculación se debió a una persecución política al no haber colaborado en la campaña electoral de Sumbay. Dijo que venían cubriendo “agujeros”,  ya que les enviaban a cumplir diversas tareas. “Teníamos un contrato hasta abril y seguimos trabajando con recibo de sueldo y cobramos aguinaldo. Veníamos reclamando que no se nos pagaba el salario por los hijos, ni presentismo, ni titulo”, sostuvo Cardozo.

“Nos pagaban $12.000 al mes pero en junio cobramos $8.000 y $4.000 en concepto de liquidación de vacaciones adeudadas”, añadió. La trabajadora planteó que el intendente esgrimió como excusa para no renovarles el contrato que “el municipio está en rojo”, aunque señaló que este volvió a contratar a 6 trabajadores que hicieron campaña para él y sostuvo que tomó a gente de su planta política con el doble de sueldo.

“El intendente es pediatra y le está quitando la comida a nuestros hijos al dejarnos sin trabajo. Es violencia lo que está haciendo”, manifestó Cardozo.

El delegado gremial de ATE, Gustavo Sarapura, contó que vienen realizando varias medidas solicitando la renovación del contrato de siete personas despedidas, aunque una decidió no manifestarse. “Trabajaban desde hace 8 y 9 años de forma no registrada, recién en noviembre la gestión anterior los pasó a contrato que vencía en abril. La situación de despido en junio generó preocupación porque la mayoría son madres solteras, tienen dos o tres hijos a cargo y se quedaron sin obra social que es indispensable en este contexto de pandemia”, aseveró Sarapura.

El gremialista dijo que hace 24 días vienen con medidas de fuerza y no hay “ninguna respuesta concreta por parte del ejecutivo”. Señaló que de 7 audiencias que hubo en la Secretaría de Trabajo el intendente no acudió a ninguna pero envió a la tesorera y al abogado Juan Pablo Ochoa. La única propuesta del Ejecutivo, según Sarapura, es anotar a las personas despedidas en un microcrédito de la Nación de $50 mil para que reactiven una cooperativa de dulces que tiene el municipio. 

El delegado dijo que esa puede ser una alternativa a tener en cuenta después de diciembre ya que las trabajadores y el trabajador requieren capacitarse en el rubro, aprender a manejar las máquinas, y se necesita inversión en maquinaria porque la que hay sería vieja. También dijo que con el turismo y la economía parada sería difìcil que ahora se dediquen a producir y comercializar dulces. Cardozo por su parte consideró inviable esa propuesta.

“Hay una persecución laboral a los compañeros, venimos denunciando que el intendente hizo una reestructuración, cambió las funciones de las personas que estaban trabajando y les bajó las categorías”, detalló Sarapura. “También venimos realizando el pedido de paritarias y de continuidad de las compañeras y los compañeros cuyo contrato vencía en abril. Se pedía la continuidad hasta diciembre. El DNU nacional decía que mientras dure la cuarentena estaba prohibido despedir y eso no se cumplió”, aseguró.

Sarapura indicó que tampoco se cumplió con la conciliación obligatoria que prevé que “ninguna de las partes puede tomar represalias” mientras dure la negociación. En este caso, el intendente procedió con la finalización de los contratos. “Queremos que se respeten los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras en un contexto de pandemia en que se les hace difícil conseguir otro ingreso”, expresó el delegado.

El gremialista dijo que hay una “falta de sentido humano” por parte del intendente que no brinda soluciones. “El problema es político. Él está tomando gente que pertenece a su cuño político. Él debe entender que ahora gobierna para todos, no para el grupo que lo apoyó, es intendente”, dijo.

Sarapura planteó que la Policía reprimió a las compañeras y a un compañero “ que estaban manifestándose de forma pacífica". "Las únicas respuestas del intendente son la represión y persecución laboral. No se presentó a dialogar. En el pueblo se está produciendo un enfrentamiento de vecinos porque hay una polarización entre quienes apoyan a la gente despedida y quienes apoyan al gobierno municipal. El intendente debe buscar una solución para llegar a la paz social, no ha tenido un acto de madurez”, acotó Sarapura.

Salta 12 intentó comunicarse con el intendente pero no obtuvo respuesta.