En la provincia de Buenos Aires hay un caso de gatillo fácil cada 40 horas. Sólo durante el mes de junio, 18 personas murieron en hechos vinculados con la violencia institucional. La mayoría, hombres jóvenes y pobres. La desaparición de Facundo Castro, cuando viajaba desde Pedro Luro, un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires, hacia Bahía Blanca, y el asesinato de Lucas Verón, en La Matanza, hicieron que las miradas se volvieran a posar sobre el accionar de la policía bonaerense.

Castro despareció el 30 de abril, tras ser detenido por un control policial en una ruta provincial. Verón fue perseguido y asesinado por un efectivo de la bonaerense, que le disparó a corta distancia y a la altura del pecho.

Once años pasaron de la desaparición de Luciano Arruga, dieciocho del asesinato de Ezequiel Demonty y nueve de la masacre de la Cárcova, tan sólo por nombrar casos que suelen acaparar, en cada aniversario, la memoria colectiva, y nada parece haber cambiado en la bonaerense. Desde el ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, que conduce Sergio Berni desde el 10 de diciembre de 2019, aseguran que “se trata de un problema estructural y que la solución llevará tiempo”.

La desaparición de Facundo y el asesinato de Verón forman parte del pequeño universo de casos de violencia institucional que llegan a los medios de comunicación. Las estadísticas de los distintos organismos que trabajan sobre el tema coinciden en que tan sólo uno de cada diez hechos toma estado público.

La cúpula del ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires era consciente, al momento de entrar en funciones, que la violencia institucional estaba enquistada dentro de la policía bonaerense. Por eso, presentaron un plan de seguridad y, según informaron a Página/12, estipularon un cronograma de capacitaciones. La iniciativa quedó trunca con el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

“El ministro puso en debate toda la estructura policial”, aseguraron ante este diario desde el entorno de Berni. “Formación, entrenamiento y educación son las cosas que pueden revertir la situación, pero todo eso lleva tiempo. En los últimos 35 años la provincia de Buenos Aires nunca tuvo un plan de seguridad, el ministro lo tiene. Porque esto no empezó con Vidal y con Macri. A Chocobar no lo formó Patricia Bullrich. Esto viene de hace mucho tiempo y cambiarlo también llevará tiempo”, argumentaron desde el ministerio de Seguridad bonaerense. La contracara de la paciencia que piden los funcionarios, es el reclamo de una solución urgente por parte de los familiares de las víctimas y de las organizaciones de Derechos Humanos. 

El diputado del Frente de Todos y referente de la Campaña contra la violencia institucional, Leonardo Grosso, coincide con la necesidad de mejorar las fuerzas a través de la formación, pero señala que el problema va más allá. “El problema de fuerzas de seguridad se da en todo el territorio nacional, pero la Bonaerense es sin dudas la peor. Porque más allá de los hechos de violencia institucional, también es cómplice y reguladora de delitos graves, como la trata de personas, la venta de drogas y la venta de armas. Muchos de ellos son los policías que Scioli quería formar en seis meses o que se formaron en la época de Vidal, que fue peor”.

Grosso detalló que más allá de la formación también se necesita “una conducción civil seria y control externo”. El diputado también apuntó con la justicia como responsable de que los hechos de violencia institucional no se detengan. “El caso de Facundo es claro. Hasta que Berni no fue al lugar, el fiscal no pidió los libros de guardia de la comisaria”, señaló.

Desde la Comisión Provincial por la Memoria señalaron que las 18 personas fallecidas durante el mes de junio en hechos vinculados con la violencia institucional tienen que ver “con un despliegue de la fuerza policial en el territorio que ha profundizado sus prácticas habituales, y en tiempos de pandemia viene mostrando su cara más violenta, arbitraria y cruel”.

La mirada del organismo no coincide con el análisis que hacen desde el Ministerio de Seguridad. “Esto no tiene nada que ver con la cuarentena, ni con el aislamiento. La policía está en la calle todos los días, las 24 horas. Es igual que lo que sucede con los médicos, hay casos de mala praxis todos los fines de semana. Lo que sucede tiene que ver con una mala formación que viene de años. Por ejemplo, lo que hicieron en La Matanza, en el caso Verón, fue un desastre. Un pésimo accionar, por eso los policías están detenidos”, sostuvieron desde el entorno de Berni.

En ese sentido, desde la Comisión Provincial por la Memoria, marca una diferencia con lo que sucede habitualmente y, en la misma línea que plantaba Grosso, aseguraron que “la detención de los agentes responsables del crimen y su desafectación, marca una diferencia sustantiva con el temperamento sostenido por el Poder Judicial y la auditoría, en la mayoría de los casos, donde el personal policial no sólo no es detenido, sino que continúa en sus funciones”.

Si bien a raíz de la desaparición de Facundo Castro la preocupación por el accionar de la policía bonaerense atravesó todos los estratos del oficialismo, la posibilidad del Gobierno nacional de modificar la realidad bonaerense es limitada. Al respecto, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabrina Frederic, explicó hace pocos días en su exposición ante el Senado, que ante los casos de violencia institucional que se ven en todo el país es necesario dotar a las policías provinciales de “herramientas y protocolos para que no vuelvan a ocurrir”.

Por su parte, Grosso señaló ante Página/12 que “esta nueva crisis que atraviesa la policía bonaerense es una oportunidad para avanzar con una reforma seria y que se extienda en el tiempo”, y agregó: “la reforma tiene que ser estructural, los policías deben tener mejor formación y mejor salario. Hay que profesionalizar la fuerza, pero también hay que controlarla”.

La policía bonaerense cuenta con poco menos de 100 mil efectivos y tiene potestad sobre la mitad de la población que habita la Argentina. Una estructura gigante, difícil de modificar y casi imposible de controlar en toda su dimensión.  En ese marco, vuelve a tomar fuerza un viejo reclamo de distintos sectores que impulsa la división de la policía y la coordinación territorial obligatoria con otras fuerzas.