La presentación del viernes junto a cinco mandatarios provinciales (tres de la oposición) escenificó el mejor momento semanal del presidente Alberto Fernández. “Su” formato, la coordinación, respeto mutuo, énfasis en las coincidencias. Los gobernadores agradeciendo al Presidente, subrayando su liderazgo. El jujeño Gerardo Morales y el chaqueño Jorge Capitanich enalteciendo la llegada de profesionales de la salud de otras provincias para capacitar y ayudar. Una valiosa iniciativa que AF activó personalmente en la que cooperaron varios gobernadores. El cordobés Juan “Gringo” Schiaretti fue especialmente aludido por Morales y Capitanich.

De todas maneras, los anuncios caen en un mal momento del gobierno nacional con dudas en lo sanitario, agotamiento social respecto de las “cuarentenas”. Envuelto en debates promovidos por la oposición y desde el interior del Frente de Todos (FT). Se pone en cuestión hasta si es bueno debatir dentro de la coalición gobernante. Fernández responde reivindicando el diálogo.

La controversia es consustancial al sistema democrático, a las coaliciones y al propio peronismo. Este cronista piensa que la polémica sobre el diálogo --cuando interpela a un oficialismo-- exige ponderar sus resultados concretos. La famosa gestión, las realizaciones. Cualquier equipo de gobierno es una máquina de comunicar cuyas herramientas se oxidan velozmente porque tiene adversarios o enemigos que también juegan. También porque en la galaxia del info-entretenimiento el que se repite termina por aburrir más pronto que tarde. AF delega poco esas funciones y va sufriendo en mayor medida lo que le pasó entre los dos debates presidenciales: arrasó en el primero, empató apenas o perdió por puntos en el segundo.

La ventaja comparativa (el hábitat) de los poderes ejecutivos son las políticas públicas, las decisiones, los logros, lo que concreta. Realizar es mejor que prometer. Prometer y no realizar… un bajón. Sin ir más lejos, la sucesión de tácticas fallidas respecto de la cerealera Vicentin cementó un camino seguro hacia el desprestigio. El Presidente lo acentuó cuando asumió un error de cálculo inicial: tras esa confesión cuesta hasta entender qué quiso hacer en cada movimiento. Un golazo en contra, error no forzado.

La acción política del gobernante se juzga con parámetros bilardistas: más por resultados que por intenciones. La suma algebraica de avances y retrocesos, sopesadas según los intereses, las ideologías o los alineamientos de cada cual.

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Los diversos frentes: El Presidente recibió un legado penoso de su antecesor, Mauricio Macri. Pobreza y desempleo récords, onda 50 por ciento de capacidad industrial instalada funcionando, estanflación y deuda externa sideral en default.

La vieja normalidad conjugaba desigualdad, concentración de la riqueza, evasión exorbitante, gente con hambre. El coronavirus rebasó el vaso. AF encara varios frentes simultáneos: la salud, la economía, la deuda interna, el canje con los bonistas privados. Compite con un establishment poderoso e insensible, una oposición política intratable en el Congreso y acuerdista entre quienes comandan territorios. Compite, básicamente, con lo que (a falta de expresión más certera) llamaremos la realidad.

Retomamos a nuestro modo, un argumento desarrollado ayer en este diario por el colega David Cufré. El rumbo elegido por AF es correcto, la velocidad es discutible.

Hablemos de la segunda fase de la gestión, signada por la covid-19. Los aciertos más rotundos se miden en plata, en gasto social expandido. El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) alivia a nueve millones de personas. Va por su tercer pago. Los ATP solventan hasta la mitad de los sueldos de trabajadores formales. Se reparten en todo el país.

Los gobernadores --sin sobreactuar, gritar ni dejar dudas-- clamaron ante el Presidente para que el IFE III reprodujera al IFE II. Sin retoques a la baja para regiones menos castigadas que el AMBA, Chaco, Gran Córdoba, Gran Rosario. Conocen sus terruños, sopesan cuánto suma la transferencia federal.

La distribución del IFE releva y revela la inequidad argentina. La palia parcialmente. Lo perciben más mujeres que hombres, más jóvenes que adultos, una cifra impactante de informales. Llega a todas las provincias pero, si se colorea el mapa por densidad de población, el NOA y el NEA reciben más ayudas, la Patagonia algo menos, la Ciudad Autónoma poco. Nunca nada, eeeh.

Un sentido “ecuménico” define a los salvatajes del ATP. Vale para megaempresas y Pymes. Se procura preservar todos los puestos de trabajo, minimizar los despidos, mantener viva la capacidad instalada. Dejar de lado a los grandes jugadores contravendría el objetivo esencial. El rumbo consiste en no ajustar mediante despidos. Jamás se conseguirá en un cien por ciento, los primeros guarismos sobre empleo lo comprueban.

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Mucha plata, poca guita: Las transferencias de ingresos son fabulosas, sin precedentes. La emisión monetaria, sideral. No alcanzan, claro, a curar la malaria. De cualquier manera, el porcentaje argentino del PBI destinado a esos fines resulta menor al de los países de la Unión Europea (UE) y aún al de naciones vecinas. Comparar con el Primer Mundo carece de sentido: Argentina juega en ligas menores.

El cotejo con países de la región nos deja rezagados. Como en viejos-malos chistes conviven una buena noticia y una mala. La mala es que estamos en default: los vecinos tienen mayores reservas y capacidad para pedir créditos.

La buena consiste en el piso precedente de protección social argentino incomparablemente superior en la comparación regional. Jubilaciones, Asignación Universal por Hijo (AUH), obras sociales, sistemas educativos y de salud gratuitos, programa Remediar, medicamentos para los afiliados a PAMI, Progresar... siguen las firmas. Esa base, hija de los gobiernos nacionales y populares, coadyuva a las medidas de emergencia.

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Para miles, no para dos: La ampliación de la moratoria de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) encara en el mismo sentido. Macri encontró el Estado con baja deuda y una sociedad civil no agobiada. Equiparó para mal…

La dupla pandemia-cuarentena potenció el universo de contribuyentes morosos. Van desde los capos del capitalismo hasta personas humanas. En cifras tentativas, a ojímetro, llegarían a 900 mil.

La nueva moratoria les da una oportunidad a peces grandes y diminutos. Otorga distintas condiciones, más livianas para los menos poderosos: plazos más prolongados, tasas de interés menores.

Retoma condicionalidades establecidas en los ATP. Durante 24 meses no podrán distribuir utilidades, realizar pagos en dólares en concepto de regalías a empresas vinculadas en el exterior y operar con títulos públicos para evadir la normativa cambiaria.

Los “dueños de la Argentina” reaccionaron furibundos cuando se les demarcaron dichos límites menores a los que rigen en Francia o Canadá. Una cosa es ayudarlos a solventar sueldos. Muy otra ayudarlos a lucrar en medio de la crisis.

Se ignora, a priori, cuántos contribuyentes ingresarán a la moratoria. Decenas de miles, como poco. Centenares de miles tal vez. Este cronista apuesta un almuerzo a los números con cinco ceros. Habrá que ver.

La Vulgata mediática clama alegando que la jugada es un traje a medida para las empresas de Lázaro Báez y Cristóbal López. El Gobierno, se enardece, quiere esconder un elefante entre millares… Macanean, apelan un bluf para “bajarle el precio” a una medida imprescindible.

Moratorias anteriores, en 2001, 2009 y 2016 (Macrilandia) incluían impuestos a las transferencias de combustibles y a los juegos de azar. Esos rubros, hoy y no entonces, son demonizados.

La indignación se expande porque se les otorga una oportunidad a empresas o personas con concurso preventivo o quiebras. Consignemos que es buena nueva para el Curreo de la famiglia Macri o para Vicentin. Y que, más vale, no libera a nadie de otras deudas con acreedores estatales.

Retomemos el hijo de Ariadna, el diálogo con el establishment.

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La costumbre de pedir y no dar: El gran empresariado amarrocó los beneficios estatales. Rehusó explicitar apoyos durante la firme negociación del canje de deuda.

Atávicamente piden pero no (se) ponen. Reclaman peor de lo mismo: pagar menos impuestos, aliviarse de cargas sociales. Flexibilizar las relaciones laborales, como en los 90 o en la etapa macrista.

La Cámara Argentina de la Construcción mociona un blanqueo de capitales para invertir en construcción privada, sin pagar un centavo de lo evadido.

Tras concurrir a Olivos, el G-6 injiere en el debate del proyecto de ley sobre trabajo a distancia. Nada dijeron en Diputados, la cámara de origen, aquella en la que suele darse la participación. La propuesta se aprobó con mayoría multipartidaria, bien amplia. Consagra derechos mínimos, razonables, que fueron consensuados atenuando las demandas sindicales. Una norma marco, un piso supeditado a correcciones en convenios colectivos, según rama de actividad. Los patrones se oponen a que haya límites de horarios, que se preserve la privacidad, que laburantes puedan pedir la reversión de la modalidad volviendo a la presencial.

Los dueños alegan que así no se “promueve” la modalidad. En cierto sentido tienen razón; las circunstancias promueven, la ley apunta a regular. Todo lo no regulado está implícitamente legislado a favor del más fuerte, escribió en la piedra Raúl Scalabrini Ortiz.

Los remedios de la emergencia dejan intacto al statu quo precedente. La catástrofe impone mecanismos correctos para atemperar la caída pero nulos para bosquejar un capitalismo más justo. 

La democracia es un sistema reformista, de tranco lento con mecanismos de negociación permanente. Pero, para modificar correlaciones de fuerza, existe el recurso al número o al poder. Se legisla, se vota, se litiga en los tribunales, se “les tira encima” la opinión pública o la movilización a los dueños del poder. De conflictos se trata, no suelen zanjarse en conversatorios. Menos con la clase dominante autóctona.

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Precios y concentración: La lucha contra la inflación define una zona gris de la acción gubernamental. Eficaces el cepo y los congelamientos de tarifas. Fallido el abanico de medidas para bajar los precios, en especial los de alimentos. La Ley de Góndolas no se concreta. Tampoco se cumplen los precios máximos, supuestamente defendidos por el control de la AFIP, los intendentes y hasta una insinuación de control ciudadano.

La concentración de la oferta de productos básicos explica en parte el fracaso parcial. Tal vez existan déficit de gestión que el Gobierno debería repasar con rigor y autocrítica. Las limitaciones forzadas por la pandemia apuntalan la ley del más fuerte.

El azote sanitario arroja un saldo de ganadores y perdedores, bastante similar al de febrero de 2020. Los hipermercados reabrieron pronto, supuestamente, para vender bienes esenciales: alimentos, productos de limpieza, alcohol en gel. Sumaron vestimenta, productos de librería, juguetería. Prosperaron y les restaron clientela a los pequeños comercios que llegaron después.

Emprendimientos como Mercado Pago atraviesan una fiesta en detrimento de los pequeños comerciantes a quienes sacan una tajada grossa y de los clientes.

Las plataformas como Rappi se enriquecen agravando la explotación a los laburantes.

El darwinismo económico goza de inmunidad frente al coronavirus. Nada parecido a una concertación, a concesiones mutuas de derechos se ha plasmado en estos meses crueles.

El Concejo Económico Social podría ser un instrumento para institucionalizar los debates, para exponerlos a la luz del día, para contraponer organizaciones sociales y gremios a las centrales empresarias. Las tertulias intermitentes no suplen instancias de ese tipo. El Congreso es un espacio para dirimir diferencias que no es sencillo zanjar en tertulia.

Los proyectos prometidos por el Presidente el 10 de diciembre y el primero de marzo ante la Asamblea Legislativa demoran en llegar al recinto. Abundan trabas prácticas y obstrucciones opositoras que, empero, “están en el inventario”. Con el poder del Estado y la legitimidad ganada en las elecciones y en el ejercicio, el Ejecutivo debería evaluar si no median también carencias propias.

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Ampliaciones y desventajas: En la entrevista realizada en esta edición por Nora Veiras y Victoria Ginzberg, Alberto Fernández anuncia que el proyecto de Reforma Judicial se enviará al Congreso la semana que viene tras siete meses de cocción. La Interrupción Voluntaria del Embarazo espera su momento.

El impuesto a las grandes fortunas llegará, sería un gran gesto que los diez mil multimillonarios más multimillonarios dieran su anuencia. Argentina año verde; gemirán, irán a los tribunales, repartirán bienes materiales y simbólicos a “constitucionalistas” y opineitors.

Un gobierno de salvación nacional carga con el deber de imaginar e ir cimentando una sociedad más igualitaria. Suponer que habrá consenso con los privilegiados peca de voluntarismo o de candidez. Negociar, pulsear es una cosa. Dialogar, solo un recurso entre tantos.

El relativo y ojalá perdurable éxito de la cuarentena para ahorrar contagios y muertes opera un resultado paradójico típico de las políticas preventivas. No hay modo de contar las muertes evitadas como sucedería, por caso, en un naufragio o en un rescate de rehenes. Las víctimas virtuales son incontables. Los críticos pueden argüir que serían pocos. He ahí un karma para los actuales gobernantes que de todas maneras se consagran a minimizar daños.

La salida económica de la crisis diseña un escenario en disputa. Un conflicto entre quienes quieren volver al pasado sin retoques o aún aprovechar las necesidades de la clase trabajadora por un lado. Del otro, quienes intentan promover un porvenir más justo cuando la peste deje margen. El lugar del gobierno popular no es neutral ni está en el medio.

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