Hoy, por primera vez en los últimos siete años, no habrá acto para recordar el Animanazo, la protesta popular que se desarrolló en julio de 1972 en el pueblo de Animaná, en reclamo de que los propietarios de la Bodega Animaná, de la familia Michel, pagaran los salarios adeudados .
Después de muchos años de silencio, aquella historia de lucha y dignidad popular fue rescatada por el Sindicato de Obreros y Empleados Vitivinícolas (SOEVA) de Cafayate, ciudad ubicada a 15 kilómetros de Animaná. En 2010, junto a un equipo de investigadores de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), el SOEV comenzó a recuperar la memoria histórica de la lucha obrera en los Valles Calchaquíes, luego creó un sitio de memoria y cada año, desde 2013, realiza un homenaje y un locro, para recrear la olla popular que sostuvo aquella insurrección.
Este año, pandemia mediante, el acto se suspendió, al menos por ahora, explicó el secretario general del gremio, Nelson López, quien quiso que se publicaran estas líneas para recordar aquellos actos que tan bellamente relata la canción de Armando Tejada Gómez y César Isella.
López lamentó no poder hacer el acto. Lo consideró “muy importante, para que el trabajador de la nueva generación esté sujeto a eso que pasó en ese tiempo", más todavía en momentos como éstos "en que realmente los empleadores se están comportando de mala manera”. “Es muy importante para nuestro gremio y para todos los trabajadores”, insistió.
El Animanazo comenzó la noche del 18 de julio de 1972. El secretario general Pablo Salomón Ríos había convocado a una asamblea que terminó convirtiéndose en asamblea popular porque además de los obreros de la finca y bodega, se sumaron los pobladores en general. De ese encuentro salió la decisión de tomar la bodega esa misma noche, reclamando la expropiación de la bodega. También se tomó la Municipalidad, y se organizó una olla popular que se prolongó hasta la madrugada.
"El pueblo fue tomado por los trabajadores que contaron con la solidaridad de sus pares de otras bodegas, y de toda la comunidad de Animaná. Contó también con gran adhesión de distintos sectores en Cafayate. Pacíficamente tomaron la bodega, la municipalidad, la policía, cortaron la ruta, y luego marcharon a Cafayate a protestar por la detención de los dirigentes del Sindicato, don Pablo Ríos (Cafayate) y don Inocencio Ramírez (Animaná)", relató la maestra en Ciencias Sociales Estela Vázquez, que fue parte del equipo de investigación.
Estos hechos se sucedieron tras un largo tiempo en que los obreros y el Sindicato venían reclamando a la finca y bodega de la familia Michel, que por una disputa por la participación societaria llevaba seis meses sin pagar los sueldos y había sido declarada en quiebra. Todo el pueblo dependía de esta empresa. Detrás de la falta de cobro de los obreros, se alineaban los comerciantes y otros prestadores de servicios, que también se veían afectados. Eso explica por qué todo el pueblo se sumó a los reclamos.
Para Vázquez, esta revuelta "tuvo características especiales por la fortaleza que mostraron sus protagonistas en el reclamo por seis meses de sueldos no cobrados".
El 19 de julio de 1972 el delegado gremial del SOEVA en Animaná, Inocencio Ramírez, designado intendente municipal por la asamblea la noche anterior, dictó la primera y única medida de su corta gestión. Estableció un impuesto de paso o peaje a cada vehículo que atravesara el pueblo con el objetivo de formar un fondo con el que comprar leche para los niños de Animaná. Entonces colocaron dos barreras sobre la ruta nacional 9, una a la entrada del pueblo, frente a la bodega, y otra a la salida, hacia San Carlos. Recién el 31 de julio los obreros comenzaron a recibir pagos parciales, por una ayuda del Ministerio de Bienestar Social de la Nación.
Pero el 6 de agosto la Policía detuvo a los cabecillas de la protesta, Salomón Ríos y Ramírez. El 9 de agosto los habitantes de Animaná marcharon a Cafayate para pedir su liberación y consiguieron la adhesion de comercios y otros gremios de esa ciudad, y de la ciudad de Salta, entre ellos el dirigente del tabaco Guillermo Álzaga, que iba a ser asinado por el terrorismo estatal. Y también el abogado Julio Mera Figueroa, asesor legal del SOEVA. Tras horas de presión, la manifestación logró su objetivo y los dirigentes fueron liberados.
La represalia, cuatro años después
Cuatro años después, muchos de esos dirigentes iban a sufrir el ensañamiento de la represión estatal. Vázquez señaló que en la memoria de sus protagonistas este hecho, y la represión que sufrieron entonces, "se une inmediatamente con la detención y torturas que sufrieron sus dirigentes a partir del 24 de marzo de 1976, cuando son llevados con los ojos vendados a Salta donde permanecieron detenidos durante varios días. Don Pablo Ríos, es además golpeado y torturado brutalmente", recordó.
Pablo Salomón Ríos, Nital Díaz, Horacio Guaymás, Santos Ramírez, Inocencio Ramírez y Amado Guanca, todos participantes del Animanazo, fueron detenidos la madrugada del golpe de Estado y trasladados a la ciudad de Salta. Primero estuvieron en el centro clandestino de detención que funcionó en el Ejército, donde fueron torturados e interrogados, luego fueron llevados a cárcel de Villa Las Rosas, de donde finalmente recuperaron la libertad. Salomón Ríos, que había sido más duramente golpeado, fue separado del resto, y permaneció detenido dos o tres meses. Las secuelas de la tortura lo persiguieron durante toda su vida.
En 2013, los policías Felipe Caucota y Ramón Vivas fueron condenados por la privación ilegítima de la libertad y los tormentos sufridos por Salomón Ríos.
“Fue mucho tiempo de hambre, de miseria, que tuvieron los trabajadores y fue el primer piquete donde ellos demostraron que si trabajan tienen que ser pagados”, sostuvo López ayer al recordar el Animanazo. Dijo que por eso es importante recuperar esa memoria histórica, que rescata “el trabajo digno”. “Eso es lo que queremos enseñar al trabajador de la nueva generación", sostuvo.
Las mismas injusticias
López insistió en que los trabajadores jóvenes deben tener presente el Animanazo, para saber que deben hacer respetar sus derechos. Sostuvo que ahora mismo, en la pandemia, las empresas violan los protocolos dados por las autoridades sanitarias. "Siempre fueron así, no solamente en esta época que estamos viviendo de emergencia sanitaria”, “siempre fueron así, ellos deciden, no hacen caso a la ley”, aseguró.
"Encima", esta "es la única empresa que no" permite que el Sindicato verifique las condiciones de trabajo, sostuvo López. Añadió que sus directivos afirmaban que estaban cumpliendo con todas las normativas de seguridad, pero "lamentablemente no fue así. Hay personas de riesgo, que tienen patologías severas" o son mayores de 60 años, "como ocho trabajadores", que están siendo obligados a trabajar, aseguró López. Agregó que la empresa "les hizo firmar una nota a esos trabajadores para enviarle al Sindicato diciendo que ellos piden trabajar en época de pandemia”, lo que para el secretario general, es el resultado de un "hostigamiento" de la patronal.
El viernes el SOEVA intimó por nota a la empresa “a dar cumplimiento con las disposiciones existentes a nivel nacional respecto al COVID 19, Decreto Nacional 297/20 y concordante con respecto a las personas de riesgo las que no deben concurrir a trabajar" y a que "brinde a los trabajadores medidas de protección necesarias para el cuidado de su salud”.
Ayer el Sindicato denunció ante la Secretaría de Trabajo de la provincia a la Bodega y Viñedos Domingo Hermanos por incumplimiento del protocolo. “Estamos a la espera de alguna audiencia”. “No puede ser así, si hay una ley, hay que respetarla”, sostuvo. Y adelantó que si no hay respuesta a su reclamo iniciarán una medida de fuerza.
Asimismo, contó que "todas las empresas ahora acudieron a tomar gente contratada”, que los encargados de cada sector les prometen que serán puestos en planta permanente, pero "es una trampa y un engaño” porque cuando terminan la tarea, como la poda, que se está realizando ahora, "ya les dan de baja”.
Los trabajadores vitivinícolas de Argentina están en medio de la negociación paritaria, reclaman un aumento de $10 mil para que el básico alcance los $30 mil.
