El exprocurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, y el exdirector de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, fueron procesados por administración fraudulenta en la causa que investiga las irregularidades en las concesiones de los peajes. Lo definió el juez Rodolfo Canicoba Corral, quien llamó también a declaración indagatoria para este viernes al ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich y para el lunes al ex ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. De esta manera, el expediente que lleva un año abierto en Comodoro Py tomo un fuerte impulso en los últimos días. 

La semana pasada los dos ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri se habían negado a declarar y recusaron al magistrado por presunta parcialidad. Este lunes, la recusación fue rechazada por el juez, los procesó sin prisión preventiva y les trabó un embargo de 500 millones de pesos. 

La causa que se inició a partir de una denuncia de los diputados Rodolfo Tahilade, Adrián Grana, Carlos Castagneto y Leopoldo Moreau investiga tres ejes fundamentales:

* La prórroga de las concesiones por diez años más sin llamar a una nueva licitación, como establece la ley.

* El pago a las empresas por parte del Estado de casi 500 millones de dólares por supuestas inversiones no amortizadas.

*La venta de las acciones que Mauricio Macri tenía en Ausol S.A. a una empresa sin experiencia en el rubro, llamada Natal Inversiones S.A. El entonces presidente se desprendió de los papeles a mediados de 2017. Las acciones fueron compradas por Natal un 400 por ciento más caras de lo que valían antes de la llegada de Macri a Casa Rosada y tras la sideral suba de tarifas autorizada por su gobierno.   

Según la investigación, cada uno de los imputados hicieron su "aporte" desde el espacio de gestión que ocupaban. El objetivo fue beneficiar a las empresas de peajes con la prórroga de las concesiones y el reconocimiento de la deuda que reclamaban y que queda plasmada en el nuevo contrato para que la pudiera cobrar en dólares.

El rol de Saravia Frías

El ex abogado histórico de la familia Macri Saravia Frías fue quien pasó a ocupar el cargo de Procurador del Tesoro, luego de la salida intempestiva de Carlos Balbín. Ni bien asumió, el cambio de estrategia del Estado tuvo un vuelco de 180 grados. Mientras Balbín había rechazado la demanda de Abertis en el CIADI, Saravia Frías realizó un dictamen en donde, si bien no hace el análisis técnico-económico del nuevo contrato, sí hace la evaluación jurídica y dice que el reclamo de las firmas es viable. Al mismo tiempo omite decir que el CIADI no tenía competencia, ya que no se habían agotado las instancias jurídicas y administrativas locales. 

Según su antecesor Balbín, quien declaró en la causa como testigo, la demandante no había cumplido con esos requisitos, por lo que la demando no correspondía. Según la investigación, Saravia Frías tuvo un doble compromiso de responsabilidad: Mientras que se involucró en el expediente sobre la viabilidad del acuerdo de renegociación, él sabía que la denuncia en el CIADI no correspondía por un tema de jurisdicción y porque el reclamo de supuestas inversiones no amortizadas estaba prescripto. Incluso había cálculos hechos por la propia Procuración que hablaban de pocas probabilidades por parte de las empresas de conseguir los mil cien milllones que exigían ante el CIADI. Y que, además, esos 499 millones de dólares fueron una cifra mucho má alta de lo que podrían haber obtenido si seguía el litigio en el tribunal internacional. Por eso es que la Justicia hoy considera que hubo perjuicio patrimonial al Estado. 

El rol de Iguacel

La renegociación integral de las concesiones de ambas autopistas se volcó en un expediente administrativo que tramitaba dentro de Vialidad Nacional, bajo la dirección de Javier Iguacel. El equipo de empleados que él incorporó y con el que se desplazó a los funcionarios de carrera del organismo fue el que participó de la supuestas negociaciones. En los papeles, Iguacel es quien formalizó el acuerdo y lo elevó al entonces Ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.

Como ministro de Transporte, Dietrich fue quien firmó el acuerdo que hoy está en la mira de lo Justicia. De la mano de Ricardo Stoddart, ex abogado de Autopistas Del Sol que con Macri pasó a ser jefe de Jurídicos de Vialidad, fue quien anunció como un gran logro la decisión de Abertis de levantar la demanda en el CIADI. La hipótesis es que los concesionarios, en connivencia con los funcionarios macristas, armaron esa denuncia que nunca prosperaría para justificar el cobro de los 500 millones de dólares. 

En paralelo, Macri, de la mano de los procesados Iguacel y Dietrich permitió aumentos siderales de las tarifas de peajes, lo que derivó en que Socma SA vendiera sus acciones a mediados de 2017 a precio récord. La acción trepó de 3 a 83 pesos, es decir, un 400 por ciento más. Quien se quedó con el siete por ciento vendido por el entonces Presidente fue una empresa llamada Natal SA, sin antecedentes en el rubro. Pagó 19,7 millones de dólares, cuando facturaba sólo unos dos millones de pesos anuales. La sospecha es que pudo haber sido una venta simulada. 

El rol de Nicolás Dujovne 

El rol de Nicolás Dujovne quedó en la mira de los investigadores porque no realizó el informe técnico-económico sobre la conveniencia o no de las prórrogas. En cambio, se contrató a un consultor externo para que evaluara si los nuevos pliegos de la Panamericana y el Acceso Oeste eran beneficiosos o no para el Estado, tarea que le correspondía al Ministerio de Hacienda. Formalmente se llama "informe de mérito de conveniencia" que, a pesar de que lo exige la ley, no se hizo.  

De esta manera, Dujovne evitó poner su firma para avalar los requisitos de los futuros contratos, tal como indica la normativa vigente. Es decir, se delegó a un privado la tarea de velar por los intereses del Estado, rol que debía haber ocupado en ese caso a la cartera que comandaba Dujovne. Por eso, entre las medidas de prueba ordenadas en su momento por Canicoba Corral,, fue el pedido de información a Vialidad para determinar por qué se contrató a un privado para ese trabajo y cuáles fueron los honorarios que recibió a cambio.

Como parte de la estrategia de defensa, Iguacel y Saravia Frías recusaron al juez Canicoba Corral por supuesta parcialidad. Según argumentaron, la carta de renuncia del juez --presentada el lunes pasado ante el Poder Ejecutivo-- muestra pérdida de objetividad. En el texto, Canicoba Corral dijo que fue perseguido durante el Gobierno de Mauricio Macri y que se jubila el próximo 29 de Julio, cuando cumpla los 75 años, porque siente "hastío" por las embestidas que asegura haber sufrido durante los últimos cuatro años. Los ahora procesados ex funcionarios alegan que el juez ya no puede ser parcial porque ellos formaron parte de la gestión a la que Canicoba acusó de amedrentarlo. El magistrado rechazó la recusación y ahora la Cámara Federal tiene 48 hs para resolverla. Interviene la Sala 2, cuyo titular es Martín Irurzun.