En Latinoamérica las personas privadas de la libertad sufren vulneración de sus derechos fundamentales, hacinamiento y situaciones de torturas. Estas violencias encuentran su legitimación en discursos que circulan por redes sociales y medios de comunicación con posiciones dominantes, y que emplean un lenguaje estigmatizante e invisibilizan los problemas estructurales.

En el marco de la pandemia, estos problemas pre existentes en Argentina se agudizan y desnudan la brutal situación de las prisiones. En concreto, el hacinamiento y la precaria atención médica resultan un escenario propicio para un alto riesgo de contagios de coronavirus. Este contexto de violencia institucional motivó protestas de personas detenidas, y mesas de negociación para llegar a acuerdos. Estos reclamos trascendieron los muros de las prisiones, se instalaron en el debate público, y se plasmaron en la calle, cuando el 30 de abril desde los balcones de sus casas, muchas personas en distintos puntos del país se expresaron en contra de una supuesta “liberación masiva de presos”. Durante los días que el tema formó parte de la agenda mediática, se desarrolló una hipermediatización de la situación, y se agitaron miedos y temores colectivos.

A partir de una serie de recomendaciones de la "Guía para el tratamiento mediático responsable de la violencia institucional" de la Defensoría del Público, analizamos los discursos que circularon entre el 24 de marzo y 4 de abril en Infobae y Clarín --sitios web con mayor cantidad de visitas-- y Página 12*, por tener un encuadre periodístico distinto. Durante ese período se publicaron 159 notas, de las cuales 87 fueron de Infobae, 53 de Clarín y 19 de Página 12.

El 9% de los artículos de Clarín mencionó las deficiencias sanitarias, seguido por el 11% de Infobae. En contraposición, el 42% de las notas de Página 12 dio cuenta de las carencias en salud. La sobrepoblación en las cárceles fue abordada en el 37% de las notas de Página 12 mientras que apareció solo en el 15% de los artículos de Infobae. A su vez pocos artículos de Infobae y Clarín dieron una perspectiva periodística vinculada a los derechos de las personas hacinadas en las cárceles, en cambio Página 12 estructuró las piezas informativas sobre ese eje. Ninguno de los medios difundió los canales de denuncia o asistencia para personas privadas de la libertad. https://public.flourish.studio/visualisation/3058183/

El reclamo en las cárceles comenzó a ganar presencia en la agenda mediática en los días previos al cacerolazo. Un día antes, el 29 de abril, el portal Infobae subió 16 notas sobre la temática y Clarín un total de 13, en tanto que Página 12 publicó solamente 2. https://public.flourish.studio/visualisation/3057756/

En las coberturas periodísticas de Clarín e Infobae prevaleció un lenguaje bélico y estigmatizante y se privilegió las imágenes de la protesta que tendían a asociar el reclamo a la violencia. Sólo 3 artículos de los 159 analizados acompañaron sus textos con imágenes de personas hacinadas. Este tipo de discursos asocia a las personas privadas de su libertad al imaginario de la monstruosidad construida sobre ellas, posiciona a la cárcel como el ámbito de seguridad y custodia, el cual debe ser abordado de un modo cuasi castrense. Esta postura es completamente antagónica con la posibilidad de entender a la cárcel como un espacio de re-socialización, enfoque respaldado por la Constitución Nacional y abundante normativa nacional e internacional.

Las fuentes de información que prevalecieron fueron del Poder Judicial, seguidas de organismos específicos del Estado. Sólo en una de cada diez notas se encontró la mirada de los organismos de derechos humanos, que desde años militan en silencio demandas legítimas y conocen muy bien las realidades carcelarias y de las personas detenidas.

Recordemos que el único que puede violar Derechos Humanos es el Estado, porque es quien contrae la obligación de respetar y hacer cumplir los derechos elementales. Lamentablemente, la violencia institucional y la deplorable situación carcelaria continúa en nuestra región y las personas detenidas son prisioneras de un discurso mediático que las estigmatiza y de un silencio sostenido que invisibiliza sus derechos.

* El monitoreo fue realizado con 159 notas periodísticas publicadas entre el 24/4 y el 4/5/2020. Las variables analizadas surgen de la “Guía para el tratamiento mediático responsable de la violencia institucional de la Defensoría del Público”. Para consultar la base de datos: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZVOdjBPqdRnGeUuVgiaU7O_08mQ-wBbtOudeqMw98ng/edit?usp=sharing