"Si todos los actores no están involucrados, esto incluye tanto a los productores con asiento en Entre Ríos, como a la Justicia cuyo rol es el de sancionar a quienes realizan fuegos no regulados que provienen del corrimiento de la frontera agropecuaria, no va a ser posible la solución", señaló ayer el secretario de Articulación Federal de la Seguridad, Gabriel Fuks, responsable del área que depende el Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Para el funcionario, la respuesta para combatir los incendios en la zona de islas "genera y seguirá generando gastos millonarios de parte del Estado, con capacidades escasas si no se trabaja en una política de prevención, y una política firme en sancionar a los responsables". Fuks aseguró que mantendrán "fuertemente el esfuerzo, por lo menos hasta que se termine agosto, que es el ciclo del cual se produce esto, pero hay que trabajar en las políticas estratégicas". El miércoles 29 habrá un nuevo encuentro, vía zoom, entre representantes del gobierno nacional, los gobiernos de Santa Fe y Entre Ríos y de la intendencia.
Más de 50 brigadistas forestales de Santa Fe, Entre Ríos y Nación, junto a Bomberos Voluntarios, continuaban ayer trabajando para sofocar los incendios de la zona, que se despliegan especialmente en la traza Rosario-Victoria en el km 42. Según informaron desde el Ministerio de Seguridad nacional, hasta el momento se controlaron focos frente a Villa Constitución, Pueblo Esther y Rosario, así como en islas de la zona. Además, las brigadas trabajaron intensamente para proteger cuatro viviendas cercanas a los incendios, lograron sofocar el fuego y poner a salvo a las familias.
"El esfuerzo que estamos haciendo desde el Estado Federal y las provincias es enorme, y es nuestra obligación. Pero esta agenda de respuesta no termina nunca de resolver el problema si no hay una respuesta político-judicial y de prevención y reducción de riesgos urgente. Hay normas, lo que hay que hacer es aplicarlas. La justicia ha imputado a propietarios de terrenos que serán indagadas, hay una cantidad de cosas que están pasando, pero el año que viene esto no tiene que volver a pasar", planteó Fuks a Rosario/12. "Vamos a mantener fuertemente el esfuerzo este año, y debo decir que al menos desde el pasado más reciente no hemos encontrado muchos planes de trabajo sobre la zona", amplió.
Para combatir los incendios, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego desplegó cinco aviones, cuatro hidrantes y uno observador, mientras que la Policía Federal Argentina sumó un helicóptero con helibalde, que permite también el traslado de personal. La PFA colaboró con personal de la Brigada Forestal y la Prefectura Naval estuvo presente con personal especializado. Además, el Ministerio de Defensa movilizó brigadistas y sumó dos buques.
Fuks subrayó que "toda esta batería de recursos del Estado es millonaria". Y agregó: "La única solución es político-judicial porque hablar en segundos planos de que hay un corrimiento de la frontera agropecuaria, puede ser que algunos de los incendios no hayan sido intencionales, pero queda claro que si los incendios no intencionales estuvieran claramente delimitados de los intencionales sería más fácil la respuesta del Estado".
"Normalmente la fecha de incendios de los pastizales es después de junio, y nosotros estamos desde febrero trabajando con estos temas. Aquí hace falta una solución política interjurisdiccional sólida", agregó.
Fuks adelantó que el 29 habrá un nuevo cónclave, esta vez de manera virtual. Según el funcionario, la vigilancia es un aspecto a tener en cuenta, pero también "hay que hablar del ordenamiento territorial; es decir, qué pasa con esos humedales, quién tiene la obligación de cuidarlos. El Ministerio de Ambiente de Nación está elaborando una respuesta para poder generar instancias legales de protección".
En relación a las indagatorias a los siete propietarios de terrenos imputados por la justicia de Entre Ríos, el secretario de Gobierno municipal, Gustavo Zignago, consideró que tienen que haber "más responsables".
En declaraciones a Radio 2, el funcionario reclamó que Entre Ríos ponga a disposición la información catastral para ubicar a los propietarios de los campos donde se queman pastizales.
José Vincenti, uno de los propietarios imputados, se despegó ayer de las acusaciones. "Participé en la compra junto a otro colega neurocirujano. Nos decían que iba a ser negocio con la soja y la cría de animales. Pero hace años que no piso, salvo para comer un asado. Ahora me encuentro en un problema muy serio", apuntó.
