Mientras Alberto Fernández anunciaba que esta semana se presentará en sociedad la esperada propuesta para una reforma judicial , la oposición política –con apoyo de algunos medios— salió a cambiar el eje y acusar al Gobierno de pretender sacar jueces de algunos tribunales estratégicos. Esto es porque el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Gerónimo Ustarroz, hizo una presentación que pide revisar el sistema de “traslados” por el cual jueces y juezas fueron nombrados durante el gobierno de Mauricio Macri sin acuerdo del Senado en cargos con otras competencias y/o en otras jurisdicciones para los cuales no concursaron. Hasta la Corte Suprema cuestionó ese mecanismo en marzo de 2018, después de invalidar la conformación de un tribunal oral con el que el macrismo pretendía juzgar a Cristina Fernández de Kirchner. El planteo de Ustarroz pretende revisar 38 designaciones aunque las más problemáticas son diez. El pedido es que deben pasar por la Cámara alta. Las posiciones en el organismo que elige y sanciona jueces, que debe expedirse, están peleadas.

“Siempre dije que había traslados irregulares de jueces y que es necesario un nuevo sistema; que pasen por el acuerdo del Senado si no cumplen los requisitos (que sea el mismo cargo, jurisdicción, competencia y contar con 4 años de antigüedad)”, le dijo Alberto Lugones, camarista de San Martín y presidente del Consejo de la Magistratura a Página/12. “El traslado no es la manera correcta de designar jueces y hay muchos que entraron por la ventana sin cumplir el acto complejo al que obliga la Constitución para tener estabilidad en el cargo. No es que se quiere desplazar a jueces independientes, acá hay un vicio de origen. Hay que preguntarse, en todo caso, por qué el Gobierno anterior no les pidió el acuerdo”, sostuvo. 

Diego Molea, representante académico en el Consejo, señaló en Radio10: “Siendo un representante del mundo académico me encuentro azorado por ver cómo se distorsionan algunas noticias. Es increíble que el que intenta corregir una irregularidad hoy es el que tiene que dar explicaciones”. Molea explicó que ante el posible traslado de un juez se debe elevar el pedido al Poder Ejecutivo y que éste lo envíe al Senado para un nuevo acuerdo. A eso apunta el planteo de Ustarroz. “Estamos trabajando en buscar la manera de poner luz sobre lo que se ha hecho y cumplimentar el acto complejo de las designaciones de jueces. Hay que volver a la Constitución y su artículo 99 (…) me encuentro azorado cuando dicen que atentamos contra la autonomía del Poder Judicial”, enfatizó.

Uno de los que abonó la teoría de que “se quiere remover a jueces independientes que no se someten al kirchnerismo” fue el diputado y consejero Pablo Tonelli, quien agregó que es “un movimiento para buscar impunidad”. Quien probablemente defina una votación final sobre el tema sea la diputada Graciela Camaño que, además, es la titular de la comisión de Selección donde el tema sería debatido el jueves. El Consejo tiene trece integrantes, y es frecuente que queden los votos seis a seis, y que uno defina. Camaño dijo este lunes que el relevamiento que presentó Ustarroz no fue una iniciativa del oficialismo sino que tuvo respaldo de todos los consejeros. “Ahora trataremos de ponernos de acuerdo”, esquivó definiciones. “La Justicia no puede estar hecha a medida del gobierno de turno. Los jueces que se prestan saben que es así”, dijo.

La propuesta de Ustarroz hace un repaso sobre los nombramientos que se hicieron por el mecanismo de traslado, que son designaciones a dedo, e identifica diez casos donde evalúa que no se cumplieron los requisitos reglamentarios en absoluto, que coinciden con el período de gobierno de Macri. De hecho, el macrismo diseñó toda una estrategia con distintas modalidades para lograr llevar jueces o juezas que ocupaban un determinado cargo a otro donde suponían que serían más funcionales. Primero consiguió los votos a fines de 2016 para una ley que convertía tribunales orales ordinarios (que juzgan delitos comunes) en tribunales orales federales (que juzgan a funcionarios, narcotráfico, trata, casos de lesa humanidad) con mayoría simple del Consejo. Así fue que intentó crear tribunales para juzgar a Cristina Kirchner y otros ex funcionarios de su gobierno. Luego sumó otras variantes en la práctica, que fueron avalando consejeros del entonces oficialismo, a pesar de que la Corte puso un freno y estableció que los traslados deben pasar sí o sí por el Senado.

La lista de Ustarroz incluye a Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, que integraban el Tribunal Oral Federal 4, y ahora son parte de la Cámara Federal de Comodoro Py, de alta incidencia en esos tribunales. El primero fue trasladado justo después de condenar a Amado Boudou. Eduardo Farah, que formaba parte de esa Cámara, se pasó de allí a un tribunal en lo penal económico y luego a un tribunal criminal federal de San Martín. Fue después de la decisión que tomó junto con Jorge Ballestero de excarcelar a los empresarios del Grupo Indalo Cristobal López y Fabián De Sousa, tras lo cual el propio Macri les había recriminado: “no era lo acordado”. Ballestero directamente renunció. En la nómina figura también Germán Castelli, que estaba en un tribunal de San Martín y ahora en el tribunal oral 7 de Comodoro Py, que tiene –por ejemplo-- la causa de los cuadernos. Otro nombre conocido es el de Federico Villena, que había concursado, fue nombrado para un juzgado en Moreno y luego trasladado a Lomas de Zamora, juzgado que tiene intervención en el aeropuerto de Ezeiza y amplia actividad sobre narcotráfico. A Zunilda Niremperger, jueza federal de Resistencia, se le cuestiona haber obtenido competencia electoral sin concursar para eso, lo mismo que Esteban Hansen en Jujuy y María Skanata en Misiones. Juan Manuel Iglesias fue trasladado de un tribunal oral en Concepción del Uruguay (Entre Ríos), no habilitado, a otro en Resistencia (Chaco).

Si prospera lo que propone Ustarroz, que integra la comisión de Selección, los nombramientos por traslado de todos esos jueces y juezas deberían ir desde el Consejo al Poder Ejecutivo y de allí al Senado, a la espera de acuerdo. Quien no lo obtenga debería volver a su puesto anterior, aunque lo que estará en discusión es si los jueces de tribunales orales pueden seguir a cargo de los casos en los que ya hayan tomado decisiones jurisdiccionales.