Un sector de los docentes autoconvocados de Capital se reunió en una asamblea virtual el sábado 18. Allí dispusieron que no iniciarán las clases ni la toma de exámenes mientras no estén garantizadas las condiciones de higiene y seguridad para toda la comunidad educativa. Afirman que el Gobierno de Salta se desligó de esta responsabilidad y la trasladó hacia los directivos y docentes.
“Nos venimos reuniendo hace como un mes en diversos encuentros que resultaron nutridos y que demuestran que estamos preocupados” por la enseñanza en Salta, dijo a el delegado por Capital, Ignacio Boasso. Recordó que suspendieron las medidas de fuerza de marzo para mantener el cuidado de la comunidad educativa, pero “las cosas están exactamente igual desde el día que suspendimos los reclamos”.
En el momento en que se declaró la cuarentena obligatoria en Salta, los docentes venían con dos semanas de paro a cuestas pidiendo por las garantías laborales.
En la asamblea que se desarrolló el sábado 18, se aprobó una una serie de mociones, entre las cuales se encuentra, “rechazar la vuelta a clases, incluyendo las instancias de exámenes presenciales, hasta tanto no se garanticen las condiciones sanitarias”.
Según los docentes, “el Estado no ha invertido en áreas súper sensibles como es contratar el personal de maestranza o como atender a la refacción de los baños” de algunos establecimientos educativos, contó Boasso a Salta/12. Por ello, uno de los pedidos es que se amplíe la cantidad de ordenanzas a una por cada 50 alumnos.
En los puntos aprobados, también rechazaron las resoluciones ministeriales 140 y 145 por considerarlas “inconsultas y por no garantizar las condiciones sanitarias requeridas para el retorno”. En esas resoluciones se deja constancia del protocolo que se deberá seguir en la toma de exámenes de terminalidad de carrera, cuyo cronograma avanza desde el 27 de julio con la inscripción de los estudiantes e implica el regreso de los trabajadores administrativos y de maestranza.
Boasso hizo referencia a la resolución 140 que decía que los miembros de la comunidad educativa debían presentar una declaración jurada en la que se asentaran que el personal educativo no tenía síntomas de la Covid-19. Tras el rechazo de los autoconvocados y los gremios, salió la resolución 145, que dejó sin efecto el pedido de declaración.
Era “inconcebible que sea yo mismo el que me tenga que diagnosticar”, dijo Boasso en referencia a la declaración jurada. “Después retroceden y esbozan una reglamentación para exámenes virtuales, pero el esbozo sigue siendo el mismo y no se garantizan ni las mínimas condiciones”, criticó.
Argumentó su postura por el cuestionado artículo 3 de la resolución 145, que indica que “no deberán retornar a las actividades las unidades educativas donde no pueda garantizarse el cumplimiento de los protocolos aprobados” por la 140 “ni aquellas que se encuentran en zona de riesgo” por coronavirus. Boasso dijo que “nada está garantizado y están trasladando todo el tiempo la responsabilidad a los docentes” para que sean quienes digan si la institución está en condiciones o no.
“Ellos tienen que garantizar sí o sí a todas las instituciones”, afirmó. Sostuvo que, de no ser así, “se va a afectar a los colegios más carenciados y que son los que más están sufriendo las desigualdades”.
Dijo que, si un directivo decide no abrir porque no están dadas las condiciones de bioseguridad, los alumnos que tienen que rendir exámenes no lo podrán hacer, y lo mismo pasaría con el regreso a clases. Sin embargo, en el artículo 5 de la resolución 145 quedó expresado que “el Ministerio se compromete a brindar los recursos a las unidades educativas de gestión estatal para el cumplimiento de los protocolos”.
Al pedido de elementos de higiene y seguridad, el docente agregó el llamado a suplencias tanto para las ordenanzas como para los administrativos y docentes que son parte del grupo de riesgo y que no podrán tomar exámenes en esta primera instancia.
Explicó que el Ministerio tiene que garantizar los reemplazos, pues varios docentes padecen enfermedades como dificultades cardíacas, problemas endócrinos, de tiroides, entre otras. Además, dijo que muchos de ellos “son los que tienen mayor carga horaria por los años de antigüedad”.
Agregó que un porcentaje del personal administrativo son docentes que “por cuestiones de salud pasan a ser administrativos”. "Es el Estado es el que tiene que garantizar las condiciones y si no lo puede hacer no volvemos nada”, reiteró.
Que se regule el teletrabajo
El delegado dijo que desde que se empleó la enseñanza virtual, “la mitad de la comunidad educativa no tiene pc, o no tiene conectividad, o no tiene los conocimientos”. Según el docente, todo esto ocurre “dentro de un contexto donde nuestros alumnos no tienen para comer” y "lo mismo pasa con los docentes que no fueron designados a término y que desde hace meses no tiene fuentes de ingreso”.
Aseguró que, de seguir así la situación, existirá una “pérdida de tiempo”, porque no se posibilitó que los docentes puedan capacitarse en el dictado virtual. “Fuimos formados para la enseñanza presencial y ya lo dijo el propio ministro nacional (Nicolás) Trotta: estamos sobre explotados”, manifestó. Por eso también solicitaron que se regule el teletrabajo.
Si la modalidad virtual continúa en las actuales condiciones, además de la explotación laboral, Boasso dijo que seguirá el aumento de la brecha digital. “El pibe que no tiene un peso durante este tiempo quedó fuera del sistema. Y ahora estamos diciendo de volver, es obvio que queremos volver, pero queremos condiciones seguras que garanticen equidad para todos”, sostuvo.
“Necesitamos que se garanticen todas las condiciones sanitarias y el mismo acceso a nuestros alumnos, pero hasta el momento no hay nada que nos diga que las cosas van a ser diferentes”, lamentó.
Entre las mociones aprobadas también se reclamó que “el gobierno garantice la provisión de los elementos tecnológicos necesarios” y que todos los miembros de la comunidad educativa reciban “capacitaciones en servicio, para garantizar una continuidad pedagógica eficaz e inclusiva”.
