El abogado penalista Adolfo Mariano Sánchez planteó preocupación ante la falta de cumplimiento de protocolos sanitarios en la Alcaidía de varones y presentó un escrito ante el Colegio de Abogados de Salta describiendo la situación observada. 

También el defensor general de la provincia, Pedro García Castiella, indicó que un recurso de habeas corpus se encuentra en curso y que la jueza Virginia Solórzano dispuso medidas sanitarias que se deben seguir. Por su parte, el abogado de la Asociación de Pensamiento Penal, Martín Plaza, señaló que el hacinamiento de la población carcelaria representa un riesgo de contagio masivo. La Corte de Justicia de Salta dejó firme un fallo que niega la prisión domiciliaria a internas de la Unidad Carcelia de Mujeres 4 que había sido presentado también por la Defensoría General.

Sánchez planteó a Salta/12 que sus defendidos alojados en la Alcaidía le informaron que todos los detenidos se encuentran sin barbijo, que en la institución los obligan a dejar los barbijos con los que llegan de la calle y que no les permiten usarlos. "Hice una presentación formal en el Colegio de Abogados. Si el mismo presidente Alberto Fernández está pidiendo el uso de barbijo ¿cómo puede ser que en la Alcaidía no permitan el uso? Sigue entrando gente detenida. Ya eso es de gravedad absoluta, si el virus entra ahí puede hacer desastre", sostuvo el letrado. Explicó que el Colegio puede realizar actuaciones con más peso que solo un abogado ante la Procuración de la Provincia o ante la Corte de Justicia de Salta. Consideró que se debe pedir una visita al interior de la Alcaidía con los organismos de derechos humanos "para ver lo que está ocurriendo".

El abogado indicó que en el ingreso hay una cabina por la que tienen que pasar todos. Dijo que supuestamente tiene un desinfectante, pero que aunque pidió información de qué producto es el que utilizan no obtuvo respuestas.

"En la Alcaidía no hay teléfono para que familiares o abogados puedan comunicarse. Hay una prohibición de visitas por 10 días, salvo que se prorrogue. No sabemos qué puede llegar a pasar. Los abogados tenemos que ir personalmente. Además, muchos de los teléfonos que están entre el vidrio para hablar con los detenidos se encuentran con los cables pelados y sin funcionamiento", señaló Sánchez.

El letrado contó que no hay condiciones de higiene en la requisa para ingresar mercadería o ropa para los detenidos. "Tuve que hacer pasar mercadería, pan, un buzo y una campera. (Los guardiacárceles) manoseaban el pan, se tienen que asegurar que no haya nada más (que esté prohibido) pero se está vulnerando todo. Si bien tenían guantes, habían tocado otras cosas y era un horror como le metían la mano al pan", detalló.

El abogado indicó que los detenidos pasan frío. También le han manifestado que el baño tiene mal olor y no está limpio. "Las condiciones de bioseguridad no se están respetando. Por fuera se ve que pasan agua, limpian con un trapo el piso pero habría que entrar y basta escuchar a los internos para imaginarse lo que es eso", expresó Sánchez.

Para el abogado, en la Alcaidía se está violando el derecho a la salud y las condiciones de detención. Añadió que los detenidos allí son procesados y no condenados. "Son seres humanos, en nuestra legislación no existe la pena de muerte", recordó y dijo que la sociedad debe comprometerse en vez de mirar para el costado.

Sánchez consideró que hay detenidos por delitos no violentos que podrían tener la prisión domiciliaria. En el caso de femicidas y homicidas, violentadores de mujeres y abusadores sexuales consideró que solo ante casos de gravedad y riesgo inminente se les debería otorgar una domiciliaria pero con los recaudos de ubicarlos "en un lugar muy alejado de la víctima o familiares. "En casos de seres que han cometido delitos muy violentos hay que analizar cada situación en particular", detalló.

En cambio, consideró que los que no merecen la prisión domiciliaria porque pueden resultar peligrosos son los genocidas. "En el caso de que se les pudiera agravar la salud, de que les pasara algo o se contagiaran me parece que deben ser derivados a un hospital hasta que progresen", aseveró.

Recurso de amparo 

El defensor general Pedro García Castiella sostuvo ante Salta/12 que está en curso el recurso de amparo que presentó por los detenidos en grupos de riesgo de la Alcaidía.  Indicó que la jueza Solórzano ha dispuesto que se implementen medidas de aislamiento en el Centro de Contraventores para evitar que los ingresantes nuevos pasen y puedan contagiar al resto. García Castiella planteó que la Alcaidía tiene el agravante del ingreso y egreso permanente de detenidos. Sostuvo que se requiere un mecanismo de control de las medidas dispuestas e indicó que están trabajando con la Dirección de Coordinación Epidemiológica al igual que en la cárcel de Villa Las Rosas. 

Plaza, por su parte, sostuvo que la superpoblación carcelaria hace imposible aplicar las medidas de distanciamiento. Dijo que en la Alcaidía hay 800 personas donde debería haber 300 y que en el penal de Villa Las Rosas hay 1500 cuando debería haber 1000.

"Una vez que entre la circulación comunitaria son focos de infección latente. Es un peligro no solo para la población carcelaria sino para la sociedad en su conjunto. También hay trabajadores penitenciarios, no hay constancia de que les estén brindando las condiciones de seguridad sanitaria. La situación de las cárceles es alarmante", manifestó Plaza.

Indicó que en cada celda de la Alcaidía hay 18 o 25 personas y que sin los elementos de higiene la situación se agrava. 

Respecto al penal de Villa Las Rosas, sostuvo que tampoco se cumplen las medidas de higiene o de uso de barbijo. "No se está cumpliendo el protocolo sanitario, y no se hizo nada. No se pide liberación masiva, se podrían habilitar otros establecimientos", afirmó Plaza. También dijo que al prohibir las visitas no se está cuidando la salud mental de las personas detenidas

Un amparo presentado por García Castiella para que se les diera domiciliaria a las internas de la Unidad Carcelaria 4 fue rechazado por la Corte de Justicia de Salta, que negó una apelación presentada por el defensor general.

Sánchez añadió que le fue un rechazado un pedido por la prisión domiciliaria de una mujer de 61 años alojada la Unidad Carcelaria 4 y que entra en los grupos de riesgo, por lo que presentó un recurso en queja en la Corte de Justicia de Salta que aún no resolvió. El letrado sostuvo que irá hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos si es preciso ya que la mujer está con prisión preventiva y recién en septiembre debe enfrentar un juicio por tenencia de estupefacientes. Detalló que observó que algunas internas tenían barbijos y otras no. "No he visto que tomen la fiebre porque no tienen el aparato. A los abogados nos ponen alcohol en las manos pero las internas no me han comentado que les pongan a ellas", manifestó.