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A menos que todo Washington sea K, habrá que descartar las conspiraciones. El secretario general de la OEA Luis Almagro repite en los últimos días una frase: “Aunque Milagro Sala termine siendo declarada culpable por algún delito, igual su detención actual es un desastre. Y si encima llegase a ser declarada inocente, mucho peor”. La frase fue transmitida a PáginaI12 por varios interlocutores de Almagro consultados por este diario.
El jefe de la Organización de los Estados Americanos ya había dicho en diciembre último a La Nación que “el sistema político no puede declarar a Milagro Sala culpable”, porque eso sería “improcedente” y generaría “situaciones no deseadas para el Estado de Derecho”. Afirmó que “por la trayectoria de la Argentina en el tema, confío en que se actuará en base a los principios fundamentales del derecho y los derechos humanos”.
El secretario de la OEA se sumó a los pronunciamientos de Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU.
Almagro fue canciller del presidente uruguayo José Pepe Mujica. Aunque no estuvo al frente de las negociaciones durante el momento de mayor tensión, con los presidentes Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez, chocó varias veces con funcionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner por las pasteras. “Con la Argentina se pudrió todo”, llegó a decir en 2014 tras un conflicto por el permiso uruguayo para que Botnia ampliase la producción.
De estilo directo, el secretario de la OEA tiene fricciones permanentes con el presidente venezolano Nicolás Maduro, que lo llama “Almugre”. Almagro viene exigiendo la liberación del opositor Leopoldo López. Los críticos de Maduro sostienen que es un político encarcelado. El gobierno venezolano sostiene que está en prisión por delitos que terminaron en homicidios.
El temor de Almagro con el caso de Milagro Sala es que pueda replicarse en otros sitios del continente. Aunque la popularidad creciente de Lula disipe temores (si las elecciones fueran hoy, ganaría en segunda vuelta) en Brasil todavía no está descartada su detención ilegal. Almagro declaró antes del golpe contra Dilma Rousseff que no había “ningún fundamento para abrir un juicio político contra la Presidenta” y que su mandato debía ser respetado.
Entre los últimos visitantes argentinos de Almagro figuran el juez de Casación Penal Alejandro Slokar, el titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad Jorge Auat y el ex subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes Pablo Vassel.
Este diario pudo saber que la conversación duró dos horas y que Almagro se mostró preocupado por el fallo de la Corte Suprema del 15 de febrero que dio marcha atrás en la obligación argentina de aceptar los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte argentina se pronunció en una causa iniciada por Carlos Menem contra el editor Jorge Fontevecchia.
Los tres juristas también estuvieron con Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las visitas se dieron en el marco de la asistencia a un seminario en la American University con Robert K. Goldman, que como miembro de la CIDH entre 1996 y 2004 se encargó de la Argentina. Igual que Almagro y Abrao, Goldman no pertenece al Frente para la Victoria ni revista en el Instituto Patria de Cristina Fernández de Kirchner, Oscar Parrilli y Jorge Ferraresi. Es un jurista prestigioso que se destacó en los Estados Unidos cuando, después del ataque a las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001, subrayó que el combate al terrorismo debía y podía realizarse dentro del Estado de Derecho.
Goldman dijo haber tenido experiencias positivas en el tratamiento de los casos de violaciones a los derechos humanos que llegaron a Washington durante los gobiernos de Carlos Menem, Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner. Lo contrario ocurrió en tiempos de Fernando de la Rúa. Los ministros de Justicia fueron Jorge de la Rúa, hermano del entonces Presidente, y Ricardo Gil Lavedra, que hoy es uno de los sostenes del gobernador de Jujuy Gerardo Morales.
Según Goldman la práctica de detener ilegalmente referentes políticos de partidos opositores es peligrosa en sí misma y por un efecto general: debilita los mecanismos de representación política, que son un factor de estabilización de los países.
Con sus matices, Almagro, Abrao y Goldman se mostraron preocupados por un retroceso de la Argentina en sus relaciones con el sistema interamericano de derechos humanos que funciona dentro del paraguas del Pacto de San José de Costa Rica. Dijeron que ese retroceso se haría aún más patente si el gobierno argentino se mostrase muy activo con la candidatura ya presentada del mendocino Carlos Horacio de Casas a un puesto de comisionado en la CIDH. “Su única actividad en el sistema interamericano ha sido la defensa de tres directivos de una compañía uruguaya acusada por delitos financieros”, criticaron en febrero la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, la Asociación por los Derechos Civiles y Poder Ciudadano.
En la parte de Washington que se ocupa del sistema interamericano la atención está puesta en un artículo del Pacto de San José, el 34, que requiere para ser uno de los siete miembros de la CIDH “ser personas de alta autoridad moral y reconocida versación en materia de derechos humanos”.
Uno de los interlocutores argentinos que pidió reserva de identidad repitió esta expresión escuchada en Washington: “No aceptar la imperatividad de las disposiciones del sistema internacional derechos humanos es una suerte de estado de excepción, muy peligroso sobre todo para la protección de grupos, colectividades y sectores vulnerables, las personas afectadas por la pobreza y las colectividades que sufrieron discriminación histórica como las mujeres y los pueblos originarios”.
La CIDH sesionará entre el 22 y el 26 de mayo en la Argentina. Todavía tiene bajo estudio una medida cautelar de protección de Milagro Sala pedida por el Centro de Estudios Legales y Sociales. La Comisión ya hizo suyo el dictamen del Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas en el sentido de que la detención de Sala el 16 de enero de 2016 fue “arbitraria” y “violatoria” del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La Corte Suprema todavía debe fallar sobre dos recursos extraordinarios para obtener la nulidad de la detención presentados por la dirigente social jujeña.
